La intolerancia y la represión de la dictadura de Nicolás Maduro no solo la sufre la oposición política tradicional y ciudadanos comunes que protestan o lo cuestionan, sino que también se ha ensañado contra los que una vez apoyaron al socialismo del siglo XXI, y quienes incluso aún lo defienden.
Al menos 45 venezolanos que forman parte del llamado “chavismo disidente” fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos entre el 5 de marzo de 2013 y el 1 de agosto de 2018, según una reciente investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
De este grupo, el 57 % de los casos sufrió vulneraciones a la libertad personal, 28,5 % a sus derechos laborales, 16,6 % a su libertad de expresión, 11,9 % a su integridad personal y el 7,1 % al derecho a la justicia.
“La persecución contra sus propias filas ratifica la naturaleza no democrática del régimen de Nicolás Maduro y la naturaleza estructural de la discriminación por razones políticas para su modelo de gobernabilidad”, destaca el estudio, titulado Persiguiendo al chavismo: Discriminación por razones políticas contra funcionarios de Hugo Chávez por parte de Nicolás Maduro.
La investigación, cuyo objetivo es “visibilizar la persecución sistemática del gobierno venezolano contra los voceros del llamado ‘chavismo disidente”, define a este grupo por tener alguna o varias de estas características:
- Mantener, al menos hasta la muerte de Chávez, una postura pública de respaldo al Gobierno, iniciando progresivamente una serie de cuestionamientos con los que marcaron distancia de la gestión de Maduro.
- Haber ejercido algún tipo de cargo público durante la gestión de Chávez.
- Que su identidad política sea de signo izquierdista.
- Y que, a pesar de su ruptura con la gestión de Maduro, no han pasado a formar parte de alguna organización político-partidista tradicionalmente opositora al bolivarianismo, ni en la coalición “Mesa de la Unidad Democrática”. Su espacio actual para el ejercicio del derecho a la libre asociación y reunión es una orgánica flexible para la divulgación de sus opiniones.
Aunque Provea inicia su investigación tras la toma de posesión de Maduro en 2013, el estudio reconoce que ya en años anteriores hubo fisuras en el seno del chavismo. Uno de las más destacadas fue en 2007, cuando Luis Miquilena, quien ocupó altos cargos dentro del Gobierno Chávez, y era conocido como su mentor, criticó duramente las reformas que el presidente pretendía hacerle a la Constitución mediante un referéndum consultivo. Fue una de las pocas derrotas electorales que el fallecido mandatario sufrió.
Pero no es hasta la gestión de Maduro, destaca Provea, cuando se manifiestan las dimensiones de antielitismo y antipluralismo que caracterizan a los populismos del siglo XXI, y “que ha impedido mediante diferentes mecanismos las expresiones de disentimiento emanadas desde personalidades que apoyaron a Chávez, acusándoles de ser parte, o cómplices, de la élite corrupta a la cual hipotéticamente estaría enfrentada su gobierno”.
Patrones de abusos
Provea identifica cuatro patrones que la dictadura usa contra la disidencia chavista.
El primero, y con el mayor número de víctimas (23), es el de la violación de la libertad personal mediante el uso del sistema de administración de justicia y vulnerando las garantías del debido proceso. La mayoría de estos casos ocurrieron alrededor del proceso electoral municipal del 8 de diciembre de 2013, donde las personas que se postularon fuera de la fórmula oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sufrieron represalias y detenciones.
Un ejemplo es el caso del diputado Germán Ferrer, quien por apoyar las denuncias de su esposa, la fiscal general (FGR) Luisa Ortega Díaz, fue acusado de promover una red de corrupción y extorsión por parte del sustituto del nuevo Fiscal General Constituyente, Tarek William Saab.
Dentro de este grupo, se ubican otros 11 disidentes que denunciaron corrupción en las instituciones públicas y fueron privados de libertad como retaliación, como el exdirigente chavista y exalcalde de Cumaná, Rafael Acuña (2008-2012) y el exdiputado legislativo (Anzoátegui) por el PSUV, Giovanni Urbaneja.
El segundo patrón es el relativo a la violación de los derechos laborales, donde Provea detectó 13 víctimas, quienes tras cuestionar públicamente la acción de Gobierno fueron despedidos o destituidos de sus cargos en instituciones públicas.
