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Tras haber hecho una fuerte oposición al acuerdo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que entrega tres propuestas para mejorar el punto de justicia en lo pactado con el grupo subversivo tras cuatro años de negociación en La Habana.
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En meses pasados, Vivanco aseguró que la justicia transicional contemplada en el acuerdo generaba «una piñata de impunidad», razón por la cual decidió enviar sus propuestas para mejorar el acuerdo en este componente tras el rechazo por parte de los colombianos al acuerdo en general el pasado 2 de octubre en el plebiscito para la paz.
El director de Human Rights Watch hizo tres propuestas concretas. La primera de ellas consiste en que quienes confiesen sus delitos en el marco del conflicto, ya sean agentes del Estado o miembros de las FARC, deban cumplir la totalidad de sus penas en centros reclusorios y no como contempla el acuerdo en zonas de concentración.
El directivo asegura que esto debe ser así ya que según el Derecho Internacional, las penas deben ser proporcionales al delito cometido y esta sería la forma correcta para que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad paguen por lo que hicieron.
La segunda propuesta de Vivanco es que los altos mandos, tanto agentes del Estado como miembros de las FARC, sean investigados por las acciones de sus subalternos, ya que según dice, el Derecho Internacional contempla un concepto llamado «responsabilidad de mando» por conocer los delitos que se estarían cometiendo por parte de otros miembros que tienen a su cargo.
Finalmente, propuso que aquellos que estuvieran pagando sus penas tengan suspensión de sus derechos políticos. Esto quiere decir que mientras estén purgando sus delitos, quienes hayan cometido faltas en el marco del conflicto no puedan ocupar cargos públicos.
Sin embargo, Vivanco reconoce que la finalidad de la negociación es la participación política de las FARC, por lo cual cierra su propuesta diciendo que esos derechos políticos serán recobrados una vez hayan cumplido con las sanciones impuestas por el sistema de justicia que se adopte en este caso.
Fuente: Revista Semana
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