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Colombia puede evitar accidentes mineros con derechos de propiedad

Por: Javier Garay - @Crittiko - May 21, 2015, 1:04 pm

EnglishUna tragedia en una mina artesanal para la extracción de oro se presentó en Colombia. Dieciséis mineros fallecieron debido a la inundación de uno de los socavones.

Como es ya costumbre, la tragedia generó una —corta— indignación nacional, caracterizada por culpar a la falta de regulación de la actividad, y de la mina en cuestión. Según esta visión, si la mina hubiera recibido el permiso del Gobierno colombiano para operar, el accidente se hubiera evitado.

No obstante, esto no es así. Primero, porque un accidente es, casi siempre, un accidente. Este caso se ha convertido en una guerra de culpas y contra-culpas. Los dueños de la mina han culpado a la empresa de energía local por haber cortado el servicio. La compañía afirma que la mina tenía conexiones de energía ilegales. Observadores externos, los medios de comunicación e, incluso, el presidente Juan Manuel Santos han acusado a los dueños de la mina de prácticas inadecuadas en su labor.

Si alguna de las culpas es cierta, es posible que este accidente se haya podido evitar, pero no siempre es así.

En muchas ocasiones, tal vez más de las que nuestra mente tolera, el azar genera situaciones indeseables.

Por eso se denominan accidentes. El hecho de buscar responsables es una forma de exorcizar el dolor y la incertidumbre, pero no por eso desaparecen estos y otros sentimientos, que nos hacen sentir incómodos.

Es posible que en este caso la responsabilidad se pueda determinar. Lo que restaría es profundizar en el argumento de que si la mina hubiera tenido el permiso, no hubiese ocurrido el accidente.

Los dueños de la mina no es que fueran ilegales. Estaban en pleno proceso de formalización y, según el presidente Santos, cumplían con todos los requerimientos de ley. La razón por la que aún no contaban con el título de aprobación, es que la autoridad competente tiene tantas solicitudes y exige tantos requisitos que es muy difícil aprobarlas —o negarlas— con celeridad.

En consecuencia, si la mina no estaba incumpliendo con los requerimientos básicos y estaba en espera de recibir la aprobación de la autoridad, no existe evidencia que permita pensar que si hubiese contado con el título, el accidente no hubiera ocurrido.

Además, aunque en los informes de la autoridad no se discriminan los accidentes ocurridos, entre las minas autorizadas y aquéllas que se encuentran en proceso, la verdad es que accidentes de este tipo han sucedido en el país desde hace ya varios años.

El incremento reciente —real o percibido— del número de accidentes reportados —y visibles— puede deberse a una o dos causas, sujetas a demostración a través de investigaciones académicas que no se han hecho. La primera es que Colombia, por decisión de los Gobiernos recientes, se ha convertido en un país que privilegia el sector extractivo, como herramienta de crecimiento económico, por encima de otros sectores. Esto puede generar incentivos para que los dueños de las minas busquen explotar lo más que puedan hasta que esta predilección deje de existir, ante un nuevo Gobierno.

La segunda es que la sociedad colombiana, representada por los medios de comunicación, se haya vuelto menos tolerante a la ocurrencia de semejantes tragedias. Aunque esta sea la razón de la visibilidad, no quiere decir que los accidentes no estén ocurriendo con una frecuencia preocupante, por decir lo menos.

En consecuencia, la discusión se debe centrar en identificar por qué ocurren con tanta frecuencia este tipo de desastres, y también en proponer alternativas para mitigar su ocurrencia. Según lo mencionado más arriba, los accidentes, si son accidentes, no se pueden eliminar. Todo en un contexto caracterizado por una intervención del Estado que ha creado incentivos para la explotación excesiva de este sector.

Como no existe evidencia para pensar que la frecuencia de los accidentes se puede controlar, a través de una mayor regulación, ni con la regularización de las minas existentes, ¿Cuál es la alternativa? En Colombia, nunca se ha discutido, ni hoy ni antes, la posibilidad de extender los derechos de propiedad al subsuelo. Esto cambiaría el esquema de incentivos para la explotación minera (al eliminar el afán por explotar lo más que se pueda durante el permiso o el privilegio otorgados por el Gobierno de turno), y para las condiciones de los trabajadores. Pura lógica empresarial, siempre presente cuando los derechos de propiedad están claramente definidos.

De lo contrario, los accidentes, verdaderos o causados, seguirán ocurriendo y la única respuesta del Gobierno será, como hasta ahora, no evitar nuevas muertes, sino más bien sancionar a las empresas —a los que considera enemigos— por lo que, muchas veces, no se puede evitar.

Javier Garay Javier Garay

Javier Garay es profesor en la Universidad Externado de Colombia. Escribió dos libros sobre temas internacionales, uno de ellos sobre el desarrollo económico, tema sobre el que está realizando su tesis doctoral. Síguelo en Twitter en @crittiko, y visita su blog personal: Crittiko.