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Colombia bajo extorsión: El nuevo paro campesino

Por: Javier Garay - @Crittiko - Abr 29, 2014, 9:34 am

EnglishEsta semana, algunas organizaciones agrícolas realizaron un paro de actividades en Colombia, el segundo en menos de un año. Según el diario El Tiempo, en esta ocasión el apoyo ha disminuido hasta el punto que los protestantes representan menos del 10% del sector total del país y se concentran en la producción de papa, arroz, cebolla, café, tabaco, cacao y panela (un tipo de endulzante natural).

A pesar de su impacto en la cotidianidad de los ciudadanos, se suele idealizar este tipo de prácticas, principalmente por dos razones. Primero, porque la figura del campesino se ha mitificado hasta tal punto que se ha convertido en políticamente incorrecto cualquier intento de crítica a las acciones que éstos –o que algunos de sus representantes– adelanten. Segundo, porque existe el derecho a la protesta. Sin embargo, lo que no se ha querido aceptar es que lo primero no demuestra simpatía o comprensión por las realidades de los campesinos, sino una condescendencia de los ciudadanos urbanos frente a sus pares (porque no son inferiores) del campo. Lo segundo, por su parte, no quiere decir que un grupo determinado, así tenga el derecho a protestar, se le deba tolerar una acción que tiene como único objetivo extorsionar al resto de los ciudadanos.

Sin embargo, esto es lo que sucede con esta nueva oleada de protestas: una extorsión de unos pocos a todos los demás. En otro espacio advertí que la actitud del gobierno de Juan Manuel Santos de ceder a la promesa de subsidios al sector cafetero cuando éste protestó durante el primer semestre de 2013 abriría una Caja de Pandora, con lo cual todos y cada uno de los sectores del país comprenderían que este gobierno es fácil de sobornar, y por esa vía, se lanzarían a intentar capturar rentas.

Pero más allá de esto, son varias las razones por las que esta nueva oleada de protestas puede calificarse como simplemente un descarado intento de extorsión a todo el país. Primero, los mismos organizadores reconocen que el gobierno ya ha invertido recursos millonarios en el sector. No obstante, se quejan porque consideran que los usos que se les dan a estos recursos no son los que ellos desean. Es más, algunos, de manera descarada, afirman que el problema es que son “muy pocas” organizaciones campesinas las que reciben recursos, cuando en realidad son 3,500.

Segundo, las protestas tienen el objetivo de frenar el proceso de internacionalización económica. Están en contra de los tratados de libre comercio, de las empresas multinacionales, de las importaciones de alimentos, etc. Poco importa que de las protestas, surge evidencia que muestra que las importaciones en los sectores en los que ellos producen han disminuido. Tampoco reparan en que existen múltiples argumentos que desvirtúan su posición frente a los tratados comerciales (véase esto y esto, entre muchos otros ejemplos que existen de estos argumentos).

Tercero, los campesinos pretenden que el Estado les otorgue un estatus que los exonere de tener que enfrentarse al mercado para lograr beneficios y aumentar su consumo, como lo hace todo el mundo. Por ello, como afirma el diario El Espectador, exigen el control de precios de los insumos, la condonación de créditos, el control a la actividad minera y la fijación de unos precios para sus productos que, en palabras de César Pachón, uno de los líderes de la protesta, les permita vender por encima de los costos de producción (¡como si eso no lo pudieran lograr en el mercado!).

Mientras esto sucede, el gobierno de Juan Manuel Santos, enceguecido por su afán reeleccionista, en lugar de enfrentar las protestas con argumentos sólidos, intenta minimizarlas al considerarlas como una mera manipulación de la oposición que, supuestamente, solo quiere evitar su reelección (la primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar el próximo 25 de mayo). Por su parte, algunos representantes del gobierno también afirman insensatamente que las protestas están siendo infiltradas por la guerrilla de las FARC. Si esto es así, ¿no es peor para el gobierno reconocer algo semejante cuando, a pesar de ello, se mantiene en la mesa de negociación con este grupo guerrillero?

Es casi seguro que las protestas tengan móviles políticos. Las protestas, en algunas zonas, seguramente están infiltradas por las FARC. No obstante, minimizar su importancia por estas razones es otra forma de condescendencia hacia los campesinos y, lo más grave, de evitar discutir con ellos las ideas centrales en las que creen algunos de sus líderes.

Los campesinos, es cierto, han sido víctimas, por décadas, siglos, de instituciones excluyentes que les han impedido acceder a mejores niveles de vida. Sin embargo, la manera de solucionar esto no es con actitudes condescendientes por parte de los sectores urbanos ni del gobierno. Lo que se requiere es más mercado, más competencia, menos Estado. La solución no es que ahora la sociedad colombiana quede a merced de la extorsión de los sectores otrora marginados.

Javier Garay Javier Garay

Javier Garay es profesor en la Universidad Externado de Colombia. Escribió dos libros sobre temas internacionales, uno de ellos sobre el desarrollo económico, tema sobre el que está realizando su tesis doctoral. Síguelo en Twitter en @crittiko, y visita su blog personal: Crittiko.