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La Corte Constitucional aprobó, en medio de críticas, el mecanismo conocido como el «Fast Track», que da la posibilidad de que los congresistas puedan aprobar leyes relacionadas con el acuerdo Santos-FARC en tiempo record reduciendo sus debates a la mitad. Ocho de los nueve magistrados votaron a favor de aprobar el mecanismo y solo uno en contra.
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La polémica sobre el «Fast Track» surgió porque el Acto Legislativo para la Paz, en el que fue propuesto este mecanismo, decía que para ser aprobado necesitaba refrendación popular, hecho que dividió opiniones entre quienes interpretaron que era necesario un plebiscito como el del 2 de octubre, en el que los colombianos rechazaron lo pactado inicialmente con las FARC, y quienes consideraban que con la simple aprobación del Congreso bastaba para empezar a funcionar.
Finalmente, la Corte Constitucional falló a favor de quienes consideraban que con la simple refrendación del Congreso constituía una refrendación popular. Según dice el fallo el legislativo es un órgano idóneo de representación popular y aprobó, según ellos, el acuerdo Santos-FARC en un debate abierto y democrático.
La Corte consideró que, por lo anterior, el «Fast Track» no viola la constitución de 1991. Sin embargo, aseguró que sus magistrados podrán hacer control constitucional de todas las leyes que se aprueben bajo este mecanismo para ver si se ajustan o no a la Carta Política que rige al país.
Con la aprobación de este mecanismo se reduce a la mitad el número de debates para sacar leyes relacionadas con el acuerdo entre el Gobierno y las FARC, por lo que se espera que la ley de amnistía que ha exigido la guerrilla durante todo el proceso podría ser presentada pronto bajo ese mecanismo y aprobada en la mitad del tiempo que una ley que no tenga que ver con lo pactado en La Habana.
Además, con este fallo en el que la Corte considera la refrendación del Congreso como una refrendación popular, también se crea jurisprudencia para que el punto del acto legislativo que le otorga al presidente la posibilidad de emitir decretos con fuerza de ley, también entre en vigencia para temas relacionados con el acuerdo con las FARC.
Fuente: El Tiempo
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