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La política exterior limosnera de Juan Manuel Santos

Por: Javier Garay - @Crittiko - Nov 11, 2014, 8:57 am
El Gobierno de Juan Manuel Santos no ha demostrado por qué contribuyentes de otros países deben financiar el "posconflicto". (Flickr)
El Gobierno de Juan Manuel Santos no ha demostrado por qué contribuyentes de otros países deben financiar el “posconflicto”. (Flickr)

EnglishEl presidente colombiano Juan Manuel Santos adelantó una gira por diferentes países de Europa la semana pasada. Aunque su Gobierno ha utilizado eufemismos sobre el objetivo, el primordial fue el de solicitarle a los países europeos los recursos para financiar los proyectos que se derivarían de la eventual firma de los acuerdos de paz con las FARC en La Habana.

Hasta el momento, los análisis sobre la gira han evaluado el volumen de recursos que se obtuvieron. Como este volumen es mínimo, se ha iniciado un debate sobre quién debe y puede donarlos o sobre las perspectivas reales de obtenerlos.

Sobre lo primero, se ha afirmado en algunos escenarios que, debido a la alianza de Colombia con Estados Unidos, este último tendría que ser el principal donante, así como ya lo fue para financiar los esfuerzos antidrogas y para enfrentar las dinámicas de conflicto armado, a través del Plan Colombia.

En el fondo, se asumen dos presupuestos. Por un lado, que existe una justificación de algún tipo, incluso moral, que permite explicar que otros países del mundo deben utilizar recursos de sus contribuyentes para financiar los esfuerzos de paz en Colombia. Por el otro, que el Gobierno que debe participar de manera más activa es el de Estados Unidos, seguramente, por ser uno de los países más ricos del planeta.

Sobre lo segundo, aunque no existen cifras oficiales sobre el costo esperado del “posconflicto” —que no lo será porque el conflicto continuará hasta que no se lleven a cabo acuerdos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y hasta que no se resuelva la amenaza representada por las denominadas bandas criminales (Bacrim)— una estimación del Bank of America calcula que se requerirán unos US$88 mil millones distribuidos en los 10 años posteriores a la firma de los acuerdos.

Los analistas pronostican que, debido a que la cifra es considerable y las perspectivas de recuperación de las economías de los países desarrollados son exiguas, no es de esperar que sean esos Gobiernos las principales fuentes de financiación de los esfuerzos, sino que estos recaerán sobre los ciudadanos colombianos.

Más allá de los eufemismos y de los análisis superficiales, el debate debería replantearse. Aunque el Gobierno colombiano persiste en su esfuerzo de esconder su intención, es necesario reconocer que lo que está intentando hacer es volver a utilizar la política exterior como un herramienta para recaudar recursos de cooperación. Es decir, el Gobierno colombiano está retornando a la política de limosna internacional que he criticado en el pasado.

Así, la política exterior deja de ser el instrumento a través del cual el país puede insertarse adecuadamente en el ámbito internacional, a través de, por ejemplo, la apertura de relaciones comerciales. En su lugar, esta se convierte en una herramienta para exagerar los problemas domésticos y mostrarlos según las preocupaciones muy políticamente correctas de los países desarrollados.

El debate tendría que centrarse en justificar, de manera abierta, por qué tanto el Gobierno colombiano como algunos analistas insisten en la que las demás sociedades del mundo deben responsabilizarse por lo que en Colombia suceda o por lo que allí se decida. Es falso que el acuerdo con la guerrilla de las FARC sea algo así como un servicio público global. O si pueden demostrarlo, que lo hagan abiertamente, con un debate serio y riguroso.

Es correcta la dirección que han tomado algunos de los análisis en el sentido de anticipar que la mayor parte del esfuerzo tendrán que hacerlo los mismos ciudadanos colombianos.

No obstante, lo que no se ha debatido es por qué el monto que se proyecta es tan alto, ni cuáles son los proyectos específicos que deben incluirse en él. Es cierto que los colombianos, para alcanzar el fin superior de disminuir la violencia doméstica, tendrán que hacer concesiones y en muchos casos el costo monetario recaerá sobre sus espaldas. Pero de allí a asumir que, por esa vía, el Gobierno y su contraparte en la negociación puedan imponernos a los ciudadanos de a pie, todo tipo de proyectos, es equivocado.

Es necesaria una mayor transparencia en lo que se incluye en el monto del “posconflicto”. Es necesario, posteriormente, un estudio profundo sobre todo lo que allí se incluyó. Es necesario, finalmente, que esto se ponga en debate no solo en el ámbito académico sino en también en el de la opinión pública, como seguramente se hará en el momento de la refrendación de los acuerdos.

Más que todo lo anterior, es necesario comenzar por evidenciar que la defensa de los principios de una sociedad libre, muchos inexistentes en Colombia, es la mejor forma para garantizar la concreción de la disminución de la violencia. En este punto no se necesitan recursos, sino ideas.

Javier Garay Javier Garay

Javier Garay es profesor en la Universidad Externado de Colombia. Escribió dos libros sobre temas internacionales, uno de ellos sobre el desarrollo económico, tema sobre el que está realizando su tesis doctoral. Síguelo en Twitter en @crittiko, y visita su blog personal: Crittiko.