Colombia: Fiscalía abre investigación interna por cooperación con fundación izquierdista

Baltasar Garzón, pionero de FIBGAR, es el abogado principal del Grupo de Puebla, una organización fundada por los máximos líderes latinoamericanos de izquierda

Baltasar Garzón, miembro del Grupo de Puebla, estaría inmerso en una serie de polémicos contratos a dedo realizados en ese entonces por el fiscal Eduardo Montealegre. (YouTube)

A raíz de las denuncias hechas por el abogado y consultor político Victor Manuel Zalba a través del PanAm Post, sobre la posible vinculación de la Fiscalía General de Colombia con la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) —cuyo creador es miembro del Grupo de Puebla, el abogado y presidente de la junta directiva de la Asociación Únete por Colombia, Bernardo Henao Jaramillo junto al abogado Joan Sebastián Moreno formalizaron la denuncia, ante lo cual la Fiscalía respondió anunciando una investigación interna para esclarecer los hechos.

La FIBGAR, que lleva el nombre de Baltasar Garzón —juez destituido en 2012 por un caso de interceptaciones ilegales ordenadas por él— tiene como fin, según la página de la propia fundación, la promoción de “los derechos humanos, la cooperación al desarrollo de los pueblos, la mediación y la lucha contra la impunidad”.

Aunque el objetivo de la FIBGAR de por sí no presenta ningún vínculo partidista, su creador Baltasar Garzón es el abogado principal del Grupo de Puebla, una organización fundada por los máximos líderes latinoamericanos de izquierda entre los que se encuentran: Lula da Silva, Evo Morales, José Mujica, Dilma Rousseff y Ernesto Samper Pizano. El Grupo de Puebla es una especie de nuevo Foro de Sao Paulo.

La denuncia parte del hecho de que el organismo colombiano habría “incurrido en la prohibición contenida en el numeral 4º del artículo 35 de la ley 734 del 2002, considerando que, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, muestra en su página web que la Fiscalía General de la Nación, hace acuerdos con una organización privada extranjera”.

En Entrevista con el PanAm Post el abogado Víctor Manuel Zalba alertó sobre la existencia del logo de la Fiscalía en la página de los colaboradores de la FIBGAR y sobre la necesidad de esclarecer si la Fiscalía colombiana coopera de alguna manera con esta organización.

La vinculación de la FIBGAR con la Fiscalía se dio desde el Gobierno de Juan Manuel Santos, siendo fiscal Eduardo Montealegre. En el año 2014, la prensa colombiana desveló que el juez español habría cobrado $80 millones de pesos a la Fiscalía para realizar un estudio especial para la Unidad de Análisis y Contexto. La misión de Garzón era asesorar sobre cómo se debía juzgar a las organizaciones criminales en el marco de un proceso de paz.

Este contrato fue sancionado por la Fiscalía y FIBGAR en el 2012 y expuesto a la opinión pública por el diario El Espectador. Garzón fue uno de los asesores que participó en el proceso de paz, y estaría inmerso en una serie de polémicos contratos otorgados en ese entonces por el fiscal Eduardo Montealegre.

En el año 2014, la Contraloría General de la República, realizó un informe en el que denuncia que este contrato habría sido adjudicado «a dedo» por un valor de $80 millones de pesos, y que no contaba con los requisitos legales pertinentes, ni había cumplido con el objeto de su celebración.

El abogado Víctor Zalba, ante el anunció de una investigación interna por parte de la Fiscalía, afirmó que “sin lugar a dudas el logotipo de la Fiscalía se debería retirar de forma cautelar. Lo segundo sería ver qué tipo acuerdo tenían ambas partes, en caso de que si existiera colaboración, y determinar si el uso de un logotipo tan importante como el de una institución como la Fiscalía se puede divulgar tal y como lo han estado haciendo”.

“Se puede ver que ha habido dinero involucrado por parte de la Fiscalía a un juez inhabilitado por la propia justicia española, que tiene contactos con agrupaciones de extrema izquierda, como el Grupo de Pueblo, en toda Iberoamérica”, añadió Zalba.

El abogado Bernardo Henao Jaramillo, autor de la denuncia, detalló que «esta denuncia a nuestra forma de ver es muy delicada y puede develar muchas cosas detrás de esta relación con la Fiscalía. Lo que hay que preguntarse es que lo normal de una fundación de estas es que incurra al apoyo de organizaciones internacionales par financiarse, lo que es sospechoso que una institución oficial con poderes otorgados por el Estado aparezca vinculada como cooperadora de una Fundación Internacional con vinculación política a grupos de izquierda».

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