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Los conceptos erróneos y relaciones perversas de la justicia en América Latina

Por: Javier Garay - @Crittiko - Jul 1, 2014, 3:27 pm

EnglishPara alcanzar sus objetivos personales, los seres humanos no pueden vivir aislados. Aunque parezca paradójico, la sociedad es una condición sine qua non para que el individuo desarrollen todas sus dimensiones como persona.

Pero para que la sociedad cumpla con esa función, existen condiciones. Una de ellas es que hayan normas de creación previa y de aplicación general que, debido a su legitimidad, serán respetadas y cumplidas por los individuos sin distinción. En caso de incumplimiento, existirá penalización y/o sanción al infractor por parte de una organización dedicada a ello. Esta es la función primordial del Estado.

Como uno de los objetivos de los seres humanos es satisfacer sus necesidades y deseos, o dicho de otra forma, crear riqueza, es posible establecer una relación directa entre desarrollo económico y administración de justicia.

Precisamente, la calidad de la administración de justicia es uno de los limitantes que condicionan el desarrollo económico de América Latina. La limitación se da en por lo menos tres niveles: En la acción del Estado, en la relación de los miembros de la sociedad con las normas, y en las normas existentes.

Tres hechos ocurridos esta semana demuestran lo anterior.

En el primero, las organizaciones que supuestamente promueven la integración latinoamericana reaccionaron con protesta ante la decisión de una corte estadounidense sobre la responsabilidad del gobierno argentino ante sus acreedores. Como es común en estos casos, las declaraciones en contra incluían alusiones a la supuesta persecución de los países desarrollados contra los latinoamericanos. Mezcla entre paranoia y complejo de inferioridad. Así, en lugar de reflexionar sobre el contenido de la decisión y la forma de cumplirla, se prefiere la auto-victimización y un llamado a su desconocimiento… ¡Y son los representantes de los gobiernos!

En el segundo, el presidente de Uruguay, admirado en América Latina por su demagogia, arremetió en contra de la FIFA por su decisión de suspender al jugador Luis Suárez luego de que este hubiera mordido a otro jugador durante un partido del Mundial de fútbol. Este caso no solo ilustra cómo presidente pone en duda las decisiones de una autoridad competente considerando que se trata de un ataque contra su país, sino que también demuestra la difícil relación de los latinoamericanos con las normas.

En América Latina las normas no se ven como importantes para prever el comportamiento propio y, por lo tanto, el de los demás, o como una forma de que las interacciones sociales se desarrollen como en “un juego justo”, así algunas decisiones vayan en contra de nosotros mismos. Más bien se conciben como un instrumento para apropiarse de riqueza producida por otros, en una actitud muy cercana a la búsqueda de rentas, y que fue descrita por, entre otros, Álvaro Vargas Llosa en su libro Rumbo a la Libertad, en el que la describe como la “ley política”.

No se respetan los resultados de normas de carácter general y previamente establecidas. Solo se aceptan las reglas cuando nos favorecen, cuando afectan a los demás, cuando ganamos con ellas, cuando establecen privilegios, e incluso, cuando nos quitan libertades. Es decir, las que no sirven para vivir en sociedad y para que cada uno alcance sus metas pacíficamente sin interferir con las de los demás.

El último hecho es la decisión del diario ecuatoriano Hoy de eliminar su edición impresa debido a lo que los dueños de este medio consideran un ataque a la libertad de expresión producto de la Ley de Medios. Era de esperarse que el presidente Rafael Correa y representantes de su gabinete desmintiesen esta razón y que aduzcan la que ellos creen (quieren creer): Unos supuestos malos manejos administrativos.

Sea lo primero o lo segundo, el punto es que las leyes en América Latina no tienen la intención de mejorar la vida en sociedad, de mantenerla y de permitir que sus miembros alcancen sus objetivos, sino que se hacen para defender el régimen de turno, a los que en ese momento detentan el poder. Por esto, son normas que no tienen legitimidad y que más bien reflejan el hecho de que cada cual espera su “cuarto de hora” en el poder para imponer las reglas que lo beneficiarán a él y a su grupo más cercano.

En consecuencia, no solo falta mejorar en América Latina la concepción misma de la justicia, del derecho y de ley, sino que, además, la equivocada relación que existe entre los ciudadanos y las normas profundiza otros fenómenos como la manipulación de las decisiones judiciales, su instrumentalización para perpetuar ideas falsas (como que América Latina está siendo perseguida por las potencias o delirios semejantes) y crear mecanismos de “integración” cuya única finalidad es proyectar al exterior las ideas vacías en las que creen los líderes regionales. Pero lo cierto es que los procesos de integración en los que todos se respaldan en sus errores y que se basan en ideas equivocadas no reemplazan la realidad: Debemos repensar la importancia de la justicia en todas las dimensiones para consolidar sociedades que permitan el avance personal. No hay alternativa.

Javier Garay Javier Garay

Javier Garay es profesor en la Universidad Externado de Colombia. Escribió dos libros sobre temas internacionales, uno de ellos sobre el desarrollo económico, tema sobre el que está realizando su tesis doctoral. Síguelo en Twitter en @crittiko, y visita su blog personal: Crittiko.