Efectos negativos de la acción estatal: otro ejemplo desde Bogotá

Las decisiones de política pública nunca serán perfectas

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El canal ubicado en la calle sexta se había convertido en el refugio de los habitantes de calle antes asentados en el Bronx, Bogotá. (Twitter)

Personas viviendo en la calle es un asunto pendiente por resolverse en Bogotá. Hace unos días los medios mostraron cómo se ha incrementado la presencia de estas personas en una zona residencial de la ciudad y con alto nivel de tráfico.

Hace casi dos años, la actual alcaldía decidió intervenir una zona en la que se concentraron muchos de ellos por muchos años. Allí consumían drogas y participaban en todo tipo de delitos y crímenes, como victimarios, pero también como víctimas.

La intervención se presentó como necesaria por parte de la alcaldía. Así, se decía, se atacaba de manera importante el microtráfico de drogas, se rescatarían a miles de estas personas de los males del consumo de drogas y de todos los abusos a los que eran sometidos y la ciudad tendría un impacto positivo en seguridad, además de que se recuperaría una importante zona.

Un año después de la intervención, ya se veían avances en términos de renovación urbana. En esa misma parte se espera la puesta en marcha de un complejo que el actual alcalde avizora como de producción artística en la capital. De igual manera, un año después no miles, pero sí cientos de antiguos habitantes de calle estaban siendo tratados de sus adicciones como parte de programas financiados por la alcaldía.

Pero hasta ahí las buenas noticias. La intervención en el Bronx no solo no solucionó el problema que buscaba mitigar, sino que creó otros nuevos. Estudios han mostrado, sobre lo primero, que la población de habitantes de calle o se ha mantenido igual o ha tendido a incrementarse.

De igual manera, los problemas de microtráfico y criminalidad en la ciudad no se han reducido de manera significativa. Por su parte, aunque algunos de los antiguos indigentes hayan decidido dejar de consumir drogas, miles de ellos siguen en las calles. Esto ha hecho que, ya no una, sino varias zonas de la ciudad, como la mencionada al inicio de este escrito, estén presenciando la llegada masiva de consumidores y el deterioro de sus entornos.

Este caso muestra varios de los problemas de la acción estatal, incluso con las mejores intenciones y en cumplimiento, en principio, de sus legítimas funciones. Si para algo existe el Estado es para preservar la seguridad de los ciudadanos. Esto pareciera ser el motor de medidas como la descrita.

Sin embargo, para cumplir esa función ni todas las políticas son adecuadas, ni todas están justificadas.

En este caso, la medida adoptada tiene varios problemas. Primero está la concepción —sorprendente, porque fue adoptada por personas que, como Daniel Mejía, son conocedores del tema— según la cual una intervención en la zona de consumo haría que todos esos individuos decidieran dejar de consumir y que las mafias y demás delincuentes que los rodeaban decidirían abandonar sus actividades delincuenciales. Es inconcebible que, como parece ser, no hayan tenido en cuenta que lo más seguro sería que eso no sucediera.

Segundo está el tema de la formulación de políticas. Este caso nos permite recordar que una buena política no depende necesariamente de funcionarios honestos y preparados, sino que siempre estará afectada por miles de variables que ni los mejores funcionarios pueden controlar. Como ya mencioné, el círculo de tomadores de decisiones en temas de seguridad de esta alcaldía no son el problema.

No obstante, la decisión fue afectada por la incertidumbre de sus efectos y, además, pudo haber sido promovida más por cálculos políticos que por una profunda reflexión sobre su efectividad/necesidad. Sobre esto último, no puede olvidarse que la llegada al poder de Enrique Peñalosa, actual alcalde, estuvo marcada por fuertes críticas de la ciudadanía, una gran impaciencia por resultados inmediatos y una envalentonada oposición.

Esto pudo haber creado el contexto para creer que la intervención era necesaria por su impacto mediático y desdeñar sus esperables resultados indeseables.

En tercer lugar, se encuentran las consideraciones típicas de la escuela de la elección pública y que sirven no solo para darle mayor estructura a las intervenciones estatales, sino para limitarlas y reducir sus impactos negativos. ¿Algún cálculo costo – beneficio desde el punto de vista social se hizo para tomar la decisión? ¿Son los beneficios de la renovación urbana y la recuperación de 550 personas superiores, desde un punto de vista social, a los efectos negativos de la intervención?.

¿Existe evidencia para pensar que estos costos pueden reducirse en el mediano y largo plazo, mientras que los beneficios tenderán a aumentar? Aunque lo que sucedía en el Bronx puede generar todo tipo de indignaciones y de presiones para una acción decidida por parte de las autoridades, no siempre “hacer algo” es lo mejor.

Por último, es necesario reflexionar sobre la concepción que se tiene de personas de los habitantes de la calle, incluidos aquéllos que lo son por consumo de drogas. ¿Una persona por consumir drogas, y todo lo que esto implica, debe ser considerada como incapaz de decidir por sí misma? Esta es una discusión (y así debe serlo) moral y filosófica, en lugar de empírica o política.

Esto último, porque es evidente que estas personas sí deciden: algunas de ellas se acogieron a la alternativa de la recuperación, mientras que otras prefirieron mantenerse en su vida. Así, las personas deciden así no nos gusten sus decisiones ni la forma como viven.

Pero la cuestión es moral porque tiene que ver con a quiénes les reconocemos que tienen (que deben tener) la dignidad completa como para tomar esas decisiones. Es filosófica porque esto plantea las bases del tipo de sociedad que queremos y, claro está, del tipo de Estado que actúa ante los que consideramos problemas sociales.

Las decisiones de política pública nunca serán perfectas. El punto está en cómo hacer para que sus efectos negativos se minimicen, mientras que abren la puerta a la solución de problemas colectivos. Las decisiones por popularidad y/o por cálculos políticos no son un buen comienzo como lo demuestra esta medida en Bogotá, cuyos efectos seguramente no hemos terminado de presenciar.

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