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De acuerdo a una encuesta realizada por el diario O Estado de Sao Paulo, este año hubo al menos 96 delitos ligados a la política, convirtiéndose en el año más sangriento en la política brasileña desde 1979.
La muestra arrojó que tanto alcaldes, como secretarios municipales, candidatos y militantes fueron ejecutados por razones políticas, en lo que va de año.
Los datos se basan en registros de la policía, documentos de foros, procesamientos de quejas y casos en los tribunales de justicia.
Son 13 los asesinatos de precandidatos y candidatos a alcaldes o concejales en los últimos nueve meses, sin incluir la tragedia ocurrida en la ciudad de Goias Itumbiara el pasado miércoles en la que murió el candidato a la alcaldía del estado, José Gomes da Rocha, y herido el gobernador José Eliton y su guardaespaldas.
Los crímenes se centran principalmente en el estado de Río de Janeiro; sin embargo, hasta los candidatos a alcaldías de pequeñas ciudades del país temen por sus vidas y hacen campaña en autos blindados.
Inclusive decenas de políticos han admitido a medios locales haber recibido amenazas de muerte.
Gilmar Mendes, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), admitió hoy que en Río de Janeiro «la situación es más complicada por la presencia de las milicias y el narcotráfico».
Según el diario Globo, las milicias llegan a cobrar miles de dólares a los candidatos por dejarles desarrollar actividades electorales en sus zonas de control.
Desde la democratización, grupos de derechos humanos cobran los datos oficiales, esta vez el Tribunal Superior Electoral (TSE) presenta una serie de veinte asesinatos políticos en los últimos nueve meses, un avance en las revelaciones de Justicia, que ha sido siempre versiones genéricas y números aún más bajos.
Desde agosto de 1979 hasta ahora, 1.269 personas han muerto a causa de disputas por el poder político en el país. Este número es el resultado de la supervisión de los homicidios en la política hechas por el diario O Estado de S. Paulo hace tres años.
La Asociación Nacional de Intendentes y Vices de Brasil (ANPV) sugiere la creación de estructuras de seguridad oficial para intendentes, a ejemplo de lo que ya existe para los gobernadores y transferencia de viviendo para los jefes de ejecutivos municipales durante el mandato.
Fuente: Veja
