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EnglishEn Ecuador, cualquier individuo que difame o injurie otra persona, incluido un oficial de gobierno, es culpable hasta que se pruebe inocente.
Hace algunos años, el Presidente de ese país, Rafael Correa, ganó cientos de miles de dólares como resultado de una sentencia contra Banco Pichincha. El año pasado, también ganó un caso contra el periódico de Guayaquil El Universo.
Este proceso amenazó con cerrar el periódico y dejar a cientos de empleados en la calle. El Presidente ganó el caso, pero fue lo suficientemente inteligente para solicitar una disculpa pública en vez de sanciones monetarias, lo que le permitió al periódico seguir trabajando.
La ley ecuatoriana de difamación e injurias se aplica a ciudadanos y organizaciones, como medios gráficos, así como también a las estaciones de radio y televisión. Incluso los dueños de blogs y sitios webs pueden ser demandados. Pero, ¿cómo se controla la difamación en las redes sociales, cuando sus propietarios se encuentran lejos del país, y aquellos que realizan las ofensas pueden usar falsas identidades?
Los gobernantes de Ecuador han decidido enfocar sus acciones en hacer al respecto – o, al menos, intentarlo.
Determinar la identidad de una persona que realiza una publicación en Facebook, Twitter u otra red social, no es ni fácil ni simple. El gobierno ecuatoriano podría conseguir esa información, si fuera para razones de seguridad nacional. Pero siendo la causal “difamación”, la mayoría de las redes sociales se niegan a colaborar.
Entonces, ¿cómo puede Ecuador continuar determinando quién difama a quién en las redes sociales? En estos momentos, el gobierno está considerando instalar cámaras de videoen cada Internet café que se encuentra en el país.
El proyecto tiene muchas fallas, entre las cuales el ridículo costo de la implementación. Antes de discutir las fallas, veamos mejor la inequidad que implica.
Pobres vs. Ricos
Poseer Internet en el hogar es altamente costoso en Ecuador. Si lo comparamos con el costo del salario básico, el costo del servicio en una ciudad lo suficientemente grande para proveerlo representa el 6% del mismo, y solo para proveer Internet por cable de una velocidad de 2 – 2.5 Mb/segundo.
Es casi imposible obtener una línea telefónica por cable en Ecuador, e internet con cable coaxial está disponible solo en las ciudades y poblados más grandes. Eso implica que millones utilizan celulares o wireless internet (que no es lo mismo que WiFi), los cuales son más costosos incluso ofreciendo un servicio de menor calidad.
¿A dónde queremos llegar? Nuestro punto es que la persona de bajos ingresos que usa un café para conectarse a internet, porque no puede pagar o no tiene acceso al servicio de internet que impide el espionaje visual. Entonces, serán solo los más pobres quienes serán vigilados por el gobierno si éste continúa con su plan de monitorear los cafés.
¿A quién beneficia?
Es necesariopreguntarse quién es beneficiado con esta medida. ¿Permitirá el gobierno de Ecuador a un particular que es injuriado por otro acceder a todas las grabaciones de las cámaras, y a toda la información recolectada de los Internet Service Providers (ISP)?
¿O es acaso un plan para eliminar el disentimiento público con el gobierno? Con el comienzo de la exploración petrolera en el Parque Nacional Yasuní, y la decisión del Presidente de eliminar el límite de dos mandatos consecutivos a su cargo, el gobierno ha visto a sus oponentes utilizar las redes sociales para difundir y criticar estas decisiones.
¿En qué punto el gobierno decide que una crítica es una injuria?
Los defectos
Como se puede observer fácilmente, hay fallas en este plan de vigilancia.
Mencioné el costo, que seguramente será ridículamente alto para lo que se ganará en cambio si se considera que al menos una cámara de video deberá se rinstalada en cada café internet. Además, al menos una cámara en cada cabina telefónica del país, dado que la gran mayoría de éstas poseen Internet. Hay miles de cabinas en Ecuador, debido a la ya mencionada dificultad de obtener una línea telefónica en el hogar.
Encontramos todavías más fallas en el plan. Quizás el lector pueda descubrir más.
- El control por video se muestra inútil desde que es imposible monitorear a todo el mundo — sobre todo, a aquellos que no quieren ser monitoreados. Mientras las clases más pobres están obligadas a usar cafés, la clase media y la clase alta poseen servicio de Internet en el hogar – y ellos nunca permitirían al gobierno vigilarlos dentro de sus casas. Paralizarían Ecuador hasta que tal ley se derogue. Lo han hecho antes, y a pesar de que la ciudadanía se volvió complaciente en los últimos años, una intrusión de ese género los haría confrontarse nuevamente.
Centros comerciales, restaurantes, universidades, hoteles y aeropuertos proveen servicio de WiFi gratuito en todo el país. ¿Puede el gobierno avanzar en el monitoreo a través de cámaras de video de cada edificio que ofrezca WiFi? Intentarlo generaría un gran conflicto en el país.
Además, poseer servicio de internet en el teléfono móvil significa que cada persona sentada en una playa o en la cima de una montaña puede usar Facebook y Twitter, sin miedo a las videocámaras (a pesar de que una vigilancia en tiempo real a través de satélites sería posible). Siendo poco práctica la vigilancia por video, cuando no imposible, la única opción que queda es controlar el uso del ISP.
- Controlar el ISP para encontrar un difamador significa controlar el tráfico de al menos dos compañías de TV por cable, tres compañías nacionales de telefonía, tres proveedores de servicios de telefonía móvil, y docenas de proveedores de wireless regionales o locales. Por supuesto, solo en el caso de personas que publiquen contenido dentro del país. Ecuador nunca obtendría permiso para revisar tráfico de otros países solo por simples razones de difamación.
- Incluso las personas dentro del país pueden publicar cosas en las redes sociales sin ser detectadas. Pueden configurar una cuenta de correo electrónico con falsa información personal en Gmail, Yahoo!Mail o Outlook.com, y crear sucesivamente cuentas falsas en Facebook o Twitter con esos correos electrónicos falsos. Efectivamente, realizar eso va contra los términos del servicio, pero Facebook tiene más de mil millones de usuarios y Twitter más de 500 millones: es poco probable que noten la falsedad de una cuenta hasta que alguien la denuncie directamente. ¿Y entonces? ¿Rastrear la dirección IP usada para difamar? En Estados Unidos, no sería posible sin una orden de la Justicia.
- Como protección adicional, cualquiera que intente realizar difamación utilizará un servidor proxy para ocultar su dirección IP al postear en una red social. Eso añade una nueva presentación ante una Corte de un país en donde Ecuador no tiene jurisdicción.
La única opción posible
Si la idea de las cámaras de video es inviable dado que éstas permiten vigilar solo a una parte de la población, controlar los ISP es igualmente imposible. Con tantos métodos disponibles para ocultar la identidad de una persona, es muy difícil atrapar y acusar a alguien que deliberadamente no quiere ser encontrado.
Entonces, para Ecuador será también imposible acusar a alguien de difamación en las redes sociales alojadas fuera del país.
¿Qué queda entonces? Censura, como China e incluso naciones más desarrolladas como Australia.
La única forma en la que el gobierno de Ecuador podría controlar la difamación en Twitter y Facebook sería censurando estas redes. Pero restringir su acceso traería acusaciones de restricciones a la libertad de expresión que el gobierno de Correa quizás no sea capaz de enfrentar, aunque otras naciones han demostrado que puede hacerse.
De cualquier modo, descriminalizar la difamación sería la acción más simple, permitiendo a los ecuatorianos, particularmente a los políticos, enfrentar constructivamente las críticas.
