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Portada » Más allá de las buenas intenciones: estatizar no mejora la educación ni preserva la cultura

Más allá de las buenas intenciones: estatizar no mejora la educación ni preserva la cultura

Javier Garay por Javier Garay
14 octubre, 2017
en Colombia, Columnistas, Destacado, Educación, Opinión
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Educación Pública
La confusión se encuentra en que asumen que la educación es un servicio que solo puede ser proveído por el Estado o que esta organización es la que mejor puede hacerlo. (Flickr)

Hay que mirar más allá de lo obvio. Esta tendría que ser una máxima de vida, de debate y de análisis, pero la mayoría de veces se queda en una mera intención. Parece que, para nosotros los humanos, es muy difícil ir más allá de lo evidente, de lo obvio. Un ejemplo es el de los discursos: las personas se quedan con lo que escuchan (con lo superficial) y no van más allá. Por esto es que muchas veces se considera como pacíficos a aquellos que solo creen en la guerra y como revolucionarios a los que solo quieren mantener el statu quo.

Esta premisa tan básica, pero tan importante, es la que resume el aporte de uno de los pensadores que aún es de los más innovadores desde el siglo XIX: Frédéric Bastiat.

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Fuera del discurso, en los demás ámbitos también se suele hacer análisis sobre lo evidente y no ir más allá. Muchos pregonan su interés por defender fines loables sin darse cuenta que, en realidad, lo que hacen es trabajar por evitarlos o, peor, por impedirlos. Es más, pasan a la posteridad como defensores de lo que, mirando más allá de la superficie, son meros verdugos.

De esto último hay dos ejemplos recientes en Colombia.

La semana pasada, algunos estudiantes hicieron una manifestación, supuestamente, en defensa de la educación. Lo de menos es que, por los destrozos que ocasionaron, ponen en duda la calidad de la poca o mucha educación que han recibido.

Lo más importante es reconocer que, contrario a lo que dicen defender, ellos no están preocupados por la educación en el país (la cobertura o la calidad), sino en que esta sea prestada por centros educativos estatales (que, además, confunden llamándolos públicos). Además, toda la concentración de energía –y de manifestaciones– se centra en la obsesión para que esos centros educativos reciban más recursos por parte del Estado.

La confusión se encuentra en que asumen que la educación es un servicio que solo puede ser proveído por el Estado o que esta organización es la que mejor puede hacerlo. Pero esto habría que demostrarse. Como si fuera poco, tendría que demostrarse que cualquier otra forma de prestación del servicio o no es viable o no es deseable. Es compartido por amplios sectores de la población que, por ejemplo, no es positivo que existan organizaciones con ánimo de lucro que presten servicios de educación, pero la justificación de tal creencia no es clara. ¿Cómo el ánimo de lucro impide una mayor cobertura o mejoras en calidad? Si este fuera el caso, ninguna mejora se podría presentar en ningún sector en el que impere la iniciativa privada. De lo contrario, tendría que demostrarse que la educación, en su naturaleza, no en sus supuestos objetivos, funciona diferente a cualquier otra actividad humana.

 

Otro ejemplo es el de la cultura. Algunos intelectuales dicen estar interesados en su preservación y difusión, pero en realidad lo que les interesa es mantener financiados sus proyectos personales. Así confunden lo que ellos creen es cultura y la forma de preservarla con que esto sea función del Estado y, por lo tanto, que para proteger las expresiones culturales es necesaria la financiación por parte de todos, a través de nuestros impuestos, de manera coercitiva.

Sin embargo, en ambos casos, el énfasis que se pone en la financiación y provisión estatal de las actividades es una forma de evitar el cumplimiento del objetivo inicialmente planteado. Si la cuestión es, por ejemplo, de más cupos en la educación, es evidente que una forma como esto se puede lograr es permitiendo que existan muchas alternativas. Pero, para ello, no puede considerarse el Estado como la única opción.

Del lado de ciertas expresiones culturales, el argumento es un poco más complejo, pero puede reducirse de manera semejante. Si se considera que los proyectos deben ser financiados por el Estado, es evidente que los recursos, siempre escasos, no alcanzarán sino para financiar unos pocos proyectos. Nadie garantiza que sean los mejores. Nadie garantiza que sean los que realmente (¿cómo determinarlo?) reflejen la cultura. Lo más seguro es que los financiados serán unos pocos proyectos, cuyos líderes sean solo quiénes tienen cercanía con el poder político.

  • Lea más: El fracaso de la educación pública en Argentina: sin responsabilidad no hay calidad

Pero lo peor es que los preocupados por ambas actividades parecen no reconocer la gravedad de lo que desean. Financiación y prestación estatal de la educación suena muy bien. En abstracto. Pero ¿qué pensarían esos mismos defensores si el Estado es el que decide lo que se enseña y cómo se enseña? Lo mismo sucede del lado de la cultura. Así como financiará proyectos, tendrá que seleccionarlos. Este poder de selección también implica la definición de criterios para establecer qué es cultura y cuáles expresiones son dignas de difusión.

En últimas, los que promueven la estatización de estas actividades están abriendo la puerta a la propaganda, al adoctrinamiento y a la censura. Al final, ni educación ni cultura. ¿Alguien puede pensar en una mejor forma de impedir la obtención de lo que supuestamente tanto se desea?

Etiquetas: educación públicaopinión
Javier Garay

Javier Garay

Javier Garay es profesor en la Universidad Externado de Colombia. Escribió dos libros sobre temas internacionales, uno de ellos sobre el desarrollo económico, tema sobre el que está realizando su tesis doctoral. Síguelo en Twitter en @crittiko, y visita su blog personal: Crittiko.

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