El presidente argentino, Alberto Fernández, dio marcha atrás con la intervención que abría el camino para la expropiación de la agroexportadora Vicentin. A través de su cuenta en Twitter anunció que se deroga el Decreto de Necesidad y Urgencia 522 en el que ordenaba la intervención por 60 días.
“He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
Lista de argumentos
Entre las razones para tomar la decisión, alega que el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta el momento que el Estado pueda conocer cuál es el pasivo real de la compañía.
Fernández también afirma que ha impedido el acceso de la investigación a su gestión y ha mantenido en sus funciones a los mismos directivos.
Considera además que ante la pasividad del tribunal, los directivos en funciones siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019 de la compañía.
Por estas razones, Fernández sostiene que el Estado no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión.
“En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”.
La intervención
Vicentin es una de las mayores procesadoras y exportadoras de granos y derivados de Argentina. El Gobierno había ordenado en junio su intervención, argumentando que el 4 de diciembre de 2019 había entrado en cese de pagos.
Posteriormente, el 10 de febrero pasado, la compañía solicitó el concurso preventivo de acreedores en medio de una situación que la empresa calificó como de “estrés financiero”.
El Gobierno de Alberto Fernández estima que la deuda de Vicentin asciende a unos 1 400 millones de dólares, repartidos en 2 000 acreedores.