Iván Cepeda intenta minar el nombramiento de Gabriel Jaimes Durán como fiscal en caso Uribe

El Senado Iván Cepeda habría intentado frenar el nombramiento del fiscal delegado tras presentar una recusación contra el fiscal general, Francisco Barbosa

La propia CSJ negó la recusación al senador Cepeda y falló a favor de Barbosa, argumentando que le correspondía al Fiscal declararse impedido para nombrar un fiscal. Barbosa no se declaró impedido. (Youtube)

La Fiscalía General de Colombia designó a Gabriel Jaimes Duran como el fiscal encargado de llevar el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, que fue cedido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la renuncia de Uribe a su curul en el Senado.

“Por la complejidad del asunto, su alto impacto nacional y en aras de garantizar el debido proceso de todas las partes e intervinientes, fue asignado el proceso al doctor Gabriel Ramón Jaimes Duran, fiscal de carrera que ostenta el cargo de fiscal coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con la experiencia y reconocimiento institucional en el adelantamiento de casos de gran connotación y quien desde hoy asumirá el conocimiento de la investigación con independencia y autonomía”, dijo la Fiscalía en su comunicado a la prensa.

El recorrido de Gabriel Jaimes en la Fiscalía data desde 1994, su hoja de vida también muestra que fue docente en las facultades de derecho de dos casas de estudio, la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y la Universidad Cooperativa de Colombia.

Su recorrido por la Fiscalía incluye la participación en casos de competencia de actividades judiciales como corrupción administrativa, violaciones de derechos humanos en modalidades como desaparición forzada, secuestro, y reclutamiento de menores; y crímenes de grupos armados al margen de la ley y grupos de delincuencia organizada, tales como delitos contra la existencia y seguridad del Estado, concierto para delinquir, tráfico de drogas, y lavado de activos.

Jaimes ha transitado por distintas dependencias de la Fiscalía, entre las que se encuentra la Unidad Nacional Anticorrupción, la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión, la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado y la Dirección Especializada contra las organizaciones criminales.

Se desempeñó como Procurador delegado ante la Sala Penal de la CSJ donde ejerció funciones de Ministerio Público Penal en agencias especiales dentro de casos relacionadas con el conflicto armado. Su perfil también incluye la intervención en investigaciones y juicios contra aforados legales y constitucionales.

En el nivel directivo, coordinó las tareas de investigación en casos de violaciones de derechos humanos y corrupción administrativa desde la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. En su paso por la Procuraduría General de la Nación, Jaimes, fue cercano a Alejandro Ordoñez, el antiguo Procurador General.

De igual manera, dirigió a nivel nacional la intervención judicial penal a cargo de la Procuraduría General de la Nación en todo el territorio nacional, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la justicia transicional, a cargo de ochocientos procuradores judiciales y asistentes.

Jaimes aparentemente tendría la visa a los Estados Unidos revocada, por negarse a hacer público uno de los nombres de los presuntos responsables del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. La revocatoria vino tras las declaraciones de un capo del extinto Cartel del Norte del Valle, Rasguño.

Debido a que el caso de Uribe pasa de la CSJ a la Fiscalía habría un cambio de sistema legal pasando del régimen de la ley 600, al nuevo regido por la ley 906. Esto implicaría que el fiscal Jaimes tendría que decidir si continúa el caso desde donde lo llevaba la CSJ o le imputa nuevos cargos al expresidente Uribe. Un juez de garantías, según la ley 906, también tendría que decidir si se le mantiene la medida de aseguramiento o no a Álvaro Uribe.

El senador Iván Cepeda habría intentado frenar el nombramiento del fiscal delegado tras presentar una recusación contra el fiscal general, Francisco Barbosa,  argumentando que Barbosa “violó la ley” con el nombramiento de Jaimes, y demandó que el fiscal delgado fuera nombrado por la CSJ. La propia CSJ negó la recusación al senador y falló a favor de Barbosa, argumentando que le correspondía a él declararse impedido para nombrar un fiscal. Barbosa no se declaró impedido.

No contento con la respuesta de la corte, Iván Cepeda anunció que hará denuncias ante la alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del senador Uribe.

Además de estas acciones, el senador afirmó que presentará una denuncia ante la Procuraduría en contra de 16 congresistas del Centro Democrático que le habrían mandado dos derechos de petición a Cepeda cuestionándolo por información del proceso judicial en contra de Uribe.

 

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