Las peticiones irrealizables del Comité Nacional de Paro en Colombia

El comité aglutina a representantes de trabajadores, estudiantes, asociaciones indígenas, pensionados, campesinos, ambientalistas, activistas de DDHH, entre otros

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Lo más preocupante de las peticiones Comité Nacional de Paro son las fuentes de financiación que proponen para pagar sus demandas, donde dejan como primera opción la emisión de moneda. (Youtube)

El Comité Nacional de Paro en Colombia presentó una serie de demandas al presidente Iván Duque con el fin de atender las “necesidades básicas y urgentes que se requieren para aliviar un poco la grave situación de miseria en que se está hundiendo el pueblo colombiano”. Las peticiones del comité van desde la intervención en el sistema de salud hasta suscribir una Renta Básica Universal para 30 millones de colombianos, igualmente sugieren la emisión de dinero para pagar por todo.

Presentar de forma frívola demandas que en el papel suenan muy bellas siempre será popular, pero entre lo popular y lo realizable queda un trecho. Las peticiones del Comité Nacional de Paro carecen de toda realidad económica además de sus soluciones, completamente irresponsables.  Las 5 peticiones fundamentales del pliego son:

  • Intervención del Estado en el sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y formalización laboral para todos los y las trabajadoras de la salud.
  • Renta Básica de emergencia —de por lo menos— un salario mínimo legal vigente, por seis meses para treinta millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. A este punto le añaden una moratoria y excepción del pago de servicios públicos por 4 meses.
  • Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria: condonación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción de las y los campesinos y pequeños y medianos productores, además un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. No se desmejorarán las condiciones de las y los trabajadores ni de las y los pensionados. Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las MiPymes
  • Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada, además del apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello.
  • Mujer y diversidades sexuales: acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género.

Todas las aspiraciones en el papel parecen muy loables, pero en la práctica muchas carecen de toda realidad. Comencemos por la Renta Básica, implementar un programa de transferencias para 30 millones de personas, sin una reforma tributaria, y sin pasar por los bancos como exigen algunos personajes en la izquierda, es literalmente imposible. Estudios conservadores como el del Observatorio Fiscal de la Javeriana sostienen que se requeriría recaudar un 14 % del Producto Interno Bruto (PIB) adicional.

Se estima que esta cifra podría llegar al 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país de sostenerse el programa por un año. Todos estos cálculos se hacen con respecto al PIB del 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una contracción del 7,8 % de la economía colombiana para el 2020. Por ende, este recaudo podría representar un porcentaje aun mayor de la economía. Es literalmente imposible lograr un programa de transferencias de ese tamaño sin una reforma tributaria, cosa que necesita pasar por debate en Cámara y Senado.

No contentos con un programa de transferencias masivo, al tiempo que la Renta Básica funcionaría también una “moratoria en el pago de créditos Hipotecarios y de consumo, en el pago de los servicios públicos (agua, electricidad, internet, gas) durante cuatro meses”, prohibiendo el corte de estos. Por solidario que suene esto, el sector de servicios públicos —como cualquier sector— necesita generar flujo de caja, ya de por sí hay empresas de servicios públicos como Electricaribe al borde de la quiebra por un mal sistema de focalización de subsidios como lo es la ‘estratificación’ en Colombia, como para prohibirle cobrar facturas en lo absoluto durante 4 meses.

Con respecto a la defensa de la producción nacional, todos los informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que parte de la contracción de las economías en el mundo será producto del cierre del comercio internacional. Cerrarnos sin lugar a duda ayudará a unos cuantos sectores, pero perjudicará a muchos más en una economía que cerca del 70 % de sus importaciones son bienes de capital.

Adicional a ello La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) prevé que el cierre del comercio de alimentos será uno de los principales causantes de hambrunas en el mundo este 2020. La soberanía alimentaria es un concepto nacionalista que de aplicarlo globalmente, estaríamos más en riesgo de experimentar hambrunas que viceversa.

Lo más preocupante de las peticiones del Comité Nacional de Paro son las fuentes de financiación que proponen para pagar sus demandas, donde dejan como primera opción la emisión de moneda. Aunque en la práctica el banco le está prestando al gobierno, emitir moneda para sostener el gasto público es la peor decisión de política económica que puede tomar una nación.

Sin lugar a dudas un ejemplo cercano es el caso de Venezuela, país en el que el colapso económico se aceleró en gran medida debido a la insistencia del chavismo de imprimir moneda para incrementar el gasto público y elevar artificialmente los salarios, cuando en realidad estuvieron condenando a su pueblo a la pérdida de poder adquisitivo más desastroso —jamás experimentada— en el continente latinoamericano. ¿En serio con un caso tan desastroso y cercano como el venezolano hay necesidad de explicar por qué imprimir plata para pagar gasto del gobierno es mala idea?

El comité también plantea hacer uso de las reservas internacionales, cosa que el emisor colombiano ha venido haciendo para generar liquidez en el mercado. Además propone la moratoria y renegociación de la deuda pública externa, cosa que en palabras más o palabras menos, significa incumplirle a nuestros acreedores en los mercados de capitales, ignorando que la razón por la que nuestros acreedores nos siguen prestando para sostener un gasto público deficitario, es porque justamente en Colombia se han atendido responsablemente esas obligaciones internacionales.

Finalmente, argumenta como última fuente de financiación la eliminación de exenciones tributarias a las grandes empresas y capital financiero. Aunque es deseable llevar al mercado a sus condiciones de equilibrio natural, es dudoso que esto sea posible sin una reforma tributaria que no se dará sino hasta el próximo año.

Sin duda las peticiones carecen de un atisbo de realidad para la situación actual del país. Mal haría Iván Duque en ceder a sus presiones, y perder la autoridad sobre la política económica del país en un momento tan particular como este.

 

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