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Si al Acuerdo ilegítimo no se le hacen ajustes de fondo y a la seguridad no se le da la importancia necesaria, Colombia quedará en grave riesgo de caer en manos del Socialismo del Siglo XXI y de volver a ser un Estado Fallido. De allí que propuestas como la de Sergio Fajardo, sin quererlo, nos llevarían en esa dirección.
En efecto, el Acuerdo ilegítimo ataca los fundamentos mismos de la democracia liberal y el mal Gobierno de Santos dejará al país en una situación alarmante.
El exgobernador y precandidato Fajardo, de los “independientes”, a quien como al exministro Pinzón respeto por sus servicios al país, dio una entrevista a El Tiempo en la que expone su visión.
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Allí señaló que
“el sentido básico de la propuesta es pasar la página de violencia y corrupción que ha marcado el país por décadas, a una nueva que tiene que ver con las capacidades y la apuesta por la riqueza en las regiones, de personas y de comunidades. Y esa nueva riqueza se hace desde la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura.(…)“ lo que se está aprobando [del Acuerdo] se tiene que cumplir.
Aunque es entendible que quiera diferenciarse enfocando su campaña en temas atractivos con los que absolutamente todo el mundo está de acuerdo, el problema es que el sol no se puede tapar con las manos.
Así, por ejemplo, ¿cómo hará para pasar la página de la violencia sin priorizar la seguridad? Las cifras y las encuestas demuestran que la comenzamos a pasar cuando el problema se abordó con realismo y decisión, priorizándolo.
En efecto, al finalizar el Gobierno Uribe, según Gallup, la inseguridad era la principal preocupación solamente del 17 % de los colombianos. Esto luego de haber recibido un país considerado como un Estado Fallido con 28.837 asesinatos y 2882 secuestros al año (lo único que preocupaba menos era la corrupción con el 10 %).
De esta forma, Colombia avanzó inmensamente en la aplicación práctica del primer derecho humano: el derecho a la vida. Desde entonces la tendencia se ha mantenido hasta el punto que el impacto del cese al fuego de las FARC ha sido marginal. Tal como lo analizó Mauricio Vargas, “de 25 por cada 100.000 habitantes en 2015 cayó a 24,4 en 2016 (…), una baja valiosa pero de apenas seis décimas”.
Sin embargo, la seguridad hoy es una bomba de tiempo como resultado del abandono del Gobierno y del contenido del Acuerdo ilegítimo. Lo primero lo concluyen, entre otros, los Estados Unidos. En cuanto a lo segundo, el Acuerdo consagra la no obligatoriedad de sustituir y erradicar narcocultivos y que el delito de narcotráfico se puede amnistiar.
Así, los narcocultivos vuelven a sus máximos históricos (el narcotráfico es el combustible de la violencia), varios grupos se han fortalecido o emergido, la fuerza pública está desmoralizada y la impunidad es infame.
Si hay algún consenso en la humanidad es que no puede haber paz sin justicia. Pero la JEP no consagra privaciones efectivas de la libertad y bajo su amparo se han liberado a los autores de algunos de los peores crímenes contra los derechos humanos. Por ejemplo, la bomba al Club El Nogal y los secuestros por años en la selva.
La seguridad también fue fundamental para que Colombia se recuperara económicamente, tal como lo demuestra Roberto Junguito en su libro de historia económica. Según su análisis, en nuestro país no hay manejo económico que pueda compensar la falta de seguridad física.
En ese contexto, Santos decía en su campaña de 2010 que Uribe había pavimentado la pista y que ahora correspondía despegar hacía el desarrollo.
Así las cosas, habíamos salido del Estado Fallido y estábamos pasando la página de la violencia. Ahora bien, ¿de dónde sacará los recursos para financiar su propuesta?
Junto con la seguridad, ellos son resultado de un Estado de Derecho fuerte y estable que promueva la inversión. Ésta crea y hace crecer las empresas las cuales generan empleos formales y de calidad. Y de todo lo anterior salen los recursos para financiar las políticas.
¿Cree entonces que la inversión llegará a un país donde la inseguridad jurídica se profundiza entre otras porque por el Acuerdo ilegítimo no es claro cuál es la Constitución y está amenazada la propiedad privada?
Según la respectiva reforma constitucional, tramitada mediante el dictatorial Fast-Track, los contenidos del Acuerdo no podrán ser reformados durante tres periodos presidenciales.
¿Entonces para qué elecciones? ¿en Colombia la soberanía ya no reside en el pueblo sino en las FARC? ¿se acaba nuestra libertad de elegir el rumbo de nuestro país?
¿Considera que la inversión vendrá a un país cogobernado por las chavistas FARC mediante la CSIVI la cual las autoriza a vetar cualquier reforma que proponga el Gobierno durante los próximos 10 años?
¡Los colombianos tenemos derecho a elegir quien nos gobierna y, obviamente, a que no nos los inpongan! ¡Esa es la esencia de una democracia liberal!
Por si fuera poco, el Gobierno anunció que el Acuerdo costará $129,5 billones de pesos (cerca de 44.000 millones de dólares), al tiempo que las calificadoras de riesgo lanzan advertencias sobre el estado de la economía por el menor crecimiento y un mayor déficit fiscal.
Si decide no modificarlo, ¿qué sacrificará del presupuesto? ¿acudirá al argumento populista de la seguridad? ¿continuará subiendo los impuestos exasperando a los colombianos y sacrificando el crecimiento?
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Las anteriores son algunas de las razones por las cuales el Acuerdo ilegítimo debe ser modificado, además de la obvia respecto a cortar de raíz cualquier mensaje de tolerancia al autoritarismo en Colombia que incentive a nuevas aventuras golpistas.
¡Por ningún motivo debemos aceptar la consolidación de precedentes autoritarios que nos están llevando a la opresión y empobrecimiento que vive la hermana Venezuela de Chávez y Maduro!
Las buenas intenciones de Fajardo no son entonces suficientes. Colombia debe abordar con realismo y decisión la amenaza que implica el Acuerdo ilegítimo para la vida, la libertad y las posibilidades de prosperar de los todos colombianos.
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