EnglishLas elecciones en Colombia definieron que serán el uribista Oscar Iván Zuluaga y el actual presidente Juan Manuel Santos los que se disputarán la presidencia en cuestión de tres semanas. La diferencia principal entre ellos es su postura frente al actual proceso de paz. Paradójicamente, como ha sucedido desde finales de la década de 1990, el tema del conflicto armado —y en particular el trato a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—, que es el que más hartazgo y rechazo genera en la población colombiana, también decidirán esta elección.
Los presidentes Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010 – ?) fueron elegidos por sus posturas frente al conflicto. El primero, por su proceso de paz, que a la larga fracasó. El segundo, por su promesa de acabar con la guerra a través de una inicialmente exitosa política de “seguridad democrática”. El tercero, por su compromiso con esta política (que aunque no eliminó, fue adelantada junto con un nuevo esfuerzo de negociación).
En este momento no se sabe cuál de los dos será elegido. Sin embargo, se puede afirmar que cualquiera sea la decisión de los colombianos, las perspectivas de paz no se ven tan claras como sí se ven las amenazas a la gobernabilidad y al tipo de políticas del próximo mandato.
Las perspectivas de paz no son claras porque ninguno de los dos candidatos puede demostrar la superioridad de su enfoque. El candidato Zuluaga pretende profundizar la persecución militar a la guerrilla. Además de lo costosa de esta opción (vidas humanas, acciones terroristas y gasto militar), persisten muchas dudas sobre su efectividad ¿Qué indicio existe que, esta vez, la estrategia sí será exitosa? Es decir, una estrategia militar debe servir no para detener a unos cuantos guerrilleros y/o para dar de baja a otros. Es más, ni siquiera debe servir únicamente para “debilitar” al oponente. Todo esto se logró durante los dos gobiernos del expresidente Uribe. Pero el punto es que no se ganó la guerra, objetivo de una estrategia militar efectiva. ¿Cuántos años, décadas, los ciudadanos colombianos tendrán que seguir soportando el esfuerzo bélico?
Por su parte, la alternativa propuesta por Santos tampoco muestra ninguna garantía de éxito. Aunque el actual proceso de paz sea diferente a los que se intentaron en el pasado y a pesar que se haya avanzado en la agenda de negociación, ¿se le puede asegurar a los colombianos que con un nuevo mandato sí se llegará a la firma de un acuerdo de paz? ¿Cuáles son los incentivos para que la guerrilla se decida a llegar a un acuerdo? Ésta no aprovechó el primer mandato. No es seguro que lo hará con un gobierno más. Menos si sabe, como lo sabe, que tiene la capacidad de definir el presidente cada cuatro años. Por otro lado, está el contenido de los acuerdos ¿La población colombiana decidirá darles su respaldo? ¿Estarán dispuestos los colombianos a ceder en pago de cárcel para los guerrilleros, en aceptarlos como parte de la vida política del país, entre otros?
Además de que el tema central no tiene mayores perspectivas de solucionarse, otros asuntos ensombrecerán los esfuerzos del nuevo presidente independientemente de quién gane las elecciones. Como hemos señalado, la actual fue una campaña caracterizada por la polarización y las acusaciones entre candidatos. Sea Zuluaga o Santos quien llegue al poder, las denuncias continuarán, así como el desgaste del futuro presidente para defenderse, manipulando, incluso, la justicia para ello.
Fuera de la defensa judicial, cualquiera que sea el mandatario tendrá que luchar contra el lastre de una identidad creada que impide, por parte de los ciudadanos, el reconocimiento de sus logros –si los hay– o de la conveniencia de sus acciones. Zuluaga es considerado el representante de la extrema derecha y hasta del paramilitarismo. Santos es acusado por los uribistas de querer imponer un modelo como el venezolano. Acá no se discutirá si estas identidades son reales o no, pero cada una restringirá la capacidad de acción del futuro gobernante.
Por último, ninguno de los dos candidatos pasó a segunda vuelta con una votación suficiente para convertirse en presidente, lo que plantea la necesidad de buscar alianzas. A esto se le debe sumar que tanto los uribistas como Santos han demostrado su debilidad por conceder subsidios y privilegios a los grupos de presión. Es más, en esta campaña es esto lo que han prometido: ¿Qué se puede esperar, entonces, de la política económica de los próximos cuatro años si no es un retroceso en lo poco que avanzamos en apertura comercial, condición necesaria para la restricción de la intervención del gobierno en la economía?
El próximo 15 de junio no puede concebirse como un día decisivo en el futuro del país. Sin embargo, sí será una nueva oportunidad perdida para concebir ideas de fondo tanto para solucionar el conflicto armado de décadas, como para continuar en el camino hacia el fortalecimiento de la libertad.