La semana pasada se aprobó la reforma del impuesto a las ganancias en Argentina. Luego de una larga batalla entre oficialismo y oposición, el gobierno de Mauricio Macri pudo llegar a un acuerdo y cerrar el año con mayor tranquilidad. El hecho de que las negociaciones se hayan podido llevar a cabo por medio del diálogo es desde ya una buena noticia de por sí. Significa que los pilares de la República comienzan a funcionar nuevamente luego de 12 años de atentar contra las bases más esenciales del Estado de Derecho.
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Con la reforma se aumentan los mínimos no imponibles con el objetivo de alivianar la carga a los trabajadores. Es positivo que se les aliviane la carga impositiva a los ciudadanos. Sin embargo, lejos se encuentra Argentina de afrontar el verdadero problema de fondo: El excesivo gasto público. De esta manera la agenda en los medios estuvo invadida en debatir cuál es el punto óptimo de la recaudación tributaria.
Es necesario recordar que, en Argentina, la presión tributaria se encuentra en niveles récord comparado con la región. Con lo cual es necesario apuntar a reducirla. No obstante, también es récord el gasto público en proporción al PIB a nivel regional. Dado que el país acumula años con déficit fiscal y estancamiento, se precisa una reducción de ambas variables para poder lograr un crecimiento sostenido en el tiempo. De lo contrario, Argentina continuará creciendo y cayendo mostrando una tendencia de estancamiento como se viene observando hasta ahora. Por esta razón no alcanza con bajar sólo la presión tributaria, sino que además es necesario reducir el gasto público.
¿Por qué es necesario bajar la presión tributaria? Para que un país crezca sostenidamente es importante que haya inversiones privadas que generen puestos de trabajo. Sin embargo, altas cargas impositivas espantan inversiones en lugar de atraerlas. El mismo gobierno ya tiene la prueba delante de sus ojos observando el caso del sector agropecuario. Se le han quitado muchas retenciones al sector agrícola y por ahora es el único que ha repuntado y dará sus frutos el año entrante. No es casualidad que el primer sector en repuntar su actividad haya sido el mismo al que se le eliminaron varias retenciones. El oficialismo puede generar inversiones si aplica esta receta en otras industrias. Pero claro, esto se hace difícil si paralelamente no se reduce el gasto público.
Por el otro lado el gasto público es la génesis de todos los males económicos y por eso debe reducirse. Producto del elevado gasto público es que Argentina posee un alarmante déficit fiscal. El problema es que cuando el déficit fiscal es sostenido en el tiempo como sucede en Argentina, comienza a afectar negativamente variables de la economía: ahuyenta inversiones, impacta negativamente en el empleo, incrementa la deuda para financiar el déficit, promueve la fuga de capitales en lugar de la entrada de los mismos, fomenta la emisión monetaria con su consecuente inflación, atenta contra el riesgo país y la lista puede seguir.
Como si esto fuera poco, no sólo el gasto público es el más elevado de la región, sino que además sus servicios dejan mucho que desear. La inseguridad es uno de los problemas que más preocupa a la gente. La educación no da buenos resultados y el nivel de deserción es elevado, muchos hospitales públicos se encuentran en pésimas condiciones y viajar en el transporte público puede llegar a ser una total aventura.
El problema de fondo es el gasto público y no debe esquivarse debatir sobre él. De no comenzar a ver como disminuir el gasto público, el impacto de una reforma a las ganancias se verá atenuado. Los países de la región que salieron del déficit fiscal lo hicieron tanto bajando la presión tributaria como el gasto público. Claro está, además, que debe continuarse por el camino de reducir la presión tributaria. El sólo hecho de que exista el impuesto al cheque nos brinda la pauta del exceso en el que nos encontramos.
Por último, y no menos importante, el camino del diálogo es el correcto. Pero también se necesita una oposición más razonable que no plantee volver a poner impuestos que ya se han quitado como el caso de las retenciones a la minería. Estar discutiendo volver a poner un impuesto que se eliminó no hace más que atentar contra las reglas de juego, lo que a su vez tampoco da buenas señales a las inversiones. En este sentido, la oposición debe dialogar y negociar, pero sin atentar contra la generación de reglas de juego claras. De lo contrario, no hacen más que imponer dudas a los posibles inversores. No sea que por cuestiones políticas se ahuyenten inversiones que pueden brindar trabajo a los ciudadanos.