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El Estado colombiano deberá pagar prestaciones sociales y pensión, de manera retroactiva, a 106 madres comunitarias, es decir, madres que trabajaron cuidando niños a través de un programa del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) que vela por la protección de los menores. Así lo determinó un fallo de la Corte Constitucional tras una tutela interpuesta por el grupo de madres que serán beneficiadas.
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Sin embargo, el fallo ha generado polémica ya que la suma que deberá pagar el Estado colombiano es bastante alta y podría poner en riesgo las finanzas del país, ya que el costo total que deberá cubrir podría llegar a COP$ 6,1 billones (US$ 2’037.400) al año, pues la suma que recibiría cada madre ascendería a COP$ 17’000.000 (US$ 5.678).
Estas sumas podrían crecer ya que el hecho de que se falle a favor de estas madres comunitarias podría generar un antecedente para las demás tutelas que podrían venir por parte de más madres cabezas de hogar que quieran recibir el mismo beneficio otorgado de pensión y prestaciones sociales, lo que podría sumar cerca de 30 billones de pesos (US$ 10’020.000) para las 120.000 madres comunitarias que han pertenecido al programa desde que se creó.
La suma mencionada anteriormente corresponde a casi seis veces el presupuesto del ICBF, entidad que maneja la figura de las madres comunitarias, y equivale a casi tres veces de la suma total que el gobierno espera recaudar con la reforma tributaria que empezará a tramitarse en el Congreso en octubre de este año.
El abogado de las madres comunitarias, Juan Pablo Mantilla, aseguró a la Revista Semana en Colombia que «No se pueden violar los derechos fundamentales con el argumento de que no hay recursos, debido a que Colombia no atraviesa por su mejor momento financiero y la suma que deberá pagar es bastante alta». Sin embargo, aseguró que está dispuesto a establecer un plan de pagos sin ceder un solo peso.
El caso ha generado polémica por la dificultad de hacer el pago a las madres comunitarias. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), Bruce MacMaster, aseguró que la Corte Constitucional ha realizado varios fallos sin tener en cuenta la capacidad económica que hay para cumplirlos.
Incluso, hay quienes aseguran que en este caso el Estado colombiano podría acogerse a la Ley de Incidencia Fiscal, que dice que cuando el presupuesto de la nación se ve en peligro por una decisión judicial, ésta puede ser apelada bajo dicho argumento. Sin embargo, hay quienes sostienen que la norma no aplica para tutelas.
Fuente: Revista Semana
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