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La senadora y precandidata presidencial por la Alianza Verde, Claudia López, lanzó una campaña para hacer una consulta popular para obligar al presidente Juan Manuel Santos a tomar medidas contra la corrupción, uno de los principales problemas que aquejan al país. Lo curioso es que lo hizo junto a un concejal cuestionado por un contratista de haber participado de uno de los desfalcos más grandes del país.
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La propuesta de López consiste en recoger firmas para convocar a una consulta popular, para ello necesitará cinco millones de firmas y los colombianos serán citados a las urnas. Posteriormente necesitará 11 millones de votos para que la propuesta sea aprobada y el Presidente y el Congreso se vean obligados a cumplir lo que en ese caso sería la voluntad del electorado. En caso de que el legislativo no apruebe las normas contra la corrupción el presidente podrá hacerlo por decreto.
Las normas que propone la senadora para que sean aprobadas son: que quienes sean electos popularmente solamente puedan estar en ese cargo durante tres periodos para evitar que permanezcan en sus cargos de forma vitalicia. Una vez sean nombrados, deberán presentar las declaraciones de bienes, patrimonio, renta, impuestos y conflictos de interés que puedan tener.
Para evitar «la mermelada», acto de corrupción que consiste en las transferencias del Gobierno para obras a cambio de favores políticos, López propone que se obligue a que el presupuesto de inversión de las alcaldías, gobernaciones y otras instancias, sea explicado y priorizado en las audiencias públicas con presencia ciudadana que vigile su ejecución.
Finalmente, López propone que aquellas personas que tengan contratos con el Estado y les sea comprobado algún caso de corrupción, les sea cancelado dicho beneficio y no puedan seguir adelante con él para evitar mayores desfalcos.
Sanguino y sus señalamientos
Una de las personas que acompañó a Claudia López en su lanzamiento de la campaña contra la corrupción fue el concejal Antonio Sanguino, también del Partido Verde, quien fue acusado por el excongresista Emilio Tapias de haber participado del «carrusel de la contratación», uno de los más grandes desfalcos que ha habido en Bogotá que se dio durante la adjudicación de contratos y prórrogas de la calle 26, que conduce al aeropuerto de la capital colombiana.
“Él tiene su responsabilidad, él estuvo involucrado en varios temas del Distrito […] No solamente en la administración de Samuel Moreno, sino también en la administración de Luis Eduardo Garzón” aseguró en esa ocasión Emilio Tapia en diciembre de 2013 según reseña Noticias RCN en su portal web.
Por otra parte Emilio Tapia obtuvo una rebaja de pena de 17 años a siete años y cinco meses en prisión por el famoso escándalo de corrupción
Fuente: El Espectador, Noticias RCN
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