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EnglishUno de los desafíos de la acción colectiva es que la gente no ve la diferencia entre la lógica individual y la social. En el ámbito individual, existe una relación directa entre medios y fines. Pero en el ámbito social, debido a la complejidad de sus fenómenos, esta relación no es clara y, en muchos casos, es inexistente.
No obstante, al tomar decisiones colectivas, los individuos ignoran esta realidad. Un claro ejemplo es el caso de Colombia en el tema de la paz. Se puede afirmar que existe un consenso generalizado sobre la necesidad de terminar con el conflicto armado que ha azotado al país durante décadas. No obstante, la discusión se ha planteado en términos de alternativas mutuamente excluyentes de difícil comprensión para el votante y sin la necesaria reflexión sobre sus costos y beneficios.
La primera alternativa ha sido la del fortalecimiento de la política de seguridad. En teoría, el cumplimiento a cabalidad de la función más fundamental del Estado sería suficiente para llevar a la rendición de los grupos alzados en armas. En efecto, como sostienen algunos autores, esta opción implicaría un incremento de los costos en los que incurren los combatientes para continuar la guerra, lo que los obligaría a negociar, o en el mejor de los casos, a rendirse.
No obstante, esta visión pierde de vista, en primer lugar, que esta ha sido precisamente la estrategia del gobierno colombiano desde la aparición de las guerrillas marxistas. El fracaso evidente se puede explicar por la naturaleza de los grupos que se busca combatir (grupos irregulares que se camuflan en la población civil, utilizan tácticas terroristas y modifican su estrategia militar en respuesta a los cambios estratégicos que a su vez adelantan las fuerzas regulares).
Pero además, esta alternativa desconoce los muchos costos que el solo uso de la opción militar entraña. La seguridad se ha convertido casi en una obsesión que, como señalé antes, ha definido la agenda política del país por muchos años. Además, esto ha llevado a un fortalecimiento del poder de coerción del Estado y a la justificación de sus excesos alegando un objetivo superior: La seguridad. Y por último, se han ignorado los cambios en materia de derecho internacional público que, se compartan o no, incrementan los costos de enfocar las políticas del Estado en lo militar.
El resultado ha sido la continuación de la guerra. Tal vez este hecho sea el factor principal para comprender el apoyo mayoritario que, por lo menos al principio, tuvo el gobierno de Juan Manuel Santos y su énfasis en la alternativa de un proceso de paz.
Ahora bien, la defensa de esta estrategia ha caído en dos problemas fundamentales. Por un lado, se ha asumido que un proceso de paz automáticamente será exitoso, y además que generará tal paz y la reconciliación nacional. Debido a lo anterior, en la actual campaña presidencial se han resaltado los muchos beneficios de un eventual acuerdo, sin que se haya hecho el mismo énfasis en demostrar que tal acuerdo es, en efecto, posible.
Así, se ha simplificado la discusión y se han distorsionado los costos del proceso de negociación y sus perspectivas de éxito. ¿Cuáles son las posibilidades reales de llegar a un acuerdo? Si bien es cierto que se han presentado avances, no se debe olvidar que el gobierno nacional partió del principio de que “nada está negociado hasta que todo esté negociado”, lo cual implica que hasta que no exista un acuerdo, no se puede hablar de avances.
No solo están los incentivos reales para que las partes en negociación se mantengan en la mesa, sino el rango de negociación que se ha establecido y los costos eventuales que tendremos que asumir los colombianos en materia de justicia transicional (justicia, verdad, reparación) y de “DDR” (desarme, desmovilización y reinserción).
Además de lo anterior, los entusiastas del proceso han engañado a los votantes al idealizar la Colombia que surgiría después de un acuerdo. Esta negociación es con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero también existen el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la amenaza de las bandas criminales. Además, como demuestra la experiencia de otros países que han tenido procesos de paz exitosos, es posible que con la llegada de la paz se incrementen las tasas de inseguridad urbana (como en El Salvador o Guatemala).
En consecuencia, el problema real de Colombia hoy es la simplificación de un resultado esperado —la paz— y de las alternativas que se han presentado: La militar o la negociación. Al parecer, estamos dejando pasar la oportunidad para profundizar en la búsqueda de alternativas razonables que podrían generar consenso entre los ciudadanos. La paz no es, como creen algunos, una cuestión de fe o de deseo. Del tipo de paz que alcancemos y de las estrategias que utilicemos depende la posibilidad de que, algún día, podamos vivir en una sociedad en la que todos nos dediquemos a pensar más en lo que cada uno quiere; y menos en objetivos comunes que son imposibles de planear y de alcanzar.
