El 25 de septiembre de 2015, el presidente del Ecuador envió con calidad de urgente en materia económica el proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, para su evaluación en la Asamblea Nacional.
Un repaso a lo que propone esta ley
Las alianzas público-privadas (APP) son aquellas relaciones entre el Estado y el sujeto privado en las que se acuerdan fórmulas de participación conjunta para los sectores estratégicos de interés general.
Dentro de la constitución ecuatoriana (artículo 313), se establecen como sectores estratégicos la energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, el transporte, refinación de hidrocarburos, el espectro radioeléctrico, el agua, y la biodiversidad y el patrimonio energético. Se da al Estado la gestión de estos sectores estratégicos.
Se crea el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas como un órgano colegiado de carácter intersectorial de la función ejecutiva para la aplicación de los incentivos y regulaciones vinculadas a las APP.
Dentro de las APP el Estado determina con mayor o menor extensión los objetivos que quiere alcanzar y sus indicadores, mientras que el gestor privado se encarga de alcanzarlos del modo más eficiente posible, junto con las distintas fases de ejecución del proyecto: Diseño, construcción, mantenimiento, y la operación de la infraestructura y el servicio.
Para que el sector privado se sienta cómodo invirtiendo sus recursos, las APP generarán ingresos a futuro, que podrán ser generados por los usuarios del servicio o por los pagos del Estado. Además se genera una serie de incentivos para los empresarios que deseen invertir en las APP.
Diferentes reacciones sobre las APP
El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Henry Kronfle, ve como positivo el proyecto de las APP y destacó aspectos de esta normativa que han sido pedidos por los empresarios desde hace varios años. También resaltó los incentivos para los empresarios en estas asociaciones, como “exoneración del Impuesto Sobre La Renta por un tiempo determinado, al Impuesto de Salida de Divisas, o la supresión al Impuesto al Valor Agregado cuando lo amerite”.
Mientras, otros sectores de la parte privada del país critican que el proyecto solo esté conformado por los ministerios de la Producción, de la Política Económica y la Secretaría de Planificación, y esté ausente un delegado del sector privado en el Comité Interinstitucional.
Recientemente el alcalde de Guyaquil, Jaime Nebot, quien es firme opositor al Gobierno de Rafael Correa, expresó que el proyecto presentado tiene una “buena finalidad”, pero también indicó que “algo muy importante es que sin confianza y sin credibilidad, ninguna ley funciona“.
El excandidato presidencial y actual líder de la segunda fuerza política en el Ecuador, Guillermo Lasso, manifestó que este proyecto de ley “intenta crear de un plumazo aquello que el correísmo no ha podido generar en 9 años: un clima de certidumbre institucional y confianza que incentive la inversión privada local y extranjera”.
Para el opositor, “eso es quimérico, es querer dar una solución técnica a un problema político”, más aún cuando la Asamblea que aprobará esta ley es la misma que ha llevado al caos institucional del Ecuador durante todos estos años.
La solución del “peor es nada” para una crisis gubernamental
Esta semana, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el documento para que pase a debate en el pleno de la Asamblea Nacional. Y ante las preocupaciones del sector privado, la presidenta de esta delegación, Lídice Larrea, sostuvo que el comité regulador de las APP sería integrado solo por miembros del sector público, pero que llegaron a un acuerdo con el sector privado para que participe como veedor.
La ley presenta varios beneficios para aquellas empresas que sean seleccionadas para convertirse en “gestores privados” e inviertan en los sectores estratégicos. Sin embargo, el problema va más allá de simplemente dar incentivos para ciertos “seleccionados”. Esos beneficios no son más que trabas para el comercio y no deben quedarse en manos de unos pocos, sino permitirse a todos aquellos que desean invertir por un Ecuador mejor.
¿Por qué dejar estos beneficios a unos cuántos cuando el Gobierno se ha dado cuenta de que son un problema para todos?, ¿Por qué un comité que está representado solo por funcionarios del oficialismo es el encargado de seleccionar quién será el gestor privado y quien no? ¿Por qué seguir pensando que el problema se resuelve con una ley cuando el control asfixiante del Estado ecuatoriano es el verdadero problema?
La solución no se encuentra entre las líneas de esta ley. Ecuador no necesita más leyes, lo que necesita es generar inversión, comercio y ahorro. Pero, esto no debe quedarse en las manos de unos pocos; nada garantiza que la elección de los gestores privados sea transparente o que no vaya a generar monopolios en estos sectores, más aún cuando el comité se encuentra en manos en gente ligada al Gobierno y con intereses propios.
De seguro, las organizaciones empresariales verán con mucho deseo la implementación de esta ley. Y no es porque todos ellos vayan a estar de acuerdo con ella, sino porque esta ley “al menos es algo”. Si alguien se pusiera en su lugar también aceptaría con mucho agrado esta ley, pero los ciudadanos debemos ver más allá y no simplemente querer una apertura para algunos, sino una apertura para todos.
Todos los beneficios que se plantea en esta ley nacen a raíz de diferentes impuestos que se han convertido en los elefantes blancos de la economía ecuatoriana. Unos de los requisitos para que exista más inversión en el país es la generación de confianza. Un empresario no está seguro de invertir su dinero en Ecuador porque no existe seguridad jurídica, porque el Gobierno no le brinda la confianza suficiente para saber que no le quitarán su dinero más adelante o que no hará que se incrementen los gastos de su empresa.
Las APP representarán algunos beneficios para la sociedad, y muestran que el gasto público de este Gobierno fue excesivo y ahora necesita de alianzas con los privados para solventar los costos. Pero también este “peor es nada” representa una burla, porque lo que el país necesita es comercio e inversión, no necesita de otra ley.
Definitivamente lo mejor está en desaparecer a todos los elefantes blancos que existen en la actualidad y dejar que todas las personas, y no solo los grandes empresarios, puedan decidir cómo y dónde impulsar la inversión que necesita el país.