EnglishEn meses recientes, diferentes empresas multinacionales han decidido cerrar sus plantas de producción en Colombia. La mayoría de entre ellas han trasladado sus puntos de producción a mercados externos, como el mexicano, e importan los productos.
Si estas fueran decisiones típicas del sector empresarial, no habría mayor debate. Si una compañía es incapaz de hacerle frente a la competencia y de satisfacer las expectativas de los consumidores, lo mejor es que se liberen esos recursos para que sean utilizados por proyectos más efectivos. Esos movimientos generan beneficios a toda la sociedad.
No obstante, sí hay debate. Existe el debate de siempre: los seres humanos sienten temor e incomodidad ante los cambios. Y en la vida en sociedad, ese malestar se manifiesta a través del debate público. Pero además, en estos casos, la discusión se justifica, debido a que existe evidencia que permite afirmar que estas movidas no se hacen por las dinámicas propias del mercado, sino por las distorsiones que el Gobierno colombiano genera en él.
Se han abierto dos interpretaciones sobre la salida de multinacionales de Colombia. De un lado, algunos culpan a los tratados de libre comercio, en particular, al de Colombia con México, por estos movimientos. Si esto fuera así, sería una buena noticia en el sentido que los tratados están funcionando para lo que fueron negociados: la profundización del comercio bilateral, a través del aprovechamiento de las ventajas comparativas de cada uno de los países, que no dependen de decisiones políticas –o del apego de las mayorías al status quo– sino que resultan de las dinámicas propias, inatajables, del mercado.
Por otro lado, algunos más consideran que las partidas se deben a las trabas existentes a la producción en Colombia. Los datos parecen respaldar esta visión. Según el informe Doing Business de 2015, Colombia ocupa el puesto 34 de 189 economías, en facilidad para hacer negocios. Esta ubicación representa un avance de 19 puestos respecto a la medición del año anterior. No obstante, al mirar la medición desagregada, existe evidencia para entender las movidas empresariales mencionadas.
Santos miente parcialmente. Es cierto que esas decisiones son normales; es falso que este sea un ejemplo de ello
De 10 componentes, Colombia mejoró su ubicación tan solo en 4 de ellos. En los 6 restantes, la ubicación empeora. Lo que es más grave es que estos son determinantes en todo el ciclo empresarial: apertura de un negocio, obtención de electricidad, protección de inversionistas privados, pago de impuestos, cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia.
En el componente de impuestos es donde se presenta la caída más pronunciada. Del puesto 139 se pasó al 146: Colombia es uno de los países del mundo donde es más difícil y costoso pagar impuestos. Como porcentaje de las ganancias anuales, cualquier empresa debe pagarle al Estado 75,4%, mientras que el promedio en América Latina es de 48,3% y el de los países de la OCDE es de 41,3%.
¡Luego se preguntan por qué hay desindustrialización en el país! Un empresario trabaja todo el año, y solo se quedará con menos de 25% de lo que produzca, porque debe mantener el voraz apetito de los políticos y burócratas colombianos que, indudablemente, actúan como vampiros hacia los que ejercen labores productivas en el país.
Si lo anterior afecta a todos los sectores de la producción en el país, y, además, se tiene en cuenta que en facilidad para el comercio transfronterizo mejoró respecto al año anterior en dos puestos, pero aún se ubica en el puesto 93 de 189 países, también se explica una variante de las interpretaciones, consistente en que las decisiones se deben a los altos costos que deben enfrentar las empresas en Colombia.
Ante esto, el Gobierno colombiano solo comete errores. Para disminuir los temores, el presidente Juan Manuel Santos miente, afirmando que esas son movidas normales del mundo empresarial. Miente parcialmente: es cierto que esas decisiones son normales, pero es falso que este sea un ejemplo de ello.
Pero, además, en lugar de pensar en simplificar el pago de impuestos y, sobre todo, disminuir la carga impositiva y las demás trabas que dificultan el hacer negocios en el país, decide lanzar un nuevo programa de “rescate” industrial, llamado Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE).
Típica lógica de los políticos y burócratas: primero crean las trabas y cuando estas generan efectos negativos –es decir, siempre– posan de salvadores, de héroes, afirmando que van a rescatarlos. Se lavan las manos por los efectos de sus acciones, engañan al público y fuera de todo aspiran a ser vistos como esenciales para que los individuos tomemos nuestras propias decisiones. En lugar de esenciales, lo que hacen es crear dependencia.
Ante el lanzamiento de este nuevo programa que el mismo presidente, con orgullo, sin sentir vergüenza, denomina keynesiano, nadie dice nada. El Estado puede hacer lo que quiera. Mientras tanto, las empresas, hasta para cerrar, deben pedirle permiso a todo el mundo, al Gobierno y a los sindicatos. Y la sociedad se indigna. ¡El mundo al revés!