La pobre, pero peligrosa, propuesta del ministro de Defensa colombiano

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Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa colombiano, asegura que las redes sociales son la "nueva arma de guerra". (Noticias Colombia)
Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa colombiano, asegura que las redes sociales son la “nueva arma de guerra”. (Noticias Colombia)

Tiene todo el sentido. Si hay personas que incitan al odio, a la violencia o a la comisión de delitos a través de las redes sociales, ¿por qué no permitirle al Estado, cuya función es la seguridad, intervenir esas redes y perseguir a los responsables?

Esa es la propuesta del actual ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas: evitar que las redes sociales se conviertan en un espacio para la facilitación del delito.

Tiene mucho sentido, sin embargo, tal propuesta no solo parte de una falacia, sino que también es equivocada, descarada y, lo más grave, peligrosa.

El ministro Villegas, pobre, parte de un análisis equivocado de la situación. Parece asumir y confundir la comisión del delito con el medio a través del cual se promueve. Pero la relación no es directa ni automática, una persona puede respaldar un grupo ilegal en la red, pero eso no comprueba su participación en los delitos cometidos por ese grupo.

El comprobarlo es tarea del sistema judicial del país y eso se hace recabando las pruebas que, en la mayoría de casos, no pueden ser simplemente circunstanciales. Como lo sería un trino en Twitter. Así las cosas, la eliminación —asumamos que tal cosa es posible— de toda incitación al delito a través de las redes sociales no solucionaría el problema real: la comisión de delitos.

Como resultado de lo anterior, la propuesta es equivocada. No solo porque sería inútil. No solo porque sería muy difícil de implementar al requerir de una capacidad inmensa del Estado colombiano para interceptar todas las comunicaciones que tengan lugar en las redes. También es equivocada porque no ataca el problema real y, como si fuera poco, les quita la razón de ser a las fuerzas de policía o militares (según sea la asignación de responsabilidades).

Incluso si la labor se les delegara a los organismos de inteligencia y contrainteligencia es titánica, así como los esfuerzos para cumplirla. En últimas, sería pagarles a quiénes componen las fuerzas del “orden” para revisar todo el día, todo los días, Facebook, Twitter o Instagram.

En este sentido, la propuesta sería descarada, pero no solo por lo anterior. Lo más descarado de la propuesta es que el ministro Villegas quiere esconder su incapacidad para coordinar el cumplimiento de su función de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, asumiendo que el problema está en las declaraciones que se hagan en el espacio virtual.

¡El señor ministro quiere que le paguemos para hacer literalmente nada!

Para todo lo anterior podrían esgrimirse argumentos en contra. ¿Nada qué hacer? ¡Claro que sí! El ministro tendría que coordinar, ahora, la tarea de revisar las redes. ¿Solo revisar redes sociales? Nada más falso. Los miembros de las fuerzas militares, de policía o de los organismos de inteligencia y de contrainteligencia podrían asumir esa nueva tarea sin necesidad de abandonar las que ya tienen.

¿Falacia? No. En muchos casos, si no en la mayoría, quienes expresan opiniones a favor de la comisión de delitos están involucrados en esas acciones. Puede ser. Con un condicional gigantesco.

No obstante, lo que no tiene argumentos en contra, a menos que el supuesto del que se parta sea que la libertad individual está subordinada a la sociedad o, lo que sería peor, al Estado, es la gravedad de la propuesta. Interceptar lo que se produzca en redes sociales, sea cual sea la justificación que se construya, no es sino censura.

Se trata, realmente, de darle al Estado la potestad para que conozca todas las comunicaciones entre los individuos libres. No habría forma de evitar que tal cosa sucediese. Para encontrar a quienes incitan al delito, es necesario tener la capacidad de revisar todas las comunicaciones posibles.

La propuesta, en últimas, implica sacrificar la libertad de expresión en el medio más libre que tenemos hasta el momento para garantizar, no seguridad, porque los delitos no serían evitados, sino que se tendría identificación de algunos delincuentes que utilizan las redes como un tentáculo más de sus indeseables acciones.

¿Que en Estados Unidos ya se hace con la Patriot Act? Muy bien, ¿por qué no copiamos lo que debemos copiar, en vez de siempre copiar lo que nos hace daño? Pobres los estadounidenses que se dejaron meter semejante atrocidad. Pero los colombianos no tenemos que hacerlo.

Hoy la justificación es la seguridad porque el inepto Estado colombiano es incapaz de garantizarla sin robarnos nuestra libertad. Pero mañana, la justificación será otra. ¿Críticas al Gobierno? ¿Defensa de valores que se consideran inmorales? No sabemos, pero abrir la puerta hoy es dejarla abierta para lo que sea que venga en el futuro.

El ministro, pobre, debería justificar su sueldo de otra manera. Por ejemplo, cumpliendo con su labor. Hay que explicarle, pobre, que lo virtual es virtual y que su función está en protegernos de lo real. Hasta que entienda —algo difícil— no podemos por ningún motivo ceder a la ilusión de sacrificar libertad por seguridad.

Nada más tonto, inútil y peligroso. Nos arrepentiríamos.

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