HRW ignora acusación de pedofilia al reclamar persecución contra Evo Morales

El Gobierno interino de Bolivia rechazó categóricamente la acusación de Human Rights Watch de estar abusando de la justicia para perseguir a opositores

Evo Morales
HRW asegura que hay motivaciones políticas en los cargos contra Evo Morales. (Archivo)

La organización Human Rights Watch (HRW) publicó este viernes un informe en el que afirma que el Gobierno interino de Bolivia “abusa del sistema de justicia para perseguir a opositores”. A pesar de las graves denuncias de pedofilia contra el expresidente Evo Morales, el informe victimiza al exmandatario, ignorando estas acusaciones y afirmando que hay motivaciones políticas en los cargos en su contra.

El informe titulado: “La justicia como arma: persecución política en Bolivia”, documenta casos promovidos por el Gobierno interino de Jeanine Áñez contra Evo Morales y sus colaboradores. Según HRW, estos procesos se han llevado a cabo con “cargos infundados o desproporcionados». También apunta a «violaciones al debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”.

La justicia sigue en manos del MAS

La administración de Jeanine Áñez negó estos señalamientos y le recordó a la organización que la justicia boliviana sigue estando controlada por los socialistas. “Rechazamos categóricamente el punto que hace referencia a una supuesta persecución política utilizando la justicia contra Evo Morales”, señaló este viernes en rueda de prensa el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez.

El funcionario invitó a HRW a informarse sobre cómo se encuentra el balance de poder en las instituciones bolivianas. Recordó que el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), tiene la mayoría en el Parlamento. Explicó que valiéndose de esta mayoría “preseleccionó” a todas las principales autoridades del órgano judicial que “está cooptado” por partidarios del exmandatario.

Evaluación selectiva

Human Rights Watch menciona varios casos de procesos judiciales abiertos contra colaboradores de Evo Morales. En lo que se refiere al exmandatario solo hace referencia a los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, calificándolos incluso como “desproporcionados”.

Sobre el resto de las denuncias, la organización solo agrega que “Morales también está siendo investigado por otras causas, pero la Fiscalía no ha presentado cargos contra él en esos procesos por ahora”.

No obstante, la lista de procesos judiciales abiertos contra Evo Morales es larga. La causa más reciente que ha conmocionada a la opinión pública es una denuncia por pedofilia. La vicepresidente del Senado, Carmen Eva González, llevó el caso a la Fiscalía. El Ministerio de Justicia también presentó la demanda formal por los delitos de esturpo y trata y tráfico de personas.

Entre las evidencias del caso se encuentran fotografías, videos y conversaciones entre Morales y una joven, con la que mantendría una relación desde que ella tenía 14 años. Esta no sería la única historia con una menor de edad. El 25 de agosto, el gobierno interino aseguró tener evidencias de que Morales registró una hija cuya madre dejó embarazada cuando ella tenía 15 años.

Si bien Evo Morales no ha ofrecido declaraciones al respecto, tampoco lo ha desmentido ni ha ocultado su gusto por las menores edad. En una reciente entrevista en una radio boliviana respondió sobre el tema que no estaba de acuerdo con el uso de “compañeras” en temas políticos. En una ocasión también dijo a los medios que cuando se apartara de la Presidencia se retiraría con su quinceañera.

La caída de Morales

Las primeras dos causas contra Morales fueron por los delitos de sedición y terrorismo, así como otros delitos presentados separadamente a finales del año pasado por funcionarios del gobierno interino.

En enero se inició otro proceso judicial por terrorismo, alzamiento armado, genocidio, atribución de los derechos del pueblo y otros delitos derivados de los sucesos que provocaron su salida del poder el 10 de noviembre de 2019 como consecuencia de las acusaciones de fraude en las elecciones del 20 de octubre.

El 10 de agosto, la Fiscalía boliviana admitió una denuncia contra el expresidente y dos de sus más cercanos colaboradores por el delito de genocidio. El 30 de julio, el gobierno interino interpuso una demanda contra Morales y varios dirigentes de su partido por delitos contra la salud pública por promover manifestaciones durante la pandemia.

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