El gobierno acaba de retirar un acto legislativo que puso con los nervios de punta a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), por el anuncio del traslado de 350 000 pensiones al régimen de prima media, por el monto de aproximadamente 27 billones de pesos (7 500 millones de dólares).
En Colombia existen dos regímenes pensionales; el público o Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones y el Privado o Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), administrado entre varios fondos de pensiones privados o las AFP.
El acto legislativo se daría a pocos días del fin del Estado de Emergencia decretado por el gobierno del presidente Iván Duque. La motivación que tuvo el ministro de Hacienda radica en que el PIB se contraería aproximadamente un 5.5 % para este año. La dramática cifra de 19,8 % de desempleo, presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), conllevaría como consecuencia a la reducción de los aportes de los afiliados a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) para 2020 y 2021, generando un hueco adicional de 3 billones de pesos.
El ministerio con esta propuesta buscaba aliviar la carga de $13 billones que tiene con los afiliados a Colpensiones, que se acumulan de un pasivo de 2019 por $10,5 billones de pesos.
En la actualidad Colpensiones destina aproximadamente $29,6 billones de pesos para pagar las pensiones de sus afiliados. Del total, $9.2 billones provienen de los traslados de las AFP, otros $9,9 millones del presupuesto general de la nación, y el resto de las cotizaciones de sus afiliados.
El gobierno tiene varios escenarios propuestos, por un lado Colpensiones podría dejar de recibir casi $1,7 billones de pesos en cotizaciones, y en un pronóstico más optimista el faltante sería de $1,15 billones.
Aunque el traslado de $27 billones de las AFP a Colpensiones podría ser un alivio temporal, el gobierno todavía tendría que conseguir $23 billones para cubrir una deuda que a valor presente ronda los $50 billones.
La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) en una misiva enviada al gobierno manifestó que “entendiendo las dificultades fiscales que enfrenta el gobierno nacional para atender la crisis sanitaria y económica que ha generado la COVID-19, consideramos que una propuesta normativa como la contenida en el proyecto legislativo de la referencia es una mala solución para un problema coyuntural que tendrá impactos fiscales negativos por décadas”.
El gremio también resalto la inconveniencia del proyecto puesto que a pesar de ser una solución de corto plazo, “aumentará el pasivo pensional en un monto no despreciable de 60 billones de pesos. Monto que afectará fuertemente la sostenibilidad del sistema, pues implica un esfuerzo fiscal mayor haciendo necesarios más impuestos/deuda futura que tendrán que pagar todas las generaciones futuras”.
Varios economistas entre los que se encuentra el consultor Martín Jaramillo consideraron completamente inconveniente la iniciativa. Fernando Quijano, director del diario económico La República, ve el acto legislativo como problemático y que los esfuerzos del gobierno estarían mejor destinados hacia una reforma pensional integral.
La emergencia económica y el gasto fiscal que amerita esta crisis no se debe financiar, en mi opinión, con otra reforma tributaria, préstamos del Banco de la República y mucho menos con las pensiones.
La venta del 40% de Ecopetrol arrojaría un monto similar. https://t.co/NDAEGnHpgQ— Martin Jaramillo L (@Tinojaramillo) June 4, 2020
Al retirar la iniciativa el gobierno muestra no estar en una cámara de eco y hace caso a las sugerencias de los técnicos. No obstante, el pasivo pensional sigue acumulándose y haciéndose más profundo por la salida masiva de persona del mercado laboral producto de la cuarentena.