English Version
Hace unos días, el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer aparentemente denunció unos fraudulentos cambios metodológicos en la construcción del índice Doing Business para afectar electoralmente a la presidenta chilena, Michelle Bachelet. La denuncia es aparente porque, unos pocos días después, y cuando el escándalo ya había estallado, Romer explicó en su blog que no había dicho lo que dijo.
El problema es que el daño ya está hecho. La asimetría es tal que en Internet se encuentra la noticia del supuesto fraude en casi todos los medios, en cualquier idioma. El reporte de la retractación, no obstante, es más difícil de encontrar: casi nadie lo registró.
Es comprensible. Al fin y al cabo, en la narrativa generalmente aceptada, el Banco Mundial y las demás instituciones financieras internacionales (IFI) son supuestamente los instrumentos del “imperialismo” para imponer lo que más se odia: el capitalismo. En este sentido, semejantes declaraciones de un funcionario tan importante del Banco Mundial no son sino una ratificación de la maldad que ya muchos sospechaban. A pesar de la inexactitud, por decir lo menos, de estas creencias, este espacio no lo dedicaremos a refutarlas.
Lo importante es que el daño ya está hecho y que éste será un duro golpe a la credibilidad de los intentos de medición de realidades económicas que no solo afectará al Doing Business, sino a todos los demás existentes.
La discusión no se puede dar sin partir de dos realidades. La primera es que todo intento de medición es susceptible de mejora y de cambio. Una cosa es la teoría económica, cuyas diferentes hipótesis establecen la relación entre diversas variables y otra es la demostración empírica. En la mayoría de ocasiones, esa demostración empírica va a estar limitada (afectada) por qué medir y cómo medirlo. En este sentido, no tenemos mediciones perfectas, sino aproximaciones a los fenómenos que pretendemos entender.
En un sentido más amplio, la segunda realidad es que la cuantificación de esos fenómenos no es el objeto ni de la ciencia económica, ni muchos menos de la acción política. La medición es simplemente un instrumento para evidenciar relaciones entre variables que han sido aportadas como hipótesis en la teoría económica y que, en la práctica, son utilizadas por los tomadores de decisiones y por los hacedores de política para obtener unos resultados esperados.
Así las cosas, todas estas mediciones no solo son imperfectas, sino que también tienen intenciones claras, desde un punto de vista de la concepción económica, que tiene, a su vez, implicaciones políticas. En este sentido, las mediciones, además de arbitrarias, tienen unos sesgos teóricos o ideológicos. Pero eso no las debe desacreditar. Al contrario, es una forma para demostrar la validez, coherencia y consistencia de hipótesis específicas.
Es decir, si usted se encuentra con una medición de libertad económica (como ésta o ésta) y conoce las variables que se incluyen en ella, los resultados los puede usar para demostrar cualquier hipótesis relacionada o para formular políticas en relación con el papel del Estado en la economía. Es una cuestión de evidencia.
- Lea más: Índice de Libertad Económica: Venezuela, Argentina y Brasil los peores en América Latina
- Lea más: Gobierno de Michelle Bachelet deja una deuda de USD $12 mil millones solo en intereses
Pero ahí está el problema. Como la mayoría de estos informes demuestra una relación positiva entre libertad económica y buen desempeño económico y/o bienestar de los ciudadanos, aquéllos que han construido sus carreras desde hipótesis contrarias, prefieren no tener en cuenta esta evidencia. O, mejor, desacreditarla como “sesgada” o “arbitraria”. Esto es más cómodo que re-pensar las ideas propias o renunciar a ellas.
Por ello, más se demoró Romer en decir que habían ocurrido unos cambios metodológicos, sin ser claro en cuáles, que muchos en decir que el instrumento no sirve o que tiene intenciones políticas. Poco importa saber cuáles son exactamente los cambios hechos, qué tanto afectaron la calificación final y, lo más importante, si el cambio metodológico se hizo, basado en información falsa. Ahí sí podría haber fraude. De resto, el cambio metodológico es muy difícil de demostrar su intención política.
Además, para el caso puntual de Chile, ¿es posible sostener y demostrar que los electores toman sus decisiones basados en los resultados de informes como el de Doing Business? Dependiendo de esta respuesta, la supuesta denuncia de Romer perdería relevancia. Incluso, si los cambios metodológicos se hubiesen hecho para afectar, entre 190 economías, a un solo gobierno, esto sería más bien una demostración de lo pretenciosos, arrogantes y desconectados de la realidad que fueren los funcionarios del grupo Banco Mundial. ¿Será que ellos creen que lo que digan sus informes determina los resultados electorales?
El daño ya está hecho. No sabemos cuál será el verdadero impacto de las declaraciones – ciertas, malinterpretadas o lo que sea – hechas por Romer en los varios ránquines que conocemos y que sirven como evidencia. con fines académicos y de política pública. Lo que sí sabemos es que el escándalo adquirió vida propia porque fue más una confirmación de lo que muchos quieren creer que lo que realmente es. Es mejor, para muchos, dar las discusiones basándose en ideas, creencias y anécdotas que en evidencia objetiva.
