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Durante décadas la afirmación de que “Mientras más adinerada sea una nación, mayores posibilidades de que apoye la democracia” ha sido una visión convencional, y pieza central de la política exterior de EEUU. Esa cita es del trabajo seminal de 1959 del sociólogo político Seymour Martin Lipset “Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo económico y desarrollo político”.
Lipset fue el primero en plantear, sobre bases empíricas, una correlación entre desarrollo y democracia. Su tesis continúa guiando nuestra política exterior y se cita a menudo cuando se discute cómo promover transiciones a la democracia.
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En lo que se conoce como la hipótesis Lipset, el profesor teorizó que el desarrollo económico ayuda a consolidar la democracia expandiendo niveles de alfabetización, información y acceso a los medios, ampliando la clase media, activando organizaciones cívicas independientes, destacando la legitimidad y otros valores sociopolíticos. Lamentablemente, Lipset es uno de esos autores mucho más citado que leído.
De hecho, Lipset señalaba que la correlación entre política y democracia es una amplia lista de factores que cambian las condiciones sociales posibilitando la acogida de una cultura democrática. Esos factores, entre ellos industrialización, urbanización, riqueza y educación, constituyen las condiciones, no las causas, de la democracia. Como sugiere el título de este artículo, la relación entre desarrollo económico y democracia política es correlativa, no causal.
La política exterior de EEUU erra cuando se ignora la naturaleza contingente de la historia, y se relegan las complejas condiciones sociales y estructurales que conducen a la democracia a una variable económica simplista. El error se multiplica cuando correlación se confunde con causalidad. Como muestra Lipset, la prosperidad económica se encuentra a menudo acompañada de libertades personales, pero eso no significa que el crecimiento económico cause la llegada de reformas políticas.
El hecho de que dos eventos frecuentemente se observen juntos no significa que uno causa el otro: que el gallo cante cada amanecer no significa que el gallo provoca la salida del sol. En lógica el principio de que la correlación no implica causalidad se conoce como la falacia cum ergo propter hoc, que es decir en latín “con esto, por tanto es por esto”.
Las importantes implicaciones políticas de la hipótesis Lipset la han convertido en uno de los tópicos más investigados en ciencias sociales. Recientes estudios no apoyan la afirmación de que el desarrollo económico trae democracia. Lo más que se puede obtener de la evidencia empírica es que el desarrollo facilita la permanencia de la democracia, pero no la hace más probable.
En nuestro entendimiento actual, la democracia no emerge como consecuencia del desarrollo económico. Sin embargo, la política exterior de EEUU continúa dependiendo de la falsa causalidad del enfoque “desarrollo primero, democracia después”.
Casos atípicos fluyen en ambas direcciones con acaudaladas autocracias como Arabia Saudita y democracias pobres como Costa Rica. En el caso de regímenes totalitarios, está claro que el desarrollo económico no conduce a reformas políticas, como demuestran China y Vietnam. En sociedades totalitarias las élites tienen mucho que perder y se deciden por la opresión.
En el caso de regímenes autoritarios, la experiencia es mixta. Los casos divergentes de Corea del Sur y Singapur ilustran las limitaciones de los reclamos que el desarrollo alberga democracia. Las economías de ambos países han prosperado hasta los más altos niveles de la economía mundial. Corea del Sur parece ejemplificar circunstancias donde el incremento de riquezas contribuyó a la posterior consolidación democrática. Singapur, por su parte, vira la tesis de cabeza, pues el país permanece autoritario y se ha vuelto más represivo con el incremento de la prosperidad.
Nuestra comprensión de la relación entre tipo de régimen y desarrollo económico permanece, en el mejor caso, probabilística. Pero hemos aprendido que en anteriores sociedades comunistas no fue la economía la que generó los movimientos pro democracia. En esos países, la lucha esencial entre la población y las élites fue sobre derechos políticos y libertades civiles.
Por consiguiente, para promover la democracia nuestra política exterior debería actualizarse e informarse mejor, para comprender cómo los ciudadanos adoptan valores democráticos y presionan por reformas democráticas.
