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La amarga verdad tras la multa a los ingenios azucareros colombianos

Por: Javier Garay - @Crittiko - Nov 4, 2015, 12:03 pm
Durante años, los ingenios azucareros se coludieron para impedir importaciones del producto. (UNAL)
Durante años, los ingenios azucareros se coludieron para impedir importaciones del producto. (UNAL)

EnglishEl pasado 7 de octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio publicó una resolución a través de la cual multó a los principales ingenios azucareros colombianos por supuestas prácticas oligopólicas, cuya intención fue la de obstruir la importación del producto desde otros países. La multa se tasó en COL$320.000 millones (un poco más de US$100 millones).

En una muestra más del estatismo de las tendencias políticas tradicionales, tanto la izquierda como la derecha rechazaron la decisión. Postura esta que nos recuerda, una vez más, que la visión estatista no se puede desligar del capitalismo de amigotes (crony capitalism).

De manera superficial, es imposible estar en contra de la decisión. No recuerdo ninguna anterior de la Superintendencia, máxima expresión del intervencionismo estatal en la economía y de las restricciones del Estado a la libre autonomía privada, que privilegiara las consideraciones en favor del libre comercio.

No obstante, lo anterior, reitero, es desde una aproximación superficial. Seguramente, la sanción y las actitudes de los ingenios serán presentadas, por los estatistas, como un argumento más que demuestra la necesidad de la existencia de un Estado fuerte, que impida la generación de prácticas que favorecen a pequeños grupos de élites económicas en detrimento de los intereses de las mayorías.

Al fin y al cabo, las restricciones al comercio implican un incremento en los precios que pagamos los consumidores por los bienes que necesitamos o deseamos. Al fin y al cabo, esos precios incrementados benefician directamente a los productores de los bienes restringidos.

En últimas, las ganancias se concentran en unos pocos y los demás cargamos con las pérdidas expresadas en precios más altos, menor calidad y una asignación subóptima (menos eficiente) de los recursos domésticos que, por definición, en su naturaleza, son escasos.

Podemos estar de acuerdo con el diagnóstico, pero no necesariamente con las causas. La posibilidad de adelantar ese tipo de prácticas en el mercado no se debe –per se– a la existencia de los ingenios azucareros. ¿Cómo pueden ellos impedir la libre importación de azúcar proveniente de otros países? Algunos dirían que debido a la acumulación de poder.

Sin embargo, aunque esta sea la causa, aún sigue sin explicarse por qué resulta tan importante la acumulación de poder por parte de agentes económicos y cómo éste se proyecta. La respuesta, sin lugar a dudas, se encontrará en la dimensión política, cuya expresión principal se da en las prácticas estatales.

Es decir, los productores de azúcar en el país van a destinar parte de sus ganancias para influir en las decisiones que toma el Estado con el fin de impedir la libre competencia, la libre importación del bien en cuestión.

Así las cosas, los azucareros colombianos se involucran en prácticas que nada tienen que ver con su objeto social, porque el Estado colombiano tiene, en últimas, la potestad de influir en decisiones que los benefician directamente. Además, esas decisiones benéficas lo son sin necesidad de un esfuerzo por parte de los productores en términos de mejora de calidad ni de respuesta a los deseos o necesidades de los consumidores. Es, sin lugar a dudas, una ganancia fácil.

En consecuencia, la decisión tomada por la Superintendencia debe ser comprendida, de manera más profunda, como expresión de dos fenómenos: Por una parte, es un ejemplo de cómo las decisiones e intervenciones de los Estados llevan, casi siempre, a la necesidad de mayores intervenciones y decisiones en el futuro. Como el Estado colombiano puede impedir la libre importación de bienes a través de diversas restricciones, los incentivos que esta potestad genera en el comportamiento de los agentes económicos crea, posteriormente, la necesidad de una mayor regulación que se justifica como una forma de frenar los impulsos y malas prácticas de los “privados”.

Del otro, la decisión demuestra la necesidad de limitar la acción estatal en todo lo concerniente con la intervención en la economía –y, por extensión, en nuestras vidas– como la mejor garantía para impedir que unos pocos se aprovechen de las mayorías y se beneficien a nuestra costa.

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Una multa, provenga de donde provenga, y tenga el monto que tenga, no frenará abusos futuros si no dejamos de hacer el análisis de las decisiones estatales desde las emergencias, desde la superficie, y nos concentramos, más bien, en sus verdaderas causas. El Estado ha sido el mejor instrumento de opresión y de aprovechamiento de unos sobre otros. Es necesario comenzar a quitarle esas competencias.

Comentario adicional

Es posible que este tipo de debates comiencen a presentarse en Colombia. Después de una impecable campaña del candidato por el Movimiento Libertario, Daniel Raisbeck, más de 20.500 ciudadanos bogotanos votaron por él para la alcaldía de la ciudad. Sin recursos, sin maquinaria, esta es una victoria incuestionable. Nace así una esperanza para que algún día, en Colombia, el Estado sirva para lo que tiene que servir: para preservar y no para limitar nuestra libertad.

Javier Garay Javier Garay

Javier Garay es profesor en la Universidad Externado de Colombia. Escribió dos libros sobre temas internacionales, uno de ellos sobre el desarrollo económico, tema sobre el que está realizando su tesis doctoral. Síguelo en Twitter en @crittiko, y visita su blog personal: Crittiko.