La ONG pro derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) se refirió este miércoles a la escalada de la política de represión del régimen de Nicolas Maduro para controlar a la sociedad venezolana y castigar, particularmente a habitantes de zonas populares que decidieron protestar entre los días 21 al 25 de enero de 2019.
“La estrategia de control social que tratan de imponer las autoridades de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva. Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado publicado por la ONG y titulado: “Venezuela: Hambre, castigo y miedo, la fórmula de represión de las autoridades de Nicolás Maduro”.
“La estrategia de control social que tratan de imponer las autoridades de @NicolasMaduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva”. –@ErikaGuevaraR #venezuela 🇻🇪👇🏾https://t.co/HcFkhEnkMa
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) February 20, 2019
En sólo cinco días, al menos 41 personas fallecieron durante estas protestas, todas por herida de arma de fuego. Más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, y tan solo el 23 de enero (día en que se convocaron manifestaciones en todo el país), se reportaron 770 detenciones arbitrarias.
Esta denuncia está basada en más de 50 testimonios recabados en los estados Lara, Yaracuy, Vargas y distintas localidades de Caracas, entre 31 de enero al 17 de febrero. También AI documentó 15 “casos emblemáticos, algunos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”. Los hallazgos de esta investigación serán ampliados en un informe público próximamente.
Las evidencias recabadas por AI muestran patrones comunes como ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas.
“Las zonas populares de Caracas y otras localidades del país fueron especialmente afectadas y estigmatizadas, registrando el mayor número de víctimas mortales, que luego fueron presentadas como ‘delincuentes” muertos en enfrentamientos con las autoridades, destacó AI.
Así mismo se detectaron detenciones arbitrarias. Según el Foro Penal Venezolano, las autoridades detuvieron a 137 niños, niñas y adolescentes en todo el país del 21 al 31 de enero. De esos casos, Amnistía Internacional documentó la detención arbitraria de seis personas, entre ellas cuatro adolescentes que participaban en una protesta, o simplemente la observaban de cerca, en la ciudad de San Felipe el 23 de enero.
Otro patrón que se repiten en esta ocasión por parte las fuerzas de seguridad venezolanas bajo la línea de mando de Nicolás Maduro es el uso excesivo de la fuerza. AI menciona el caso de Alixon Pizani, panadero de 19 años de edad, falleció el 22 de enero por una bala en el tórax, cuando protestaba con un grupo de amigos en Catia, al oeste de Caracas. Según testigos, un oficial con uniforme de la PNB montado en una moto disparó con un arma corta de forma aleatoria contra la multitud, hiriendo a dos personas gravemente. Ninguna autoridad le brindo auxilio.
Según testimonio de la familia de Pizani que lo traslado a un centro de salud, a la entrada del hospital funcionarios de las FAES comenzaron a lanzar disparos en ráfagas contra ello y sus amigos. Hasta el momento no consta que la fiscalía haya iniciado una investigación.
“La justicia venezolana parece tener por regla abandonar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Las pocas personas que vencen el miedo y denuncian se encuentran indefensas y en riesgo ante la falta de respuesta de las autoridades”, dijo Erika Guevara Rosas.
Guevara concluyo que la justicia internacional es la única esperanza para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. “Es el momento de activar todos los mecanismos disponibles para evitar más atrocidades”, dijo.
10 cosas sobre crisis de DDHH en Venezuela
La ONG también desarrollo un documento donde destaca que la crisis de derechos humanos que desde hace unos años afecta a Venezuela ha destrozado la vida de millones de personas.
Bajo el título de “Diez cosas que debes sobre la crisis de los DDHH en Venezuela”, destaca: el uso excesivo de la fuerza, donde explica que cabe rastrear el origen de gran parte de los disturbios actuales en Venezuela al 29 de marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, con el respaldo del presidente Nicolás Maduro, tomó el control de la Asamblea Nacional, donde la mayoría de los escaños es de la oposición. “Esto desencadenó protestas que la administración de Maduro reprimió con un uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza. Entre abril y julio de 2017, murieron más de 120 personas, unas 1.958 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en medio de protestas multitudinarias”.
En segundo lugar, las protestas multitudinarias, mencionando que, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2018 hubo 12.715 protestas en todo el país. Éstas han continuado en 2019, después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, convocara manifestaciones multitudinarias contra Maduro.
En el informe de Amnistía Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, la organización reveló cómo las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el gobierno irrumpieron violentamente en los hogares de personas para intimidarlas y así disuadirlas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.
Tercero, la intensificación de la represión, donde AI dice que “aunque las autoridades estatales vienen aplicando una política sistemática de represión durante toda la crisis, las pautas recientes indican que ésta se está intensificando”.
Y otras como menores de edad bajo custodia; civiles juzgados en tribunales militares; Tres millones de personas refugiadas y migrantes; La represión de la libertad de expresión, en enero de 2019, al menos 11 periodistas fueron detenidos en una sola semana; la debacle económica; la negación del gobierno; y sanciones estadounidenses perjudiciales