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EnglishColombia otra vez se encuentra en paro. Pero en esta ocasión, el cese de actividades y las molestias asociadas son provistos por los trabajadores estatales.
Lo primero que llama la atención es la falta de transparencia en la información. Los líderes del paro afirman que más de un millón de trabajadores estatales se unirán. Aunque ninguna entidad estatal indica cuántas personas en total trabajan para el Estado, si asumimos que en el paro participa el 10% de ese total, eso indicaría que más de 10 millones de personas son empleados públicos. Según datos del Banco Mundial, la población económicamente activa en Colombia es un poco más de 23,5 millones de personas.
Así, casi el 50% del empleo en Colombia lo proporcionaría el Estado. A partir de estas especulaciones, seguramente equivocadas, ¿a quién se le ocurre afirmar que en Colombia el Estado se ha disminuido o que no sigue interviniendo, distorsionando el funcionamiento del mercado?
En cualquier caso, que entren más de un millón de personas en paro hoy significa que hay por lo menos un millón de personas que no viven de contribuir con labores productivas, intelectuales, artísticas o creativas; sino de ponerle trabas a todas ellas, de intentar regularlas y de quitarles, porque sí, parte de los rendimientos que ellas generan. ¡Qué desperdicio!
Persiguen sus intereses no a través de sus esfuerzos, sino afectando a los demás ciudadanos en su trabajo y movilidad
Más allá de lo anterior, la entrada a paro de tantos trabajadores, organizados en sindicatos, demuestra otras realidades. La segunda es que los funcionarios públicos, lejos de lo que piensan los entusiastas del estatismo, buscan sus intereses particulares, y no los generales, en dos sentidos.
Por un lado, porque todas las peticiones se relacionan con incrementos salariales o de beneficios económicos, sin importar que cualquier incremento provendrá de lo que los demás colombianos trabajan —y el Estado les quita a través de los impuestos. Por el otro, persiguen sus intereses no a través de sus esfuerzos, sino afectando a los demás ciudadanos en su trabajo y movilidad, porque así creen que presionan al Gobierno nacional.
Los funcionarios públicos no son ángeles; al contrario.
Los funcionarios públicos, al igual que cualquier otro ser humano, actúan, entre otras, por el conjunto de incentivos con los que se encuentran. Un trabajador común, en una empresa privada, también defiende sus propios intereses. Pero allí, el hacerlo requiere del esfuerzo personal, de una mayor productividad, eficiencia y, en última instancia, de la contribución de ese trabajador al cumplimiento de los objetivos de la firma.
Por esta vía, paradójicamente, al defender y solo importarle sus propios intereses, de manera no anticipada, el trabajador resulta contribuyendo a los intereses generales. Esto es lo que demostraron autores como Adam Smith y Friedrich A. Hayek.
En Colombia las marchas y manifestaciones se volvieron cosa de casi todos los días. Esto le quita el sentido a la manifestación social
En el Estado, los incentivos son los contrarios. Para permanecer en el puesto, el trabajador no tiene que esforzarse ni mejorar su eficiencia ni productividad. Para defender sus propios intereses, lo que tiene que hacer es mantener –o por lo menos no hacer mucho para solucionar– el objeto por el cual fue creado su cargo y, paralelamente, cuando considere que quiere más o que no es “justo” lo que recibe, paraliza la actividad. ¿Y los objetivos? Son los impuestos por el Gobierno de turno a todos los ciudadanos, por lo tanto, la responsabilidad se diluye.
Grave problema de incentivos.
Por lo anterior, aquéllos que entran en paro en Colombia no solo no son ángeles, y responden a incentivos perversos. sino que todo ello hace que su trabajo sea deficiente, por decir lo menos. Los maestros proveen una educación de mala calidad, así como los trabajadores de la salud, atención de mala calidad. Los jueces, por su lado, están entre los causantes de los altos niveles de impunidad –y de corrupción– que se asocian con la rama judicial en Colombia. En consecuencia, no solo son todo lo anterior, sino que además aquéllos que entran en paro son descarados: no hacen mucho, y quieren ganar más por ello.
En Colombia las marchas y manifestaciones se volvieron cosa de casi todos los días. Esto no solo le quita el sentido a la manifestación social, al banalizarla por volverla cotidiana. También afecta, traumatiza, la normalidad en las transacciones sociales y en la capacidad de los negocios de crecer y de cumplir con sus objetivos.
La situación debe cambiar. Los actores organizados consideran que el cumplimiento de sus objetivos pasa por extorsionar al Estado. Algunos privados, como los transportistas, agricultores o taxistas, también lo hacen. Lo mismo sucede con manifestaciones estimuladas desde gobiernos locales, como demuestra la patética, supuestamente en favor de la paz, impulsada por los sectores de izquierda del país y apoyada por la también patética alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá.
Ahora son los trabajadores estatales. ¿Quién trabajará, y a qué hora, para mantener a todos los que pretenden vivir de los demás?
Editado por Pedro García Otero.
