Contrario a como lo quiso hacer ver el Gobierno, en su momento, la Corte Penal Internacional (CPI) no le ha dado el visto bueno al acuerdo con las FARC en lo que tiene que ver con la justicia transicional que contempla la creación de una jurisdicción especial, rebajas de penas y proceso de amnistía e indulto para los delitos políticos y conexos de los miembros de esa guerrilla y agentes del Estado.
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La aclaración fue hecha por parte de la CPI por la interpretación que le dio el ejecutivo y los promotores de la campaña a favor del acuerdo a las declaraciones de la fiscal Fatou Bensouda quien celebró que se hubiese llegado a un acuerdo entre la guerrilla y el Gobierno, mas no la jurisdicción especial creada como tal.
La Fiscalía revisará cuidadosamente todo cambio posible en el texto del acuerdo firmado en 26 de septiembre de 2016, luego del resultado del plebiscito nacional, en la medida que resulte relevante para el examen preliminar, así como todo proyecto legislativo posterior relativo al establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas para los máximos responsables por los crímenes más graves. Dice el informe entregado por la CPI, reseña el diario El Colombiano.
Según reseña este mismo diario, el abogado Raúl Eduardo Sánchez aclaró que la CPI tiene como función revisar que lo planteado en el acuerdo en términos de justicia, cumpla con los estándares internacionales necesarios y con las normas de los tratados internacionales que Colombia ha firmado y ratificado.
En caso de que la CPI determine que la justicia transicional que se implemente en Colombia a través de la jurisdicción especial para la paz no cumple con los estándares internacionales, podrá iniciar una investigación a los responsables de crímenes de lesa humanidad para hacer justicia con estas personas.
Fuente: El Colombiano