Gustavo Petro es un corrupto a pesar de lo que dice la CIDH

Según varios juristas, esta decisión haría que los juicios disciplinarios a funcionarios públicos pasen a instancia penal automáticamente

Durante la alcaldía de Petro la Contraloría encontró que el 96 % de los contratos se hicieron directamente y sin celebrar licitación pública. (YouTube)

El pasado martes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de Gustavo Petro y condenó al Estado colombiano por «violar los derechos políticos» del senador por su destitución cuando era alcalde de Bogotá, en 2012, impuesta por la Procuraduría General, presidida en ese entonces por Alejandro Ordóñez.

Sin duda alguna la decisión de la CIDH deja sin una herramienta disuasoria a una institución tan codiciada como la Procuraduría, la posibilidad de destituir autoridades locales. Por otro lado, según varios juristas, esta decisión haría que los juicios disciplinarios a funcionarios pasen a instancia penal automáticamente.

También deja preguntas sobre las funciones de la Procuraduría, que en la actualidad adelanta 512 procesos disciplinarios a 26 gobernaciones y 272 alcaldías por irregularidades en la emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Es este proceso retroactivo? ¿Podrán todos los alcaldes destituidos por la procuraduría cobijarse bajo la decisión de la CIDH? Para efectos prácticos, la decisión de la CIDH tiene más impacto sobre el ordenamiento jurídico colombiano que sobre Petro, que ya había sido tumbado por el Consejo de Estado.

Aunque el senador de izquierda celebró la decisión de la CIDH diciendo que «ya no habrá funcionarios asustados ante un procurador» por el reconocimiento de sus derechos políticos, no hay que olvidar que su alcaldía estuvo plagada de escándalos que van más allá del fallido sistema de las basuras por el que fue destituido.

Durante la alcaldía de Petro la Contraloría encontró que el 96 % de los contratos se hicieron directamente y sin celebrar licitación pública. En otras palabras, de 30 billones de pesos (8 mil millones de dólares) con los que contó la administración de Petro, aproximadamente 21,9 billones (5 919 millones) se asignaron de forma directa.

Dentro de la investigación la Contraloría encontró que en el periodo comprendido entre 2012 y 2015 el 93 % de los recursos contratados en el sector salud se hizo de forma directa, y solo el 2,4 % de estos fueron sujetos de licitación. Además, descubrió que 40 personas o empresas concentraban el 26 % de los recursos destinados para salud, 1,1 billones de pesos (297 millones de dólares).

La Contraloría destacó 4 empresas que concentraban más de un cuarto de esos contratos asignados sin licitar en el sector salud: Depósito de Drogas Boyacá, Quinberlab S. A., Amarey Nova Medical S. A., Phameropea de Colombia y Jorge Machado Equipos Médicos Jomedical S. A. S.

Drogas Boyacá fue la empresa que más contratos suscribió, con un total de 631, por un valor de 51 000 millones de pesos (13,7 millones  de dólares). En promedio esta empresa suscribía un contrato cada dos días con diez hospitales de la capital el Simón Bolívar, Kennedy, El Tunal, La Victoria, Pablo VI-Bosa, San Cristóbal, Meissen, Engativá y Santa Clara. Solo ganó en licitación pública el 8 % de esos contratos.

Las entidades del distrito suscribieron 114 045 contratos por 8,2 billones de pesos (2 200 millones de dólares) pero solo manejaron el 4 % de esos recursos mediante licitación pública. La Secretaría de Educación fue la que más dinero entregó por contratos, con 1,06 billones (286 millones de dólares), mientras que la Secretaría de Integración Social tuvo el mayor número de contratos, con 9 836 por valor de 435 000 millones (117 millones de dólares).

Adicional al hecho de que la administración de Petro no se esforzó por celebrar licitación alguna, a pesar de estar obligada por ley, también quedan dudas sobre las prórrogas de contratos de las Fases 1 y 2 del Transmilenio diseñadas en la finca de una persona que hizo aportes por 63 millones de pesos (17 000 de dólares) a su campaña, Carlos Gutiérrez Robayo, quién coincidencialmente está casado con la hermana de la esposa de Petro.

Si esto no es ya de por sí motivo para cuestionar la gestión del líder de la oposición colombiana, la Contraloría también concluyó que Petro no cumplió sus promesas de campaña. Cuando era candidato se comprometió a construir 86 colegios nuevos, solo construyó 10; se comprometió a construir 405 jardines infantiles, terminó seis; dijo que reabriría el Hospital San Juan de Dios, el hospital permaneció en ruinas; prometió 70 000 viviendas de interés prioritario, construyó 2 934.

La jurisprudencia colombiana haría mal en no aprovechar esta oportunidad para replantearse las funciones de la Procuraduría, más aun las de la Contraloría y la Fiscalía, para por fin poder responsabilizar a funcionarios como Petro ante una instancia penal por el deterioro de patrimonio público bajo administraciones politizadas y amigueras, que aprovechan la levedad de las sanciones administrativas para victimizarse y escudar su incompetencia o corrupción en algún derecho político y esperar que algún tribunal tumbe la sanción.

Soy de los que me acojo a la idea de que la destitución por parte de Alejandro Ordóñez a Gustavo Petro fue un movimiento en falso, y debilitó los esfuerzos que otras instituciones estaban adelantando al auditar los recursos derrochados durante su alcaldía. Es posible que la actuación del Procurador no solo haya terminado fortaleciendo la figura de Gustavo Petro y debilitando las investigaciones que tenía su administración, tal vez si esta decisión de la CIDH se hubiera tomado durante su alcaldía, hoy Petro estaría enfrentando la Sala Penal de algún tribunal. Gustavo Petro es un corrupto a pesar de lo que dice la CIDH.

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