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La Corte Suprema de Justicia colombiana envió un documento al presidente Juan Manuel Santos en el que, a pesar de respaldar el modelo de justicia transicional propuesto en el acuerdo con las FARC, hizo algunas sugerencias para mejorar lo pactado en lo que tiene que ver con las penas alternativas que recibirán los subversivos además de la manera en que serán juzgados.
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Según dijo la Corte el documento era una forma de aportar para la modificación del acuerdo después de los resultados electorales del dos de octubre en el que el plebiscito, que preguntó a los colombianos si estaban de acuerdo o no con lo acordado con las FARC, fue votado el «No» mayoritariamente por los que asistieron a las urnas.
El cambio más significativo propuesto por la corte tiene que ver con el funcionamiento de la jurisdicción especial para la paz (JEP) propuesto en el acuerdo. Según el texto presentado por el Gobierno colombiano y las FARC, se crearía una corte independiente para este asunto, sin embargo, la Corte Suprema propuso que esta estuviera supeditada al sistema judicial del país.
Esto quiere decir que los jueces nombrados para la justicia transicional sean colombianos, que sean elegidos según los requisitos constitucionales y que estén sujetos al control disciplinario, fiscal y penal al igual que todos los magistrados de las cortes colombianas.
Sin embargo, la Corte ha manifestado su apoyo en términos generales a la justicia transicional en Colombia, sin embargo, otros organismos como la Fiscalía General de la Nación han expresado su preocupación por el limbo jurídico en el cual se encuentran los miembros de las FARC, ya que actualmente no se sabe sobre que jurisdicción serían juzgados si llegaran a cometer un delito en este momento mientras se desarrolla la renegociación de los acuerdos.
Fuente: Blu Radio
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