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El Congreso colombiano aprobó —en su cuarto debate— el proyecto llamado Ley del Empleo del Adulto Mayor, que busca dar incentivos tributarios a las empresas para que contraten personas mayores, es decir, mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62 que no cuenten con una pensión.
El representante a la Cámara por Bogotá y autor del proyecto, José Daniel López, indicó que las empresas que integren al menos 2,5 % del personal con adultos mayores deducirán 120 % de sus costos laborales del impuesto de renta. «Un gana-gana, en el que personas que no alcanzaron a pensión, podrán completar el tiempo faltante».
¡APROBADA #LeyDelEmpleoDelAdultoMayor! Empresas que integren al menos 2,5% del personal con ??>57 años y ??>62, deducirán 120% de sus costos laborales. Un gana-gana, donde ???? que no alcanzaron a pensión, podrán completar el tiempo faltante y ✅.#TrabajarConAdultosMayoresEs pic.twitter.com/dhtrPVnp6z
— José Daniel López (@lopezjosedaniel) June 21, 2020
En la norma también se contempla que si en una licitación pública hay dos empresas que resultan empatadas, tendrá prioridad la que tenga contratada a más personas adultas.
«Brindar oportunidades a 95 000 adultos que necesitan trabajar y quieren trabajar. No se han pensionado. Y muchos viven del rebusque o la caridad», afirmó López.
En este sentido, vale destacar, que la afirmación del “gana-gana”, por lo demás, refleja la costumbre colombiana de celebrar la aprobación de leyes sin siquiera haber visto sus resultados. Es difícil creer que una ley que distorsiona el mercado laboral, dándole beneficios tributarios a una empresa por cumplir cuotas en sus nóminas no tenga ningún costo de oportunidad en la economía.
«Estas nuevas leyes no hacen nada para flexibilizar el mercado»
El profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, Luis Guillermo Vélez, comentó sobre la propuesta que “la ley de empleo para el adulto mayor es una de esas tantas normas que frecuentemente se aprueban, no solo en el Congreso de Colombia sino en todos los parlamentos del mundo. Están destinadas a favorecer sectores específicos de la población. Son expresiones de la incapacidad creciente de los parlamentos de promulgar normas de carácter general para que sean aplicables a todas las personas”.
El economista también estimó que el problema no termina aquí, refiriéndose al Congreso, «si notan que algún sector de la población es laboralmente desplazado por los adultos mayores, sacarán alguna ley para beneficiar a ese sector, es decir, si por ejemplo se nota que los jóvenes se están quedando desempleados producto de esa ley, se expedirá otra normativa que dé algún beneficio por contratar personas jóvenes, legislando de forma contradictoria y añadiendo normas al intrincado Código Laboral colombiano”.
“La legislación actual hace muy cara la contratación en el país; los parafiscales, la inexistencia de un salario mínimo regional, la imposibilidad de contratar por horas, y los elevados costos de despido son unos de los factores que establecen rigideces en el sector formal que impiden incrementar la contratación de miles de personas, estas nuevas leyes no hacen nada para flexibilizar el mercado, pero sí le introducen nuevas rigideces”, añadió.
Por lo pronto el Congreso parece estar más enfocado en sacar leyes que en apariencia incentivan el empleo, pero que no apuntan a flexibilizar el mercado laboral colombiano. Mientras no se consideren los elevados costos de contratación actuales como una barrera de entrada para las personas menos capacitadas, o en este caso mayores, será difícil pensar en una rápida recuperación del empleo formal en el país.
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