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Después de años de intervencionismo populista, la hora de la verdad llegó para la economía Argentina. De acuerdo a las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), este año la economía caerá 1,8 %, mientras que la inflación se ubicará en torno al 40 %.
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En el mercado de trabajo el efecto también se está sintiendo. Si se miran los números del sector formal de la economía, el salario promedio en julio (en términos reales) fue 10,5 % más bajo que en julio del año pasado.
Como se observa, quienes gobernaban “para los trabajadores”, pusieron en práctica un sistema que, a la larga, terminó por perjudicarlos.
Ahora frente al fracaso del intervencionismo, los sindicatos y un amplio sector de la política piensan que la solución pasa por imponer mayores dosis de intervencionismo.
Para compensar la pérdida del poder de compra del salario, las agrupaciones gremiales en Argentina instalaron la idea de que el gobierno debe lanzar un “bono” de fin de año. Este bono no debería ser aplicado solamente al sector público sino también al sector privado, y el piso del mismo debería ser establecido en AR$ 2.000, o USD$S 130 al tipo de cambio oficial.
Esta propuesta, que en el gobierno todavía no han rechazado de plano, tiene algunos problemas que es necesario destacar.
En primer lugar que la función de los bonos de fin de año es la de premiar a los empleados por su rendimiento. En las empresas privadas, dicha compensación extra suele estar ligada a evaluaciones de desempeño y funcionan como un elemento motivador.
Lo que se busca con el bono es aumentar la productividad de los trabajadores y, al mismo tiempo, su recompensa por ello. Otorgar un bono por la mera presión sindical equivale a destruir el sistema de incentivos, ya que la compensación no dependerá del mérito, sino de cuestiones políticas ajenas a la productividad de cada uno.
El segundo problema es que si el gobierno quisiera otorgar una compensación para los trabajadores del sector público (y privado) lo haría a costa de sus finanzas públicas. Y con un déficit fiscal que ya es 50 % superior al de los primeros ocho meses del año pasado, esta no parece la opción más sensata, sino todo lo contrario.
Algunos sugieren que el gobierno podría dar este aumento a algunos sectores que ya reciben asistencia pública, mientras que podría persuadir a los empresarios privados para que sean ellos quienes otorguen este nuevo beneficio. Pero el problema aquí es que, en un año recesivo, el sector privado se vería obligado a incurrir en mayores costos, profundizando aún más la recesión.
Por último, es de extrema importancia resaltar que los salarios no aumentan por decreto. Ni por leyes del congreso, ni por los deseos de los sindicalistas. Obviamente todos querríamos que los salarios reales crezcan de manera permanente, y que todo aquél que lo merezca reciba el bono más alto posible a fin de año. Sin embargo, esto no es algo que pueda lograr el gobierno por mera voluntad.
Por el contrario, es algo que debe surgir del sector privado, pero que solo lo hará cuando crezca la inversión y haya más cantidad de empresas queriendo producir en Argentina.
Si esto comenzara a suceder (y bajar la inflación es un punto fundamental para que así sea), entonces los empresarios estarían compitiendo entre sí para ver quién lleva a su empresa mayor cantidad de empleados. La consecuencia natural de esta competencia es un mayor nivel de empleo y un mayor salario real.
El sueldo de la gente, como cualquier precio de la economía, no depende del deseo presidencial, ni del gremialismo, sino de la oferta y la demanda.
Es vital que entendamos este punto tan fundamental del análisis económico. Es que cada vez que se quisieron violar estos principios, los resultados fueron nefastos, especialmente para los trabajadores a quienes se quiso beneficiar en primer lugar.
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