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El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, junto a la bancada de su partido, el Centro Democrático, presentó una demanda en contra del Acto Legislativo para la paz, un mecanismo para modificar la Constitución Política de Colombia de tal forma que se facilite la inclusión de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC al ordenamiento jurídico del país.
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El Acto Legislativo fue aprobado en el Congreso de la República y desde ese momento la bancada uribista, representada por el Partido Centro Democrático, inició lo que ellos llamaron un «resistencia civil», que no es más que la oposición a los acuerdos entre el gobierno de Santos y las FARC a través de la recolección de firmas de ciudadanos que no estaban de acuerdo con lo negociado.
Ahora, en la demanda, son precisamente esas firmas el soporte que tiene el senador Uribe para mostrar la inconformidad con el acuerdo, que permite que el presidente pueda emitir decretos con fuerza de ley durante un tiempo después del plebiscito y le da el tratamiento de «acuerdo especial» a lo acordado entre las partes según las normas del protocolo de Ginebra, lo que le permite entrar al bloque de constitucionalidad y habilita un procedimiento para que las reformas relacionadas con el acuerdo necesiten menos debates en el Congreso colombiano.
Los argumentos de la demanda contra el Acto Legislativo
Para Uribe y su bancada el Acto Legislativo para la paz sustituye a la Constitución Política, se aprobó de forma viciada y pone en riesgo el orden institucional de Colombia, por lo que puede ser considerado como inconstitucional.
Sobre el primer argumento, en el que dice que sustituye la Constitución, la demanda asegura que afecta el principio de equilibro de poderes, ya que el Congreso sólo podrá aprobar lo que el gobierno autorice que esté relacionado con las negociaciones que culminaron el 24 de agosto en La Habana. Además, el hecho de reducir el trámite de reformas a la Constitución de forma más expedita (reduciendo el número de debates) debilita las instituciones normativas.
Otro argumento del uribismo para presentar la demanda es que con la aprobación del Acto Legislativo para la paz, el presidente tendrá un amplio poder para legislar, ya que podrá emitir decretos con fuerza de ley con respecto a lo que tenga que ver con temas de la negociación con las FARC.
Además aseguran que la Corte Constitucional tendrá menos facultades para hacer el control de constitucionalidad de las normas y otorga facultades presupuestales que no están definidas para financiar el plan de inversiones para la paz, limitando así la función de control presupuestal que es competencia del Congreso colombiano.
El último argumento, que es el que quizás ha causado mayor molestia en el uribismo, es el hecho de que se le otorgará al acuerdo el estatus de «acuerdo especial», es decir, le dará la posibilidad de entrar al bloque de constitucionalidad, por lo que la bancada del Centro Democrático considera que las FARC se convertirían en constituyentes.
El Acto Legislativo para la paz entró en vigencia desde el 30 de mayo, sin embargo sólo se podrá implementar una vez se refrenden los acuerdos a través del plebiscito para la paz, que son las elecciones que se realizarán el próximo 2 de octubre para que los colombianos digan si están o no de acuerdo con lo acordado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional.
Fuente: Revista Semana