Uno de los casos emblemáticos es el de Ortega Díaz, designada FGR el 13 de diciembre de 2007 por la Asamblea Nacional —en aquel entonces de mayoría chavista—. Pero el 5 de agosto de 2017 fue destituida por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que nombró en su lugar a Tarek William Saab. Posteriormente, a Ortega se le dictó prohibición de salida del país y el embargo de sus bienes. Actualmente esta exiliada y con orden de captura.
La razón de este ensañamiento fue que Ortega Díaz a finales de marzo de 2017, declaró que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen, constituían una ruptura del orden constitucional, porque implicaban desconocer a la AN y habilitaban al presidente a legislar. Y luego, en mayo de ese año, la fiscal declaró que el estudiante Juan Pablo Pernalete fue muerto por una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), desmontando así la versión tanto de Néstor Reverol, ministro de Interior, y de personeros del Gobierno de Maduro, quienes sostenían que el joven había sido asesinado con una pistola de perno cautiva.
El tercer patrón lo constituye las violaciones a la libertad de expresión, donde Provea registra a 5 víctimas. Entre estas, los exministros chavistas Jorge Giordani y Héctor Navarro, que el 9 diciembre de 2015 fueron interrumpidos cuando ofrecían una rueda de prensa en Caracas para fijar posición ante los resultados electorales que le dieron una mayoría calificada de 112 diputados a la oposición en la AN, en contraste con los 55 alcanzados por el oficialismo. O ataques a las páginas web de Aporrea y Punto de Corte, esta última dirigida por Nicmer Evans, uno de los fundadores de Marea Socialista, un movimiento alternativo al chavismo.
Y, por último, violación a la integridad personal, donde organismos de seguridad del Estado o grupos paramilitares (colectivos) han atacado o intimidado al menos a tres disidentes chavistas: Gonzalo Gómez, coordinador de Marea Socialista y cofundador del portal Aporrea; José Galindo, dirigente del Sindicato Único de Empleados Públicos del estado Apure; y Pablo Jiménez, trabajador de Servicio Autónomo de Registros y Notarías de Venezuela (Saren).
Para Provea estos patrones “revelan una acción sistemática de los diferentes poderes públicos para castigar y perseguir el cuestionamiento interno”. Al igual que hacen con la disidencia externa.
Todos son víctimas del régimen
45 representantes del chavismo disidente, víctimas del régimen de Maduro, puede parecer una cifra irrisoria si se compara con las que no forman parte de ese grupo. Según las últimas “Cifras de la Represión” del Foro Penal —entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2018—, 492 personas (39 adolescentes, 111 mujeres, 77 militares) han sido detenidas en el país por razones políticas, y desde el 1 de abril de 2017 hasta ahora, unas 134 han fallecido en el contexto de las diferentes manifestaciones y protestas.
CIFRAS de REPRESIÓN en VENEZUELA
Datos del Foro Penal al #30Oct 2018ARRESTOS #1E AL #30Oct 2018: 492 (39 adolescentes, 111 mujeres, 77 militares)
Aún detenidos: 183
Civil presentado en tribunal militar: 35
Liberados cautelares: 173
Liberado sin presentación: 100
(Seguir hilo) pic.twitter.com/Y8OzBsKTjj— Foro Penal (@ForoPenal) November 1, 2018
Pero posiblemente existan más. Provea aclara que estos resultados presentados son parte de una investigación en curso, e invita a todas las personas que se identifiquen políticamente como “chavistas” y que hayan sido víctimas de violación de derechos humanos, que les remitan información sobre sus caso para incluirlos en la versión definitiva.
El hecho de que sean pocos y/o disidentes del chavismo, o incluso militantes, no justifica que sus DD. HH. sean pisoteados. ¿Qué simpaticen con la izquierda y crean en las ideas de Chávez, justifica que sus casos no sean debidamente denunciados y publicitados?
Como destaca Provea en su estudio, “la polarización política del país invisibiliza el abuso de poder contra antiguos funcionarios del Gobierno Chávez o personas que se identifican como ‘chavismo disidente’, quienes, salvo excepciones, no consiguen la amplificación de sus denuncias ni mecanismos de obtención de justicia”.