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El interrogatorio en el búnker de la Fiscalía al funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) responsable de las interceptaciones al teléfono del expresidente Álvaro Uribe reveló que las escuchas se habrían hecho de forma ilegal. El analista Óscar Álvarez indicó que interceptó el teléfono pensando que era el del representante a la cámara Nilton Córdoba.
Por esta “coincidencia” desde el 7 de marzo hasta el 9 de abril de 2018 fueron escuchadas por la Fiscalía todas las conversaciones del expresidente y senador Uribe. Tras confirmar que la persona interceptada no era el exrepresentante Córdoba, Álvarez les sugirió a sus superiores acabar con la interceptación.
Dentro de las escuchas hay incluso una entrevista que hizo el líder natural del uribismo en una emisora radial, donde se dirigen a él como expresidente y senador Uribe. Por ende, no habría duda alguna de que el teléfono de la persona en cuestión era él y no Córdoba.
Según la revista Semana, la orden fue impartida directamente desde el despacho del magistrado Jose Luis Barceló, y en su momento se sostuvo que se trató de una interceptación legal, por lo que fueron trasladadas al expediente del expresidente Uribe.
El magistrado, en entrevista con Semana, en septiembre del 2018, dijo que «no hubo nada ilegal, ni fue error». Según Barceló, «se dispuso en el mes de marzo de este año. Y no pasa mucho tiempo, fue el 22 de marzo cuando los miembros de la Policía Judicial y los técnicos investigadores informan a la Corte del hallazgo imprevisto e inevitable, y es que el número telefónico interceptado no representa ninguna importancia, porque nada tiene que ver con los hechos que son motivos de investigación. Por esta razón se dispuso la cancelación de la interceptación». Según Barceló el número no fue suministrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sino por los investigadores del CTI.
¿Estas cositas que no salen en los danieles las van a ver o se van a hacer los de la vista gorda?
Proceso Álvaro Uribe: declaración del funcionario que lo interceptó: https://t.co/VjZ6oBdCvs
— Juan Pablo Echeverry Nicolella (@JPEcheverry4) August 9, 2020
Álvarez afirmó que la gerente del caso, Clara López, le ordenó interceptar el teléfono que resultó ser el del expresidente Uribe. Según Álvarez, una vez se dio cuenta de que el interceptado no era el representante Córdoba, procedió a informar verbalmente a Clara López y al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Iván Cortes, y sugirió la cancelación de la interceptación, «pues el objetivo no era el que me habían dicho a mí».
Álvarez enfatizó que en varias ocasiones —tanto presencial como telefónicamente— informó a sus superiores que el interceptado no era el sujeto de la investigación. A pesar de que el analista habría informado transcurrida una semana entre la asignación de la escucha y el momento en el que sugirió la cancelación de esta, la interceptación continuó. En cuanto a la fecha de la suspensión de la escucha, los expedientes de la CSJ indican que se habría dado el 4 de abril, pero el expediente de la Fiscalía indica que esta habría sido ordenada el 9.
Aunque dentro del interrogatorio a Álvarez no se logra definir si transcurrieron cinco días o una semana entre la orden de escucha al teléfono de Uribe y el momento en el que anunció la novedad a sus superiores, es claro que las interceptaciones continuaron durante mucho más tiempo desde que se dio el primer aviso. El informe escrito que señala que la persona interceptada era el expresidente Uribe se entregó el 14 de marzo, es decir, trascurrieron entre 21 a 28 días desde que se supo formalmente que las interceptaciones eran ilegales y la cancelación de estas.
Del interrogatorio al analista del CTI, Óscar Álvarez, surgen varias preguntas: ¿por qué Clara López y el magistrado Iván Cortes no ordenaron la cancelación de la interceptación una vez se comprobó que el celular interceptado no era el del Nilton Córdoba? ¿Por qué la Corte afirma que estas interceptaciones son legales? y ¿por qué ordenó su cancelación si estas eran legales?
