
El escándalo global de los denominados Panama Papers exige una reflexión que vaya más allá de los aspectos superficiales. Hasta el momento, la exploración se ha limitado a qué personajes famosos se pueden encontrar en el listado de personas que utilizaron esquemas de creación de empresas offshore.
Evitar la superficialidad es necesario. No se puede seguir hablando de quienes aparecen en el listado como si fueran parte del mismo paquete. Se habla de deportistas y personajes del espectáculo junto con líderes políticos y personajes que pueden estar involucrados en crímenes, incluido el terrorismo o el patrocinio de los denominados rogue states.
Los primeros han logrado sus fortunas como resultado de la retribución que las mayorías les han dado voluntariamente debido a la valoración que éstas han hecho sobre las habilidades de aquéllos. Los criminales que aparezcan deben ser, como es natural, perseguidos. La información puede servir para profundizar en el conocimiento de sus relaciones, redes y demás.
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Más bien, el análisis debe concentrarse en el caso de los políticos. Sea que sus fortunas provengan de la corrupción —lo cual los convierte en delincuentes— como si no, la evidencia disponible debe llevar a una urgente discusión. Son esos mismos líderes los que les venden a los demás ciudadanos la idea según la cual es una obligación pagar impuestos. Mientras tanto, aprovechan para esconder sus recursos, sean estos lícitos o ilícitos.
Empero el debate no puede convertirse en moralista, nada sería más inútil que eso. ¡Cómo son de descarados esos políticos! ¡Deben ser castigados!
Puede ser cierto. El punto, sin embargo, es que estas acciones demuestran que quienes nos gobiernan no son ni mejores seres humanos, ni tienen intereses realmente altruistas. Son individuos como cualquier otro.
Lo que esto demuestra, entonces, es que resulta necesario repensar la extensión de las expectativas que depositamos en su trabajo y de las funciones que les otorgamos. ¿Por qué ellos, personas como cualquier otra, deben tener el poder de decidir o pensar por los demás?
No se puede seguir hablando de quienes aparecen en el listado como si fueran parte del mismo paquete.
En el mismo sentido, la evidencia es una más que demuestra que el no desarrollo no es un resultado natural, ni depende de injusticias externas, sino que se debe al tipo de sociedad que se encuentra en los países considerados “no desarrollados”.
En los papeles aparecen personas provenientes de 59 países de todo el mundo. De ellos, 47, casi el 80%, son países no desarrollados. De ellos, más del 50% son países africanos y latinoamericanos. Ni hablar de la hipocresía de personajes cercanos al poder en países como Venezuela o Brasil.
Pero no hay que perder de vista lo siguiente: el problema no es sólo de países no desarrollados o de los Gobiernos populistas en América Latina. El problema es global. El problema está en los políticos y sus amigos. Ese es un debate que debe estimular esta información.
Por ahora, no obstante, la indignación se ha limitado al tema tributario. ¿Cómo es posible —parece ser la idea general— que los “ricos”, sean estos criminales o no, políticos o no, deciden esconder sus recursos en paraísos fiscales? ¿Por qué no contribuyen a la “justicia social”, a la mejora de la situación de los más pobres?
Si ese va a ser el debate, habría que hacerlo bien. Reitero: no sirve de nada que la discusión se quede en el deber ser, producto de la indignación. Es necesario reconocer que las cosas son así. La pregunta es por qué las personas actúan de la manera que lo hacen.
[adrotate group=”7″]Del lado de los criminales y de los políticos, como fue afirmado, sucede algo diferente. Los primeros, deben ser perseguidos por sus actividades criminales. Los segundos, deben ser castigados si son corruptos, o sancionados políticamente por las sociedades si tan solo se aprovechan de sus cargos para imponerles a los demás lo que ellos mismos no están dispuestos a hacer.
Frente a los demás, la cosa es diferente. La evasión no demuestra que los que lo hagan sean malos o que quieren que los pobres sigan siéndolo. Eso no lo podemos saber. Y tal vez no nos importa. Más bien, lo que puede demostrar es que, tal vez, las políticas tributarias en los países involucrados son tan punitivas, que tener riqueza se convierte casi en un pecado.
La solución, si este es el caso, no podría ser una mayor persecución o regímenes tributarios más punitivos. En ambos casos, el fenómeno no puede sino incrementarse. En el primero es, además, una utilización inútil de los recursos del Estado: el recaudo es un medio, no el fin.
Los Estados no pueden confundirse que su fin es perseguir a los verdaderos criminales, a los que no cumplen las normas que nos permiten vivir en sociedad.
¿Quieren mayor justicia? ¿Quieren mayor recaudo? ¿Quieren menos evasión? ¿Quieren que los “ricos” no se lleven su dinero a paraísos fiscales?
Entonces comencemos por debatir más las propuestas tributarias de autores como F.A. Hayek, y menos las de T. Piketty. Ese sería un buen comienzo.