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Bajo el eufemismo de “ley de financiamiento”, el gobierno de Iván Duque presentó, en días pasados, su propuesta de reforma tributaria en Colombia. En este país, utilizamos esta denominación para referirnos a un ejercicio que hace, al menos una vez, cada gobierno para incrementar los ingresos estatales, sin preocuparse por moderar en qué se gastan.
Del comprensible debate y las muchas críticas al proyecto, han surgido al menos tres grupos de ciudadanos que, lejos de permitirnos llegar a conclusiones, están contribuyendo a incrementar las confusiones y las malinterpretaciones. En este escrito me referiré al primero de ellos y, en una próxima entrega, abordaré los otros dos.
La existencia de estos grupos es problemática en tanto facilita la labor del gobierno de lograr, a final de cuentas, quedarse con más del dinero que producimos los ciudadanos, sin necesidad de justificarlo ni de comprometerse con usarlos de una mejor manera o de requerir menos en un futuro cercano.
El primer grupo es el conformado por los opositores. Acá se encuentra un amplio grupo de ciudadanos, cercanos a las diferentes variantes de la izquierda, cuyo común denominador es que desde la misma campaña decidieron que este gobierno va a ser un desastre. Así, creen ellos, se justifica, para 2022, la llegada de un gobierno cercano a sus preferencias políticas, incluida una opción socialista.
Estos ciudadanos están empeñados en alimentar una narrativa que les permita confirmar su sentencia anticipada. En este proceso, no le van a conceder una sola al gobierno, incluso una reforma tributaria.
Precisamente, en su afán de pintar un panorama catastrofista, existen dos pequeños grupos dentro de los opositores. De un lado, se encuentran los ingenuos. Acá se encuentran los que, en coherencia con su ideología, pretenden tener un Estado con un altísimo gasto público, pero de manera casi que metafísica no nos dicen cómo debemos financiarlo.
De manera ingenua parecen creer ya sea que semejante Estado no requiere de más recursos ya sea que estos solo los deben pagar los “ricos”. Poco importa que esa categoría es de difícil determinación y más en un país que, como Colombia, aquéllos que tienen ingresos muy por encima del promedio, son una verdadera minoría.
Así, pensar que solo los que “más tienen” (grupo que nos deberían explicar desde qué nivel de ingresos comienza) deben pagar por los gastos estatales implicaría la necesidad de aplicarles a esas personas (que, de nuevo, no sabemos quiénes son) impuestos casi que confiscatorios. Esto, sin duda, tendría efectos perversos en relación con la salida masiva de estas personas del país. En particular, si la confiscación se concentra en los más ricos de los ricos, que pueden fácilmente irse, con su dinero, a otros países más amables.
Algunos cambian esa ingenuidad por una confusión. Confunden la riqueza (que es personal) con las ventas o las utilidades (que son de las empresas). Así, consideran estos ingenuos que el enfoque de la política tributaria deberían ser las empresas. Poco o nada les importa que estas organizaciones transmiten esos costos adicionales a los consumidores o a los empleados o a ambos. Poco o nada les importa qué tipo de efectos tendría esta política en las decisiones de inversión de empresas ya existentes, en la creación de nuevas empresas o en el crecimiento de algunas ya existentes, pero que son pequeñas o muy pequeñas.
Además de los opositores ingenuos, se encuentran los oportunistas. En este grupo se encuentran los más radicales. Los que no solo alimentan, sino que se creen la imagen catastrofista del país: en realidad creen que las cosas nunca han mejorado, sino que siempre están mal…y empeorando. Esas creencias, además, están basadas en la idea según la cual esos problemas que ellos identifican son resultado de algún tipo de lucha de clases, en la que siempre ha existido la explotación de las élites (que nunca nos dicen cuáles ni quiénes son) a las mayorías (que no nos explican tampoco quiénes son). Por ello, consideran que la única salvación es la imposición de un modelo abiertamente socialista o cercano a ese modelo.
Son muy hábiles, sin embargo. Como saben que, a pesar de todo, la colombiana es una sociedad que rechaza la idea de la implementación de ese modelo opresor (como han demostrado las acciones de las guerrillas marxistas que hemos padecido por décadas) y fracasado (como demuestra el caso cercano de Venezuela, tienen como propósito llegar al poder no solo vendiendo sus creencias catastrofistas, sino hacerlo suavizando las implicaciones de la propuesta que ellos hacen. Estos son los que critican cualquier intento de apertura comercial, pero luego dicen que eso no quiere decir que sean proteccionistas, sino que ellos creen en una apertura basada en las necesidades del país (algo que no nos dicen qué quiere decir ni cómo se implementaría).
De igual manera, nos dicen que ellos no están en contra de la propiedad privada, pero nos justifican una supuesta necesidad de repartir más la riqueza, de imponer más regulaciones e intervenciones en el mercado, etc.
Estas características hacen que este grupo tenga un papel de confundir a la opinión pública. Los opositores oportunistas están en la labor de aprovechar la resistencia a la reforma propuesta generando la idea según la cual el incremento de impuestos demuestra que la opción que está hoy en el poder es lo mismo que la contraria que se presentó en campaña.
Es decir, están tratando de convencernos de que un gobierno socialista es igual a un gobierno intervencionista; que los impuestos, a pesar de ser un robo legalizado, son lo mismo que una política de expropiaciones y nacionalizaciones; que el intervencionismo, con todos sus problemas y desventajas, es igual a acabar con el mercado.
Mientras tanto, otros grupos contribuyen más a la campaña de desinformación y, en el fondo, de evasión (!) de los debates realmente importantes.
