Tribunal suspende del cargo a gobernador de Río de Janeiro por corrupción

La Fiscalía acusa a Wilson Witzel de irregularidades en el manejo de fondos públicos en la gestión para combatir la pandemia

Wilson Witzel fue electo gobernador de Río de Janeiro en 2018 de la mano de Jair Bolsonaro y luego se convirtió en férreo rival político del presidente. (Efe)

Prometió acabar con la corrupción y hoy fue suspendido del cargo por cometerla. El Tribunal Superior de Justicia de Brasil ordenó este viernes el cese del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel. Al político se le acusa de irregularidades en el manejo de fondos públicos en la gestión para combatir el coronavirus en el segundo país más afectado por la pandemia, reseña la agencia Efe.

Wilson Witzel debe apartarse del cargo de gobernador inicialmente por seis meses, de acuerdo con la orden del juzgado. La decisión fue ordenada por el magistrado Bendito Goncalves y notificada a Witzel en su residencia oficial a las 06:20 de la mañana, hora local. Las autoridades también realizan allanamientos contra su esposa.

La Fiscalía General de Brasil acusa en total a ocho personas, entre las cuales está su esposa, Helena Witzel, y el presidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, André Ceciliano. La justicia brasilera también ordenó la captura de 17 personas vinculadas con la red de corrupción, entre ellos, funcionarios, políticos y empresarios.

De acuerdo con la investigación, el gobernador habría utilizado la oficina de abogados de su esposa para recibir dinero malversado a través de cuatro contratos simulados por un valor aproximado de 500 000 reales (unos 91 000 dólares). Además de los desvíos en el Poder Ejecutivo, algunos diputados y miembros del Poder Judicial también se estarían beneficiando del dinero público.

Prometía «limpieza política»

En 2018, Witzel fue electo gobernador de Río de Janeiro de la mano de Jair Bolsonaro con la promesa de luchar contra la corrupción y realizar una «limpieza política». En apenas año y medio se convirtió en un férreo rival político del presidente brasilero y ahora se enfrenta a un proceso judicial por corrupción.

Según la investigación de la Fiscalía, Witzel «estructuró una organización criminal» al asumir la Gobernación. Agrega el Ministerio Público que en el Gobierno regional había tres grupos disputándose el poder pagando sobornos a agentes públicos: «Liderados por empresarios, estos grupos establecieron algunas de las principales carteras estatales, como la Secretaría de Salud, para implementar esquemas que beneficiarían a sus empresas».

Hospitales para pacientes de COVID-19 sin construir

Ana Campagnolo, diputada estadal por el partido del presidente Bolsonaro, informó en su cuenta en Instagram que este operativo fue posible gracias a la información que suministró el exsecretario de Salud de Río de Janeiro, Edmar Santos.

Agregó la diputada que uno de los casos de corrupción más destacados tiene que ver con contratos para la instalación y operación de siete hospitales de campaña para tratar a pacientes con COVID-19, la mayoría de ellos no fueron construidos. Río de Janeiro es el tercer estado con más casos de COVID-19 en Brasil, segundo país del mundo con más infectados y fallecidos.

El pasado 11 de junio la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó con 69 votos de 70 posibles iniciar un juicio político contra Witzel con fines de destituirlo por sospechas de fraude en la lucha contra el coronavirus en su administración. El pasado 26 de mayo, la justicia ya había ordenado registrar la residencia del gobernador y la oficina de su esposa.

Su bandera: mano dura contra la delincuencia

En los primeros meses de su Gobierno, a Witzel se le atribuía como un logro de su administración haber logrado bajar significativamente la tasa de homicidios en unos de los estados más violentos de Brasil.

En agosto de 2019 fue blanco de críticas por celebrar la muerte de un secuestrador con un tiro certero de un francotirador. La operación permitió la liberación de 37 rehenes. Legisladores de izquierda lo tildaron de «sociópata». En dos meses, las estadísticas indicaban una caída en la cifra de inocentes y un aumento de muertes de delincuentes abatidos.

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