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La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Oscar Augusto Sánchez Jaramillo, exsecretario de Educación de Bogotá, por presuntamente haber celebrado un contrato sin cumplir con los requisitos mínimos legales para hacerlo.
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Los hechos se dieron entre los años 2012 y 2013, cuando el alcalde era Gustavo Petro del movimiento Progresistas, ya que la entidad en cuestión realizó 133 convenios de asociación que costaron 355.616.735.650 pesos (USD $123.7 millones). De pesos convenios, quince fueron con la Caja de Vivienda Compensar por un valor de 303.464.381.144 pesos (USD 105.6 millones) equivalentes al 85 % de la inversión total, todo esto bajo el modelo de contratación directa, hecho que va en contra de la Ley 80 de 1993.
Según el comunicado de la Fiscalía estos contratos, donde se descubrieron las anomalías, tenían como objetivos “aunar esfuerzos institucionales, administrativos, financieros, técnicos, y logísticos que contribuyan al acceso y la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, a través de acciones alimentarias asociativas dirigidas a la población escolar de los colegios oficiales priorizados por la secretaria de educación distrital, cumpliendo los lineamientos técnicos y estándares establecidos y acordados, para la ejecución y el fortalecimiento del programa de alimentación escolar”.
De igual forma, el ente acusador presentó el 22 de noviembre de 2016, una acusación en contra de Gloria Mercedes Carrasco Ramírez, Nohora Patricia Buriticá Céspedes y María Cristina Valderrama Blanco, funcionarias distritales, por los mismos hechos que ahora tienen en apuros al entonces secretario de Educación del Distrito.
Los cargos en contra del exfuncionario de la alcaldía progresista, fueron imputados ante el Juez Sexto de control de garantías de Bogotá.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
