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Imagina que tu gobierno no está ejerciendo su trabajo de manera eficiente, justa y honrada. Vives en una sociedad donde no hay Estado de derecho, ni separación de poderes. La única alternativa es la presión civil en las calles. Sales de tu casa y vas a protestar pacíficamente con tu familia, y amigos. Al llegar al lugar de convocatoria, te encuentras con una fuerza civil armada que está dirigiendo a los militares y la policía en una acción coordinada que te impide protestar de manera pacífica. Pues eso es lo que está pasando en Venezuela, y es algo que definitivamente no se puede permitir en Ecuador.
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Durante la semana anterior, varios proyectos de ley fueron enviados a segundo debate, en un acto casi desesperado y apurado, dado que la actual Asamblea Constituyente termina su período el 13 de mayo de este año. Entre ellos, uno de los que más se destaca por su controversial contenido es el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Este código engloba tres proyectos de ley remitidos a la Asamblea durante los años 2011 y 2012. El informe emitido durante el primer debate se dio en junio del 2013, y desde ese entonces, dicho proyecto se había visto estancado hasta su aprobación a segundo debate en días pasados.
El tema más polémico se da en la creación del Servicio de Protección Público (SPP), una fuerza civil armada, a cargo del gobierno. Dentro de las funciones de este organismo se encuentra brindar protección a los servidores públicos y a las entidades estatales. Además, puede coordinar y liderar operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional, en caso de que existan situaciones de “alto riesgo”.
¿Cuál es la finalidad y/o necesidad para querer armar civiles? Este proyecto es nefasto, y atenta gravemente a la paz que debería promoverse en un Estado de derecho. No hay motivo válido para tener una fuerza civil armada. Una fuerza civil que estaría plenamente bajo las órdenes de un solo partido político. El ministro del Interior, el presidente de la República, y demás instituciones estatales están en manos del movimiento oficialista. Al no existir separación de poderes en el Ecuador, todo queda en manos de Alianza País.
Incluso, es necesario mencionar que la creación de una entidad de civiles armados es inconstitucional. El artículo 158 de nuestra Constitución expresa solo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son las entidades que pueden precautelar la seguridad del país; por lo que, la creación de un SPP atenta contra la propia Constitución elaborada y aprobada por el movimiento oficialista.
Dar armas a civiles, y que estos estén bajo el control de un solo organismo, es algo sumamente grave. Parece que el oficialismo desea absorber más poderes de los que ya tiene, y para eso empieza a crear otros. Esta fuerza civil armada podría convertirse en un grupo paramilitar, como los muchos en Venezuela, que siga las órdenes de un solo grupo de poder, representando una amenaza a la seguridad de todos los ecuatorianos. Después de aproximadamente cuatro años que este proyecto se mantuvo en espera, se planea aprobarlo en menos de tres semanas, ¿Cuál es el apuro? ¿Acaso planean dar un último mecanismo de “seguridad” al gobierno antes de que se acabe este período?
Se debe respetar la seguridad de un país. La posibilidad de una fuerza militarizada del gobierno, debe poner en alarma a toda la sociedad ecuatoriana y a la comunidad internacional. Se debe evitar la aprobación de esta entidad. Que jamás tengamos miedo de protestar o expresar nuestra opinión libremente. Ecuador es y será un territorio de paz. Este proyecto erróneo e innecesario debe ser enviado directamente al tacho de basura.
Si desea conocer el proyecto de ley puede hacerlo acá.
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