¿Existe un cartel de la COVID-19 en Colombia?

Polémica en el Valle del Cauca por presunto 'cartel de las UCI'

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No es ningún secreto que los hospitales han visto afectado su flujo de caja por los servicios que se dejaron de prestar por la capacidad reservada para atender la pandemia (Youtube)

 

El ministro de Salud de Colombia, Dr. Fernando Ruíz Gómez, confirmó la posible existencia de un cartel de la COVID-19 en el Valle del Cauca, en el que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) estarían dejando más tiempo del necesario a los pacientes internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por COVID-19.

La denuncia original fue del senador de Cambio Radical, Abraham Jiménez, quien ya había comparado los costos para un paciente con coronavirus cuando es atendido en hospitalización o en cuidados intensivos, “si a un colombiano lo hospitalizan el sistema de salud paga 10 millones. Mientras que si entra a una UCI se paga 30 millones. Como las clínicas están vacías, están buscando la forma más rápida de facturar y tener liquidez, y esa sería meter a los pacientes en la UCI”.

El ministro al principio había negado la existencia de un ‘cartel de las UCI’, “no siento que haya un incentivo en este momento para que las clínicas hagan esto”. Luego confirmó en la plenaria de la Comisión Segunda del Senado —realizada el 4 de junio—  que “hay un incentivo en muchos hospitales y clínicas particulares a mantener pacientes más allá del tiempo que se necesita, y básicamente, con un incentivo puramente económico, de tener la cama ocupada, y de poder facturar los servicios”.

Cabe destacar que —según el diario El Espectador las denuncias del senador Jiménez vienen desde el mes pasado cuando alertó que bajo ese supuesto, «se estaría fraguando un posible cartel de las UCI frente a la COVID-19 en Cali, un asunto que debilita las finanzas del municipio y que representaría un riesgo para la ciudad».

«Mientras a nivel nacional hay 844 pacientes en hospitalización por la enfermedad y 215 en UCI, en el Valle del Cauca hay 133 hospitalizados y 53 en UCI».

La Superintendencia de Salud, el dos de junio, anunció el reforzamiento de la vigilancia sobre la atención de pacientes en UCI, a través de un comunicado que instaba a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) a “verificar la pertinencia y oportunidad en el ingreso, estancia  y egreso en hospitalización general o en alta complejidad, según sea el caso”.

No es ningún secreto que los hospitales han visto afectado su flujo de caja por los servicios que se dejaron de prestar por la capacidad reservada para atender la pandemia. Según datos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), en promedio los ingresos se han disminuido a la mitad. Esta falta de ingresos, sumado a los pagos del Gobierno por cada interno en UCI, generaría un esquema de incentivos perversos que pudo haber sido aprovechado por algunos prestadores.

A estas alturas la Superintendencia no ha anunciado sobre avances en la investigación. El Ministerio deberá esclarecer qué hospitales o clínicas incurrieron en dichas prácticas e imponer sanciones a aquellos que hayan retenido pacientes más tiempo del necesario. No obstante, es bueno recordar, que el sistema hospitalario —como cualquier otro— tiene un flujo de caja que debe sostener para seguir prestando sus servicios a futuro pero se ha visto afectado por la subutilización de su capacidad con la llegada de la COVID-19 al país.

 

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