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EnglishEsta semana, el ministerio de Salud colombiano pidió la detención inmediata de las fumigaciones aéreas de los cultivos ilícitos. La justificación que dio el ministro para esta solicitud fue la publicación de un estudio en el diario especializado Lancet Oncology; en días pasados, la Organización Mundial de la Salud –OMS– había ubicado a la sustancia química utilizada en las fumigaciones, el glifosato, en la categoría de sustancias peligrosas.
Ante esta solicitud, la polémica no se hizo esperar. El Ministerio de Defensa reaccionó afirmando que esta no sería tenida en cuenta. Los representantes estadounidenses, aunque reconocieron la soberanía del Gobierno colombiano para decidir, también mostraron su rechazo a las razones aducidas.
La Procuraduría colombiana, como era de esperarse —por quien es su líder, Alejandro Ordoñez—, también rechazó la solicitud. Así como esta entidad ha actuado en el pasado en contra del matrimonio de parejas del mismo sexo, de la posibilidad de que estas adopten niños y de que exista, para las mujeres, la posibilidad de abortar en algunos casos, la posición de la Procuraduría se ubica nuevamente, en esta oportunidad, dentro del conservadurismo.
¿Quién tiene la razón? ¿El estudio que muestra que X puede causar Y o quiénes esperan que no haya duda sobre las conclusiones?
Y, como algunos analistas han anticipado, es posible que esta posición sea la que triunfe. Y es posible que sea así, no porque —como creen esos analistas—, Estados Unidos imponga sus preferencias de política, sino por dos razones más contundentes: la primera es que la discusión se ha sustentado de manera débil, por decir lo menos. La segunda, que a su vez explica la primera, es que no existe consenso sobre los principios que deben guiar la acción estatal.
La debilidad se encuentra en basar la discusión en hallazgos científicos. De hecho, en una de las declaraciones, el procurador Ordoñez afirmó que considera que no son pruebas científicas las publicadas en el estudio de Lancet. Si bien es cierto que el procurador no tiene el conocimiento ni la autoridad académica para decidir lo que es o no científico, también es cierto que las decisiones que están siendo afectadas son políticas.
Como los estudios científicos nunca son definitivos en sus conclusiones, esto se convierte en un pulso entre fuerzas contrarias. ¿Quién tiene la razón? ¿El estudio que muestra que X puede causar Y o quiénes esperan que no haya duda sobre las conclusiones? Es difícil escoger alguna de las posiciones, pero un ejemplo puede ilustrar las inconsistencias cuando los debates se basan en estudios científicos.
Algunas personas pueden estar a favor de la eliminación de la fumigación porque, por ejemplo, pueden estar a favor de la terminación de la Guerra contra las Drogas. En consecuencia, estarán tentados a respaldar este estudio. Sin embargo, ¿qué tal que esas mismas personas tienen dudas sobre la existencia del fenómeno de calentamiento global? ¿Ahí sí desconfían de los estudios existentes, que tampoco son concluyentes?
Los individuos no deberían actuar como si fuesen científicos. No lo son: no entienden de esos temas. No saben interpretar los datos
Lo anterior ilustra un problema de consistencia, pero también revela que donde la ciencia se encuentra con las decisiones de política pública, existen dificultades que van más allá de los resultados publicados. No solo porque no son concluyentes; sino porque, para cada estudio, se puede encontrar por lo menos otro estudio que diga lo contrario.
En consecuencia, los individuos no deberían actuar como si fuesen científicos. No lo son: no entienden de esos temas. No saben interpretar los datos. Y la mayoría de veces se quedan con lo resumido de esos estudios por los periodistas, quienes claramente tampoco cuentan con suficientes conocimientos.
Entonces, ¿no se pueden tomar decisiones? ¿No se pueden hacer debates sobre estos temas? Claro que sí. ¿Cómo puede una sociedad evadir la discusión sobre si enfrentar o no y sobre cómo enfrentar lo que se percibe como un problema?
Acá es donde deben actuar, en lugar de la lucha de cifras y estudios, los principios. ¿Debe el Estado encargarse de evitar que los individuos consuman ciertas sustancias? ¿Para ello deben invertirse miles de millones de dólares? ¿Deben estar los militares colombianos encargados de labores casi agrícolas, volando avioncitos para impedir que florezcan ciertas plantas que son consideradas como malas porque así decidieron creerlo algunas personas?
La discusión debe estar en el plano de lo que debe o no hacer el Estado. No existe ninguna justificación ni moral ni práctica ni histórica para la Guerra contra las Drogas. Como señalé antes en este mismo espacio, este se debe a necesidades y manipulaciones puntuales de Gobiernos puntuales, tanto en Estados Unidos como en Colombia.
Quiénes consideren lo contrario tendrían que asumirlo. Todos los que hoy temen cambios –así sean mínimos, como suspender las fumigaciones con glifosato– deberían reconocerlo y aceptar su visión de un Estado contrario a la libertad. De resto, son puras cifras o anécdotas: ambas, en la mayoría de casos, resultan siendo casi lo mismo.
Editado por Pedro García Otero.
