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Pongamos un ejemplo. A la empresa X se le ha descubierto casos de posible malversación de fondos dentro del departamento de Marketing. Hasta ahora, se han encontrado pruebas de dos trabajadores de esa área; sin embargo, el director del área está “limpio”, dado que no se encuentran pruebas en su contra. ¿Qué debería hacer el presidente de la empresa? ¿Qué debería hacer el director del departamento al que le han encontrado irregularidades? Lo más sensato es que se despida a ese director, o que este, a su vez, asuma su responsabilidad y renuncie; puesto que era su departamento, y se supone que él lo tenía que supervisar. Si esto ocurre a nivel privado, ¿No tendría mucha más razón de suceder en un organismo gubernamental que maneja los fondos de más de trece millones de personas?
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A inicios de la semana pasada, con cinco votos a favor y dos en contra, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivó el pedido de juicio político contra el vicepresidente, Jorge Glas, por falta de pruebas. Tras semanas de investigación, entre las que no solo se contempló posibles pruebas de corrupción del caso Odebrecht, sino también de otros como el caso ‘Caminosca’.
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Lo que se sabe hasta ahora, es que varios exfuncionarios públicos están siendo acusados por corrupción, incluido el tío del actual vicepresidente, de quien hay que acotar que no ha trabajado en el sector público. Los delitos mencionados ocurrieron en los sectores estratégicos (refinería, telecomunicaciones, etc), los cuales eran responsabilidad del entonces ministro Jorge Glas. Incluso, a finales de la semana pasada empezaron a divulgarse registros de conversaciones entre el tío de Jorge Glas y funcionarios de la compañía brasileña, en donde se menciona a un tal “J.G.”. Ante las acusaciones en su contra, el vicepresidente responde que no sabía nada, y que investiguen a todos. Resulta curioso pensar que los ratones estaban haciendo tremenda fiesta y el gato no sabía nada.
El CAL, con mayoría oficialista, se equivocó en su resolución. En pocas palabras, lo que expresa el artículo 129 de la norma ecuatoriana, del cual se toma la legalidad para proceder con juicios políticos, es que se busca determinar responsabilidades políticas, no penales (“no será necesario el enjuiciamiento penal previo”). Si se remite a lo estipulado en la norma, Jorge Glas debe ser llevado a juicio político, tras ser el responsable político de los casos de corrupción que ahora se investigan en el Ecuador. ¿Por qué no sería culpable, si estos casos de corrupción se dieron en los denominados sectores estratégicos, de los cuales él era el ministro encargado?
A los miembros del CAL se les olvidó que no estaban juzgando penalmente al vicepresidente, y la razón del desistimiento (ninguna prueba cumplía los requisitos) no está acorde a lo estipulado en la constitución, dado que las pruebas contra el vicepresidente por responsabilidad política son más que suficientes. Los juicios políticos, buscan determinar la responsabilidad política de un funcionario; el tema de culpabilidad en el ámbito penal, lo debe llevar un juez competente.
Lo que queda claro es que Jorge Glas es el responsable político por todas estas irregularidades. En primer lugar, “responsable político” se refiere a la persona encargada de vigilar, controlar y supervisar determinado organismo gubernamental. Por ello, Jorge Glas al ser el encargado de velar por los sectores estratégicos debe ser el responsable de asumir las consecuencias políticas de su mala supervisión en dichos sectores. Aún quedan varias preguntas que deben ser respondidas, y estas deben darse frente a un organismo independiente del gobierno que fiscalice todas las actividades realizadas en la última década. En un país con separación de poderes e instituciones saludables, Glas ya habría renunciado a su puesto; pero en Ecuador, la historia es otra.
