Renta básica universal e Ingreso Solidario en Colombia, de la fantasía a la realidad

¿Sería la renta básica un esfuerzo adicional a los programas de transferencias ya existentes o una sustituta de estos?

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Se agudiza crisis para los más pobres tras extensión de cuarentena en Colombia (EFE)

Mucho debate ha causado la propuesta de una renta básica universal en Colombia para subsanar el impacto económico de la cuarentena. La polémica ha girado sobre todo alrededor de su implementación, más no de su existencia. La renta básica universal consiste un ingreso mínimo mensual que se le garantizaría a cualquier persona mayor de edad por el hecho de ser ciudadano, su forma ha trascendido al debate en diversos círculos académicos desde hace tiempo, pero con la pandemia ha venido ganando especial relevancia.

Congresistas de nueve partidos políticos enviaron una carta abierta planteándole al presidente Iván Duque, que apruebe una renta básica que cobije a 9 millones de hogares, durante tres meses, con un salario mínimo. Según afirman, la iniciativa costaría $23,7 millones de pesos, equivalente al 2,3 % del Producto Interno Bruto (PIB).

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) planteó una renta básica semi- universal, que como su nombre lo indica, consiste en una transferencia monetaria a los hogares pobres, pero también a aquellos que tienen alta probabilidad de caer en la pobreza. El costo de la propuesta de ANIF sería de $8 billones de pesos, y se beneficiarían 17,9 millones de personas y la transferencia sería de $450 000 pesos.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, consideró la renta básica universal, pero comentó que “no es algo coyuntural, sino estructural, y lo que haría es reemplazar nuestra actual política muy focalizada, donde tendríamos destinaciones y necesitaríamos una enorme capacidad de procesar datos (…), pero para allá nos tenemos que ir moviendo”.

¿Es posible una renta básica universal en Colombia?

La posibilidad de una renta básica universal, no parece entonces, tan distante del ideario de políticas públicas colombiano como lo era antes de la pandemia. Colombia es un país que tradicionalmente se ha caracterizado por tener un sistema de transferencias focalizado.

En principio la idea de un sistema focalizado era que las ayudas le lleguen a las personas y grupos vulnerables que más las necesitan. Sin embargo, son diversos los estudios que muestran que el sistema actual de transferencias colombiano, aunque costoso es poco eficiente para levantar a la gente de la pobreza.

Un proyecto de ley, ya enterrado por el Congreso, que buscaba velar por la eficiencia del gasto fiscal en Colombia, mostraba con cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que hasta el 20 % de transferencias de subsidios sociales llegaría al 20 % de la población con mayores ingresos. Tan mal focalizados estarían los subsidios en Colombia, que apenas tienen efecto en la disminución de la desigualdad.

Mientras que en Colombia los subsidios apenas disminuyen un 0,01 el coeficiente de GINI —indicador que mide la desigualdad en una sociedad con una escala de 0 a 1, siendo 1 el máximo nivel de desigualdad— en un país con niveles de desigualdad similares a Colombia antes de transferencias, como el Reino Unido, lo hace un 0,24.

 

Coeficiente de GINI antes y después de transferencias en Colombia (izquierda) y el Reino Unido (derecha). (Proyecto de ley 186 de 2016)

Esto es importante pues aunque los subsidios directos representan alrededor de un tercio del gasto público en el país , poco es su impacto real. La explicación que se da en el proyecto de ley se debe a que el esquema actual de subsidios “adolece de lineamientos marco e información suficiente para guiar la formulación, seguimiento y evaluación del mismo; y, en parte como consecuencia de esto último, muchos de los programas involucrados se encuentran mal focalizados hoy día, lo que en ocasiones implica ineficiencia y regresividad en el gasto público”.

La renta básica universal, debido a su carácter de universalidad, al menos en teoría evitaría estos costos de transacción que presenta la focalización de transferencias para un gobierno. No obstante, la pregunta es cómo funcionaría esta.

La realidad de una renta básica universal

¿Sería la renta básica un esfuerzo adicional a los programas de transferencias ya existentes o una sustituta de estos? Es la pregunta que nos deberíamos hacer, si queremos, al menos llegar a un universo de posibilidades donde la renta básica sea concebible en Colombia.

Segundo, ¿Cuál sería su monto? Y ¿Cómo se financiaría? Estas dos preguntas van ligadas y es esencial que se respondan de forma paralela. Un estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana estima que para garantizar un ingreso de $900 000 pesos mensuales a toda la población adulta de Colombia, habría que extender el recaudo tributario 14 puntos del PIB.

Los congresistas que proponen una renta básica universal para 30 millones de personas, estiman que el costo sería el equivalente de 23, 2 billones de pesos mensuales, en PanAm Post, estimamos que el costo real sería alrededor de 29 billones de pesos al mes, y tendría un costo anual equivalente al 27 % del PIB.

Sea cual sea la cifra del PIB, el monto que se debe recaudar no es trivial. De implementar una renta básica universal el país estaría ante dos preguntas, ¿En que debemos dejar de gastar? Y ¿A qué o a quién debemos comenzar a cobrarle impuestos?

Por un lado la renta básica es una oportunidad para reconsiderar la existencia programas de transferencias ineficientes o que se han vuelto órganos de corrupción y clientelismo; por otro lado, es poco probable que un político arriesgue su popularidad por abogar el desmonte de algún programa de transferencias, así sea un robo en la cara de todos.

Con respecto al lado tributario, lo más probable es que el país tenga que ampliar su base gravable de contribuyentes, es decir, incrementar el número de personas que pagan impuestos directos a la renta o el patrimonio. El debate de a quién se le debería cobrar más impuestos da para otra nota.

Otra alternativa sería ampliar los impuestos indirectos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto a la gasolina, o el Impuesto al Consumo, pero esta medida sería regresiva pues le encarece el costo de vida a todos.

Y lo políticamente más popular, gravar a las empresas, que incitaría a la informalidad, y haría aún menos competitivo al sector privado en un país donde la suma de impuestos directos e indirectos puede llevarse hasta el 70 % de las utilidades de una empresa.

La última alternativa sería la propuesta por los senadores Iván Marulanda y Armando Benedetti, que implica que el banco imprima dinero para financiar la renta básica argumentando que Estados Unidos lo está haciendo, por ende nosotros también deberíamos. Lo que no tienen en cuenta los honorables senadores es que la principal exportación de Estados Unidos es tecnología y bienes de capital, y el dólar es demandado como moneda de reserva en todo el mundo; Colombia, en cambio, es un país que depende de las exportaciones de materias primas y cuya moneda por fuera de sus fronteras solo se demanda en Venezuela —país que por lo demás, tiene la inflación más alta del mundo por imprimir plata para dar subsidios, dejando a todo el mundo en la pobreza—.

El programa de Ingreso Solidario, un piloto que ya vuela

La otra propuesta sería trabajar sobre lo ya construido y fortalecer el programa de Ingreso Solidario el cual ya ha beneficiado a más de 2 millones y medio de hogares en el país, con una transferencia mensual de $480 000 pesos. Este programa, aunque focalizado, ha sido a su vez el mayor programa de transferencias directas a poblaciones en estado de pobreza o vulnerabilidad. El Ingreso Solidario también ha bancarizado masivamente a una población tradicionalmente excluida del sector financiero, un factor crucial que agrava la desigualdad en el país.

El Ingreso Solidario, que el presidente Iván Duque extendió hasta diciembre, podría sentar las bases para una renta básica tal vez no universal de momento, ni de un monto tan elevado; pero sí más justa, más realista, y más responsable con las expectativas de los colombianos.

 

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