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Por estos días revivió un video del año 2016 en el que la Representante a la Cámara por Bogotá, Angélica Lozano, afirma enfáticamente que, en su momento, la campaña que promovía el No para el plebiscito del 02 de octubre del año pasado mentía al afirmar que el proceso de La Habana abriría la puerta para que los miembros de las FARC llegaran directamente al Congreso sin antes pagar sus penas alternativas. Esta idea, por supuesto, no era original de la Representante Lozano, en realidad venía respaldada por múltiples declaraciones en el mismo sentido de otros promotores del Sí y del propio Gobierno.
Tan solo unos meses después, el 09 de octubre del presente año, se aprobó en primer debate la totalidad de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En palabras de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, esta aprobación significa que efectivamente se abrió la puerta para que las FARC “mientras están cumpliendo estas sanciones puedan participar en política. La ley estatutaria no corrige esta situación, sino que la confirma”.
Dicho de otra forma, las FARC serán una nueva (otra) clase de políticos privilegiados que, con una acumulación inagotable de penas, sin siquiera ofrecer verdad, restitución o reparación, podrán ingresar directamente a las instituciones que literalmente le dictan a los colombianos cuáles son los comportamientos justos, lícitos y probos que deben seguir. ¿Acaso no es evidente que darle poder político y de decisión a unos criminales de lesa humanidad que ni siquiera han pasado por la justicia es, quizás, una pésima idea?
Con suficiente presión política puede que en próximos debates se modifique esta manifestación burda de impunidad, pero no deja de asombrar la intrepidez de algunos de lanzarse de cabeza a apoyar los acuerdos con mensajes categóricos y rotundos y que, tan solo unos meses después, suceda exactamente lo contrario.
Esta actitud recuerda un poco al cuento del flautista de Hamelin, pero en esta ocasión en lugar de hipnotizar niños encantó a los líderes que apoyaron los acuerdos, que muy festivos se fueron bailando al ritmo de la palabra ‘paz’ y al son del tintineo de los abultados presupuestos públicos del “posconflicto”. En medio de tanto júbilo y repetición del bello estribillo de la paz, invitaron a todos a unírseles sin tener mayor idea hacia dónde los llevaba el flautista.
Es indiscutible la irresponsabilidad de tantos líderes políticos que prometieron públicamente y con tanta firmeza un desenlace que, en el mejor de los casos, desconocían por completo y sobre el que no tenían un verdadero control.
A pesar de esto, muchos erróneamente aún reducen la indignación pública como si se tratara de otro quejido irrelevante del uribismo, sin percatarse que una masa de espectadores que no comulgan con el caudillo antioqueño, observan con gran preocupación cómo se miente, se manipula y se estiran las reglas hasta romperse porque “ya cerquita viene la paz”.
Los ejemplos son múltiples.
En cualquier otro país, el desconocimiento de los resultados de un plebiscito habría bastado para unir a los defensores de la democracia, sin importar su postura durante la consulta. En Colombia, sin embargo, solo sirvió para que aquellos que se jactaban de su vocación de demócratas se dieran cuenta que en realidad no lo eran tanto.
En cualquier otra circunstancia, que al comité de elección de unos magistrados —como en el caso del comité de escogencia de la JEP— llegue una farmaceuta que fue electa, en sus propias palabras, “por no ser abogada y por ser mujer”, provocaría una cascada de preguntas. Como mínimo, causaría que desde la academia y la prensa se cuestionaran los criterios para elegir magistrados de alguien sin formación alguna en derecho penal, derecho constitucional, derecho internacional humanitario o siquiera historia del conflicto. En Colombia, esto apenas generó suspicacia.
Igualmente, en cualquier otra situación, que los magistrados que integran a un tribunal ad hoc —en donde idealmente deben existir esfuerzos por la neutralidad— se tenga a un grupo de jueces con vínculos directos con el Gobierno y una fuerte y única carga ideológica, sin matices o contrapesos, debería, por lo menos, generar escepticismo general. En Colombia sirvió para que aquellos que de otra forma exigirían la mayor objetividad posible, notaran que lo que en realidad siempre han querido es un proceso que les confirme sus sesgos.
Por último, cualquier otra sociedad sufriría de indignación general al ver a los responsables de crímenes de lesa humanidad pasearse por cuanto escenario se les provea, para dar lecciones de justicia y humanidad. En Colombia solo sirvió para que algunos líderes de opinión intenten deliberadamente confundir a victimarios con víctimas y a la amnistía y al indulto, con la eliminación súbita del pasado.
Por esto se debe decir que el tamaño de los errores, las imprudencias y las improvisaciones frenéticas es imposible de ocultar, ya no del uribismo o de los antiguos promotores del No, sino de la totalidad del país. Sin darse cuenta, al pasar tanta irregularidad por alto y desestimar toda crítica legítima, los defensores a ultranza de los acuerdos de La Habana se están convirtiendo en los peores enemigos del proceso con las FARC.
Entretanto, el afán por conseguir una utopía a toda costa, aunque se desconozcan las mismísimas reglas que permiten la convivencia pacífica, solo traerá más tensión, más conflicto y la fuerte sensación que hasta a la democracia, la justicia, el Estado de derecho y la misma verdad pueden sacrificarse, siempre y cuando sea en nombre de los acuerdos con las FARC.
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