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Las restricciones que impone el gobierno de Evo Morales han hecho que Bolivia haya dejado de exportar US$ 2.000 millones aproximadamente durante los últimos ocho años.
De acuerdo con Oswaldo Barriga, gerente general de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), dicha situación ha causado la reducción de 260.000 empleos, lo que a su vez afecta en la motivación de la industria para el desarrollo de una mejor producción.
El gobierno boliviano implementó medidas para restringir exportaciones de productos básicos como el maíz, el azúcar y el aceite comestible con el supuesto fin de garantizar el abastecimiento de alimentos a precios «justos».
«Cuando se puede negociar a futuro se generan mejores oportunidades de precio, pero cuando las exportaciones están restringidas, la negociación se hace a un precio «spot», es decir que una vez el producto se encuentre en el puerto recién se da un precio real, mientras tanto no se puede comprar; además tiene una incidencia negativa en el ciclo comercial porque el exportador se queda con productos, entonces no se abastece y produce menos, compra menos insumos y la importación de bienes de capital se reduce; otro efecto es que al salir los permisos de exportación, es para todos y la demanda de transporte, aduana, almacenamiento, todo eso crea un efecto embudo o de saturación», informó.
El especialista detalló que la restricción de las exportaciones afecta negativamente la economía nacional.
Asimismo, mencionó que la mejor manera de mejorar esta situación es a través de la plena exportación y por ende, la suspensión de los controles de producción.
El gerente general de Cadex explicó: «Bolivia está pasando por un proceso de desaceleración económica productiva, los precios internacionales han caído, estamos con un efecto climático complicado, no se ha sembrado lo que tenía que sembrarse, no hay las condiciones de exportación y producción como deberían ser, todo eso en conjunto hace que el 2016 sea o pueda ser más complicado de lo que se había pensado».
Oswaldo Barriga asegura que para que el rol del Estado en el mercado sea positivo, se debe ser proactivo y facilitador y no fiscalizador y restrictivo.
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