La defensa del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, a través de la oficina de su abogado Jaime Granados, informó que no interpondrá el recurso de reposición tras el estudio —del documento de 1 554 páginas— de la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ).
En el comunicado la defensa concluye que al expresidente Uribe se le violan seis garantías fundamentales en su derecho a un debido proceso.
Comunicado a la opinión pública de la defensa del señor Presidente @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/sDTvvxjGcS
— Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) August 11, 2020
Dentro de las garantías se encuentra la presunción de inocencia. Según la defensa, Uribe ha asistido a todos los llamados de la CSJ, ha mostrado voluntad de cooperación y no ha entorpecido la investigación que se adelanta en su contra. Por ende, «dicha decisión viola el legítimo derecho de Álvaro Uribe de asumir su defensa en libertad, especialmente cuando no ha sido acusado y mucho menos condenado».
Según Granados, al expresidente se le ha violado su derecho a una investigación integral y objetiva, pues dentro de las más de 22 000 interceptaciones no existe registro de un audio de Uribe hablando con testigos, ni dando instrucciones para que se le ofrezcan beneficios para que cambien su testimonio. Dentro de este punto, la defensa también argumenta que «el 23 de febrero de 2018, con una velocidad sin precedentes en la justicia de nuestro país, un día después de la denuncia de Iván Cepeda, la Corte abrió investigación. No obstante, se le negó por escrito a Álvaro Uribe que hubiera un proceso en su contra».
El tercer argumento que presenta la defensa de Uribe corresponde a que se le estaría negando la exclusión de prueba ilícita e ilegal en su proceso. Con esto se refiere a la inclusión —dentro de la evidencia de la CSJ— de una serie audios que habrían sido obtenidos de forma ilegal por orden del magistrado José Luis Barceló, bajo el expediente de otro caso. Las escuchas habrían transcurrido durante un mes, pese a que durante la primera semana de las interceptaciones el agente encargado del CTI informó que la persona intervenida era el expresidente Uribe, quien no estaba relacionado con el caso que se encontraban investigando.
Según la oficina de Granados, como cuarto punto se le ha negado el derecho a interrogar a los testigos. No se han tenido en cuenta los testimonios de otros testigos como el de los paramilitares Mancuso, el Tuso Sierra y Monoleche.
El quinto punto citado consiste en la inviolabilidad del abogado cliente. En este sentido, Granados denuncia las filtraciones de los apartes del proceso a los medios de opinión, «la Sala de Instrucción, además, avala la escucha y valoración de conversaciones que son sagradas y protegidas por la Constitución como aquellas que tiene un investigado con sus abogados y las de un periodista con su fuente».
Finalmente, la defensa del expresidente argumenta que la Corte no ofrece imparcialidad en el caso, puesto que «resulta preocupante que en la orden de detención contra Álvaro Uribe, se compulsaron copias contra varios testigos que durante la indagatoria declararon a favor de la versión del expresidente. Esto es una clara coacción a personas a quienes la Corte intimida de antemano, y no se establece el mismo procedimiento para testigos como Carlos Enrique Vélez, a pesar de su evidente falta de verdad frente a la justicia o a Iván Cepeda, que no ha dado claridad sobre la entrega completa de las conversaciones con Monsalve y si eliminó las mismas».
PanAm Post consultó al abogado constitucionalista D’mar Córdoba sobre el proceso de Álvaro Uribe. De acuerdo a su opinión, «toda razón tiene la defensa del expresidente Álvaro Uribe en no presentar el recurso de reposición, porque se trataba de pedirle, a los mismos magistrados que de manera llamativa decidieron poner preso al expresidente Uribe, que revisaran su propia decisión, con miras a revocar esa medida de aseguramiento».
Córdoba es crítico en la inclusión de las interceptaciones ordenadas por Barceló en un caso distinto dentro del acervo probatorio, pues «es evidente que a Álvaro Uribe se le han violado derechos fundamentales con actuaciones como la de incorporar una interceptación a su teléfono sin que mediara orden judicial, y con las filtraciones que se han hecho a algunos medios de comunicación de las pruebas que deberían estar sujetas a reserva sumarial».
El abogado resaltó la exclusión del testimonio de otros testigos favorables al caso del expresidente Uribe como el Tuso Sierra, porque según él, «es muy grave, porque en un proceso tan complejo y que tiene relevancia nacional por tratarse del expresidente de la República, los testimonios a favor o en contra deben ser valorados por el juez que lleva la causa. Más grave conocer que Lisa Ruth, la investigadora privada de EE. UU. y exagente de la CIA, aseguró que a alias el Tuso Sierra lo visitaron para pedirle que hablara contra Uribe».